El banquero venezolano Juan Francisco Ramírez, expresidente de la junta directiva y copropietario de Nodus International Bank (Nodus Bank), una entidad bancaria internacional (EBI) que operaba en Puerto Rico, fue sentenciado a 62 meses de prisión y tres años de libertad supervisada, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).

En un comunicado de prensa, la agencia precisó que Ramírez, de 60 años y residente de Miami, Florida, presuntamente encabezó un esquema para obtener fraudulentamente más de $23.6 millones de Nodus Bank. Como parte de la sentencia, el DOJ indicó que el tribunal ordenó el decomiso de unos $13.6 millones, equivalentes al valor de las ganancias que obtuvo mediante la conspiración para cometer fraude electrónico.

La sentencia de Ramírez se suma a la del principal oficial ejecutivo (CEO) de Nodus Bank, Tomás Niembro Concha, quien también era el principal accionista de la entidad y fue condenado a más de 9 años de prisión.

Mientras, la EBI lleva más de tres años en proceso de liquidación ante la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), según un reportaje previo de El Nuevo Día.

“Este acusado (Ramírez) abusó de la confianza de los depositantes de su banco y, cuando la institución colapsó, personas inocentes perdieron sus ahorros”, expresó el fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia federal. “La División Penal no lo tolerará. Utilizaremos todos los recursos a nuestro alcance para proteger el sistema financiero de este país y a las personas honradas y trabajadoras que dependen de él”.

Asimismo, el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones, del Distrito Sur de Florida, afirmó que “a Ramírez se le confió la dirección de un banco. En cambio, lo saqueó”. “Desvió secretamente millones de dólares de los fondos de la institución para beneficiar a sus asociados y a sí mismo, lo que provocó pérdidas cercanas a los $24 millones y contribuyó al colapso del banco”, señaló.

“Fue sentenciado a 62 meses de prisión federal y se le ordenó decomisar más de $13 millones. Esta sentencia envía un mensaje claro: quienes abusen de posiciones de confianza para enriquecerse tendrán que rendir cuentas”, precisó Reding Quiñones sobre la condena que enfrenta el banquero, que fue dictada el 7 de octubre.

Igualmente, Charles Miller, agente especial interino a cargo de la oficina de campo de Investigación Criminal del Servicio de Rentas Internas (IRS-CI, en inglés) en Florida, manifestó que “los fraudes financieros pueden ser complejos, pero la ley es sencilla: haga negocios de manera honesta y proteja a sus depositantes, o tendrá que responder ante la justicia”.

“Los agentes especiales del IRS, junto con nuestros colaboradores, continuarán promoviendo la transparencia en los delitos financieros complejos y protegiendo la confianza en nuestro sistema bancario”, subrayó.

En septiembre de 2025, Ramírez se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, presentado mediante una acusación formal.

Según los documentos judiciales citados por las autoridades federales en el parte de prensa, Ramírez conspiró con otras personas para desviar fondos de Nodus Bank.

“Ramírez y uno de sus cómplices ocultaron a otros miembros de la junta directiva y ejecutivos del banco, así como a su organismo regulador -la OCIF-, que determinadas inversiones o préstamos estaban destinados a beneficiar a Ramírez y a su cómplice. Estas transacciones infringían las leyes de Puerto Rico y las políticas de Nodus Bank relacionadas con operaciones con personas vinculadas a la institución”, detalla el comunicado de prensa.

Entre 2017 y 2023, Ramírez presuntamente conspiró con otras personas para invertir más de $11 millones de los fondos de Nodus Bank en una entidad crediticia con sede en Miami, con el propósito de que esta prestara ese dinero a Ramírez y a su cómplice para beneficio personal.

“Ramírez y sus cómplices sabían que estas transacciones eran ilegales y tomaron medidas para ocultar su naturaleza prohibida mediante inversiones ficticias del banco en la entidad crediticia”, se agregó.

De acuerdo al DOJ, entre enero de 2018 y septiembre de 2021, Ramírez y un cómplice presuntamente indujeron fraudulentamente a la junta directiva y al contralor de Nodus Bank a aprobar o facilitar la compra de al menos 47 pagarés, por un total aproximado de $25.3 millones, a una compañía financiera con sede en Miami que ambos poseían conjuntamente. Los pagarés supuestamente financiaban préstamos a personas o empresas legítimas.

“Sin embargo, Ramírez y su cómplice utilizaron los fondos de esos préstamos para beneficio propio, incluso para realizar inversiones personales en compañías de terceros, pagar hipotecas personales y cubrir gastos de tarjetas de crédito”, se mencionó.

A principios de marzo de 2023, la OCIF notificó a Nodus Bank su intención de poner la institución en proceso de liquidación. Más adelante ese mes, el banco aceptó someterse voluntariamente a dicho proceso, indicó el DOJ.

El 28 de abril de 2023, conscientes de que la liquidación comenzaría en breve y sin autorización de la OCIF, Ramírez y su cómplice, según las autoridades federales, provocaron que Nodus Bank comprara una cartera de préstamos de aproximadamente $26 millones a la compañía financiera que ambos poseían en Miami. La mayoría de esos préstamos estaban en mora, no generaban pagos y carecían de garantías adecuadas, según el parte de prensa.

“Ramírez y su cómplice hicieron que Nodus Bank aceptara la cartera de préstamos como pago de la deuda que la compañía financiera mantenía con el banco por los 47 pagarés que este había comprado entre 2018 y 2021. La transacción benefició directamente a la compañía financiera, así como a Ramírez y a su cómplice, al liberarla de su deuda con el banco. Las acciones de Ramírez ocasionaron pérdidas de al menos $23,613,371 a Nodus Bank”, menciona, además, el comunicado.

La investigación estuvo a cargo de la División de Investigación Criminal del IRS, con el apoyo de la OCIF y de la Oficina Ejecutiva de Decomiso de Activos del Departamento del Tesoro.

El procesamiento del caso federal estuvo a cargo de Javier Urbina y Samir Paul, de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso de Activos de la División Penal, junto con el fiscal federal adjunto Felipe Plechac Díaz, del Distrito Sur de Florida.

Este procesamiento forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, en inglés), establecida mediante la Orden Ejecutiva 14159.