El representante José “Conny” Varela refirió este miércoles al Departamento de Justicia, las transacciones millonarias de inversión realizadas por la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) en The Phoenix Fund, actualmente en bancarrota.

En la carta dirigida a Lourdes L. Gómez Torres, secretaria de Justicia, Varela solicitó que se determine si existen bases suficientes para iniciar una investigación formal que permita esclarecer si se cometió algún delito o irregularidad administrativa en dos inversiones que la CFSE hizo en TPF y su subsidiaria, PUC Holdings. La inversión -consumada en dos acuerdos separados- totalizó $80 millones.

“Creo que ante la magnitud de este asunto, Justicia tiene que evaluar si esas transacciones fueron legales, si se cometió un delito y si la junta (de gobierno de la CFSE) tenía esa facultad o no”, dijo a El Nuevo Día, el legislador bajo el Partido Popular Democrático.

Este sería el segundo referido que recibiría Justicia sobre los elementos que mediaron en el proceso de aprobación de las dos inversiones. El primero fue hecho por la propia corporación tras culminar un proceso de auditoría interna, informó este martes, Enid Inalbis Ortiz Rodríguez, administradora de la CFSE.

“Ante la magnitud de los recursos involucrados, de sobre $80 millones, y la naturaleza fiduciaria de la función que ejerce la corporación, resulta indispensable garantizar que no haya mediado violación alguna de las leyes de Puerto Rico”, expresó Varela en su carta a Justicia.

Además, el legislador popular radicó la Resolución de la Cámara 630 para que se ordene a la Comisión de Gobierno de la Cámara baja realizar una investigación sobre ambas transacciones.

La semana pasada, el Fondo del Seguro del Estado demandó a TPF por la suma de $99.5 millones, que corresponden a la inversión total más los intereses acumulados. Ese mismo día, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) ordenó la liquidación de Phoenix Fund tras detectar serios incumplimientos regulatorios y una crítica situación financiera.

Sin embargo, este lunes, TPF se declaró en bancarrota bajo el Capítulo 11 ante el Tribunal de Quiebras federal para el Distrito de Puerto Rico. Al divulgar sus principales acreencias, que estimó en al menos $400.9 millones.

En la carta a Justicia, Varela advierte que el colapso “ha levantado serias interrogantes sobre la prudencia, legalidad y cumplimiento de los parámetros estatutarios y reglamentarios que rigen el manejo de fondos públicos por parte de la CFSE”.

El primer acuerdo entre la CFSE y TPF se firmó el 27 de diciembre de 2019, cuando concedió un “préstamo” -según la demanda de la corporación- por $40 millones a TPF. La firma de inversión privada, según el litigio incoado por la CFSE, cumplió con sus pagos hasta el tercer trimestre de 2023.

El 17 de mayo de 2021, la corporación pública firmó otro contrato por $40 millones con TPF, pero -esta vez- a favor de la subsidiaria PUC Holdings, que tampoco cumplió con los pagos.

En ese momento, Francisco Rivera Fernández, presidente de Phoenix, tenía un contrato como asesor de inversiones de la CFSE a través de su firma Pariter Wealth Mangement.