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La Pontificia crea la primera clínica legal para ayudar a pacientes del plan Vital

El proyecto busca ofrecer orientación y ayudar a pacientes con servicios denegados y a comunidades que encaran problemas para recibir tratamiento o cuidado médico

26 de marzo de 2026 - 10:00 AM

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De izquierda a derecha, José Antonio Frontera Agenjo, presidente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico; Fernando Moreno Orama, decano de la Escuela de Derecho y Nylca J. Muñoz Sosa, directora del Proyecto Derecho, Justicia y Salud. (Suministrada)

Por Redacción El Nuevo Día

La Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico anunció la creación de la primera clínica legal dirigida a apoyar a pacientes o comunidades que encaran retos para acceder a servicios de salud.

La iniciativa se dio a conocer este miércoles, cuando José Antonio Frontera Agenjo, presidente de la institución, indicó que el Proyecto Derecho, Justicia y Salud estará a cargo de la abogada Nylca J. Muñoz Sosa.

Brindar asistencia legal gratuita en asuntos de salud constituye una manifestación necesaria de la misión de servicio a los más vulnerables y de defensa de sus derechos fundamentales”, afirmó Frontera Agenjo.

El proyecto es una respuesta a la creciente necesidad de capacitar a la población sobre sus derechos en materia de salud.

La clínica prestará servicios legales a beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno (PSG), conocido como el plan Vital; educará acerca de los derechos y recursos disponibles para pacientes y aspira a fomentar la colaboración comunitaria con entidades que atienden necesidades de salud.

Además, la clínica busca ofrecer un espacio de formación práctica para estudiantes, abogados y organizaciones sin fines de lucro.

“El tema de la salud ha estado ligado a la historia de nuestra universidad desde sus inicios. La diversidad de programas académicos y de servicios relacionados se ve fortalecida con la maestría en Derecho de Salud y esta nueva clínica en la Escuela de Derecho, manteniéndonos como pioneros en un ámbito fundamental para el bien de nuestra gente y nuestras comunidades”, añadió el académico.

Se informó que la clínica ofrecerá representación, asesoría y materiales educativos sobre derechos en salud, cobertura médica, accesibilidad de servicios y defensa frente a prácticas discriminatorias o denegaciones por parte de proveedores o aseguradoras.

La iniciativa integrará la experiencia académica y clínica de la Escuela de Derecho con el soporte técnico y las mejores prácticas internacionales aportadas por las organizaciones aliadas.

El decano de la Escuela, Fernando Moreno Orama, informó que la clínica cuenta con subvenciones de la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia y es la primera en Puerto Rico en establecer un acuerdo colaborativo con el National Health Law Program, logrando a su vez, el primer Health Law Partnership en Puerto Rico.

“A esto se suma la colaboración de organizaciones como Blood Cancer United, Institute for Health Disparities, Consejo Renal de Puerto Rico, Gogo Foundation, Hospicio La Guadalupe, Oasis de Esperanza, Respiro en Red, Sociedad Americana contra el Cáncer, Cuidadores de la Montaña, y la Escuela de Medicina Dental de la Ponce Health Sciences University”, dijo el decano Moreno.

Por su parte, Muñoz Sosa explicó que durante la fase de diseño y validación de la nueva clínica, “se atendieron 12 casos directos, se impartieron talleres educativos, se realizaron visitas a comunidades y se participó en ferias de salud, beneficiando a sobre un millar de personas.

Muñoz Sosa destacó que aunque cerca de 1.3 millones de personas en Puerto Rico están afiliadas al plan (Vital), según datos del gobierno publicados por el programa Medicaid, “las estadísticas muestran que solo una fracción recurre a la radicación de querellas o procedimientos legales cuando su acceso a servicios de salud se ve afectado”.

Los servicios de la clínica son gratuitos y quienes entiendan no han tenido acceso adecuado a través del plan Vital podrían tener algún remedio.

La clínica tendrá su sede en Ponce, pero también podrá asistir a perjudicados a través de los teléfonos (787) 484-4342 y 841-2000, extensiones 1829 y 1881, y al correo electrónico justiciaensalud@pucpr.edu.