El Departamento de Justicia confirmó que investiga las inversiones que la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) hizo en el fondo de capital privado The Phoenix Fund (TPF) y su subsidiaria, PUC Holdings.

La secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, informó este miércoles que la investigación ausculta la “posible inacción de varios funcionarios públicos de la CFSE en activar los mecanismos de cobro”.

Ayer, martes, en entrevista con El Nuevo Día, Enid Inalbis Ortiz Rodríguez, administradora de la CFSE, reveló que refirió al ministerio público los hallazgos de una auditoría interna en torno a TPF.

La CFSE realizó dos préstamos de inversión, de $40 millones cada uno, a TPF y su subsidiaria, sujeto al pago de principal e intereses. Sin embargo, la corporación pública alega que el fondo de capital privado no cumplió con los acuerdos.

El primer acuerdo se firmó el 27 de diciembre de 2019, mientras que el segundo se finiquitó el 17 de mayo de 2021, cuando Francisco Rivera Fernández, presidente de Phoenix, tenía un contrato como asesor de inversiones de la CFSE a través de su firma Pariter Wealth Management.

La semana pasada, el Fondo del Seguro del Estado demandó a TPF por la suma de $99.5 millones, que corresponden a la inversión total más los intereses acumulados. Ese mismo día, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) ordenó la liquidación de Phoenix Fund tras detectar serios incumplimientos regulatorios y una crítica situación financiera.

Ortiz Rodríguez explicó a este diario que luego de asumir la administración de la CFSE, en febrero de 2025, la agencia recibió una confidencia que alertó sobre el incumplimiento de TPF a los acuerdos de pago, por lo que se radicó una querella ante la OCIF.

Acto seguido, la CFSE inició una auditoría interna, cuyos hallazgos fueron enviados a Justicia el pasado 23 de diciembre, según una carta en poder de El Nuevo Día.

A la par con la investigación de Justicia, la Oficina del Contralor de Puerto Rico mantiene activa investigación sobre las transacciones con TPF que está por culminar, informó, por su parte a este diario, la contralora Carmen Vega Fournier.

Además del referido de la corporación, este miércoles el representante José “Conny” Varela refirió también a Justicia las transacciones del gobierno con Phoenix.

“Creo que ante la magnitud de este asunto, Justicia tiene que evaluar si esas transacciones fueron legales, si se cometió un delito y si la junta (de gobierno de la CFSE) tenía esa facultad o no”, dijo Varela.

La investigación ante Justicia está a cargo de la dirección de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC), informó la secretaria de la agencia.

“Esta investigación inició luego de que la administradora de la corporación pública, Enid Inalbis Ortiz Rodríguez, hiciera un referido para investigación al Departamento de Justicia, el día 13 de enero de 2026. Ante esta investigación en curso, el referido hecho por el representante José Varela es uno académico”, comunicó Gómez Torres en declaraciones escritas.

Asimismo, el legislador popular radicó la Resolución de la Cámara 630 para que se ordene a la Comisión de Gobierno de la Cámara baja realizar una investigación sobre ambas transacciones.

Mientras se producen las pesquisas, TPF se declaró el pasado lunes en bancarrota bajo el Capítulo 11 ante el Tribunal de Quiebras federal para el Distrito de Puerto Rico. Al divulgar sus principales acreencias, que estimó en al menos $400.9 millones, que, de ser confirmadas, sería la segunda quiebra más cuantiosa de una empresa en la isla.

Phoenix Fund informó que su principal acreedor no asegurado es la CFSE con $99.5 millones.

La administradora de la corporación insistió en que la corporación agotará todos los recursos necesarios para recuperar el dinero y solicitará al tribunal federal que nombre un síndico para que liquide todos los activos de TPF y pague su deuda con el gobierno puertorriqueño.

“Nosotros estamos defendiendo el dinero de la corporación y del pueblo. Eso es bien importante que lo sepan. Una vez advenimos en conocimiento hemos sido responsables y hemos estado trabajando con ese asunto para recobrar el dinero a Phoenix Fund”, subrayó Ortiz Rodríguez.

En tanto, la administradora aseguró que la solvencia y la continuidad operacional de la corporación están garantizadas ante el riesgo de no poder cobrar la totalidad de la deuda.

El Nuevo Día intentó comunicarse con el presidente de Phoenix Fund, así como con su representante legal en el proceso de bancarrota, Alexis Fuentes-Hernández, pero, al cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Los hallazgos de El Nuevo Día, además de confirmar que el asesor de inversiones en la segunda transacción era el presidente de Phoenix, también han revelado que TPF ha estado involucrado directa e indirectamente en proyectos y acuerdos que incluyen al menos $170 millones en fondos públicos con créditos, incentivos e inversiones.

Las alegadas irregularidades relacionadas con Phoenix Fund fueron destapadas en junio de 2025, cuando la OCIF emitió una orden de cese y desista, nombró un síndico y emitió una multa contra el fondo de capital privado por supuestas y reiteradas violaciones a las leyes financieras de Puerto Rico.