En octubre de 2019, el Departamento de Justicia federal confiscó $1.4 millones luego de comprobar que un matrimonio estableció una entidad financiera internacional (EFI) y a su vez, utilizó una cooperativa de ahorro y crédito en Puerto Rico como parte de un fraude en el que se hicieron transferencias millonarias de efectivo desde jurisdicciones de “alto riesgo” en Centro y Suramérica a cuentas bancarias en otras instituciones financieras en la isla, Carolina del Norte y Nueva Jersey.

En el 2020, se duplicó el número de confiscaciones de cargamentos de dinero en efectivo (BCS, en inglés) en Puerto Rico para luego transferirlos a Estados Unidos y se produjo un alza en el uso del Servicio Postal y servicios privados de mensajería y paquetes para enviar efectivo al continente.

En abril del año pasado, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) atrapó a tres hombres, quienes buscaban entrar a la isla unos $3 millones. Los hombres viajaban desde Islas Vírgenes estadounidenses (USVI) en una embarcación privada registrada en Puerto Rico y al percatarse de la presencia de las autoridades, lanzaron al mar tres de los cuatro bultos de viaje –uno de estos con geolocalizador- en los que transportaban el efectivo.

Además, en septiembre del año pasado, la Comisión de Bolsas y Valores (SEC, en inglés) acusó a LPL Financial LLC, la firma que utilizó Eugenio García Jiménez para defraudar al municipio de Mayagüez, ardid que este lunes también resultó en la declaración de culpabilidad de Roberto Mejill Tellado.

Estos relatos están contenidos en el tercer Análisis de Riesgo Nacional de Lavado de Dinero (NMLRA, en inglés), un reporte del Tesoro estadounidense que concluye que las EBI, EFI y las cooperativas de ahorro y crédito de Puerto Rico representan “una vulnerabilidad” para el sistema financiero estadounidense en lo que atañe a lavado de dinero.

El NMLRA busca identificar y analizar cómo las diversas modalidades de fraude, corrupción, el comercio de obras de arte u otras actividades fraudulentas pueden facilitar el blanqueo de capitales a través del sistema financiero, lo que podría representar riesgos materiales para la columna vertebral de la economía estadounidense.

No es la primera vez que se identifica a Puerto Rico como una zona propensa al lavado de dinero. Con relativa frecuencia, Puerto Rico aparece entre los ejemplos que ofrece el Negociado de Investigaciones Federales (FBI, en inglés) o el CBP en sus informes, o en aquellos reportes –bastante conocidos- de los grupos interagenciales creados para lidiar con el narcotráfico o informes estadísticos acerca de actividades sospechosas (SARs, en inglés).

Pero sí es la primera vez que el nombre de Puerto Rico aparece en este informe del Tesoro en el que también se detallan actividades de lavado de dinero a través de organizaciones dedicadas a ese fin en la República China, o mediante la compra de obras de arte de alto valor, entre muchos otros ardides.

Incluso, en el NMLRA se ofrecen detalles del aumento de estafas para sacar partido de los fondos federales para compensar los efectos de la pandemia del Covid-19 y los llamados “timos románticos” que, en los primeros seis meses del 2021, ya habían costado sobre $133 millones a una 1,800 víctimas, según datos del FBI.

Un flanco débil en las EBI, EFI y cooperativas

Sobre todo, es la primera vez que el Tesoro estadounidense lanza un dardo al marco regulatorio financiero de Puerto Rico, tanto al que aplica a las EBI y las EFI como a las cooperativas de ahorro y crédito y a la estrategia de atracción de entidades internacionales mediante un régimen de bajas tasas contributivas al punto de catalogarles como “una vulnerabilidad” en materia de lavado de dinero.

Las EBI y EFI -unas 80 en total- son reguladas por la OCIF y la Corporación para el Seguro y Supervisión de Cooperativas (Cossec) hace lo propio con las cooperativas de ahorro y crédito, que rondan 109 entidades.

Así las cosas, el informe del Tesoro parece tirar por tierra los planteamientos que la OCIF ha hecho por años en torno a la rigurosidad de la reglamentación de Puerto Rico a ese segmento del sector financiero.

Hasta finales 2021, las EBI y EFI custodiaban $52,571 millones, según la OCIF. Las cooperativas de ahorro y crédito, por su parte, custodiaban activos totales por $11,527 millones, según Cossec.

“Las EBI, EFI y las cooperativas (llamadas en conjunto como entidades financieras de Puerto Rico o PRFEs, en inglés), que son reguladas y autorizadas por autoridades territoriales, presentan vulnerabilidades al sistema financiero de Estados Unidos, con las EBI y EFI de particular preocupación por su modelo de negocios bancarios en el exterior”, reza el informe del Tesoro en el que se indica que si bien los ejemplos presentados son muestra de que el sistema cuenta con mecanismos de detección, se necesitan medidas adicionales.

El informe del Tesoro señala además que los requisitos de personal son tan bajos, en el caso de las EBI y las EFI, que estas entidades tienen “presencia mínima en Puerto Rico”, pues solo deben emplear cuatro personas residentes de la isla.

Las EBI registradas en la isla antes del 2012, no pagan contribución sobre ingresos en Puerto Rico, mientras las EFI están sujetas a una tasa de contributiva de 4% a través de la ley 273.

El informe del Tesoro hace una distinción entre las EBI y EFI y las cooperativas de ahorro y crédito. Ello, al señalar que las EBI y EFI solo pueden prestar servicios a clientes internacionales, pero acto seguido, el Tesoro también levanta una bandera acerca del marco regulatorio aplicable a las cooperativas de ahorro y crédito.

“Mientras, las cooperativas encaran vulnerabilidades similares de falta de recursos de supervisión territoriales y federales, estas sirven a residentes de Puerto Rico así como clientes del exterior”, subraya el informe.

“Ninguna otra entidad federal es responsable por su reglamentación en la medida en que estas entidades no están autorizadas a nivel federal y no requiere el seguro de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos”, subraya el documento al agregar que ello entorpece las labores que puedan ejercer agencias como la Red Nacional para la Prevención de Delitos Financieros (FinCEN, en inglés).

Según el informe del Tesoro, la crisis fiscal ha resultado en un golpe a la capacidad de supervisión de este tipo de entidades tanto en Puerto Rico como a nivel federal, y en el caso de la isla, eventos como el huracán María solo ayudaron a dislocar más las tareas regulatorias.

Desde el 2016, Puerto Rico opera bajo las directrices de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), organismo que en un intento por sanear las finanzas públicas impuso miles de millones de dólares en recortes presupuestarios que afectaron los recursos de la OCIF y Cossec.

“Dadas las severas restricciones de recursos que encaran los reguladores federales y locales, hay relativamente pocos examinadores y equipo de supervisión asignado para supervisar una cantidad considerable de PRFEs. Este ordenamiento puede hacer atractivas a estas entidades como vehículos de lavado de dinero, permitiendo que actores criminales abusen de estas para facilitar la actividad financiera ilícita”, subraya el documento de 68 páginas.

Desde el año pasado, en un intento por cerrar la laguna de falta de supervisión en materia de lavado de dinero a nivel federal, reza el informe, FinCEN ahora reglamenta las EBI, EFI y las cooperativas de ahorro. El Servicio de Rentas Internas (IRS) ahora también tiene jurisdicción sobre las EBI y EFI.