“Ni sabía, ni participé en esos textos”: comisionada de la OCIF rechaza alegada conducta indebida con empresa

Mónica Rodríguez Villa rechazó que las acciones de la agencia respondan a motivaciones personales

11 de mayo de 2026 - 4:20 PM

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Mónica Rodríguez Villa, comisionada de Instituciones Financieras. (Suministrada)

Por Efraín Montalbán Ríos

Periodista de Negociosefrain.montalban@gfrmedia.com

La comisionada de Instituciones Financieras (OCIF), Mónica Rodríguez Villa, rechazó este lunes haber incurrido en una conducta indebida al intervenir y multar a Allied Fleet Services y AAA Car Rental.

Repudió, además, los supuestos mensajes que realizó la pasada comisionada Natalia Zequeira Díaz y que trascendieron hoy luego que el representante popular Domingo J. Torres García las refiriera al Departamento de Justicia por alegados actos de represalia, influencia indebida y posible abuso de poder.

“Ni sabía, ni participé en esos textos, ni aparezco mencionada en los textos que alegadamente reproduce la declaración jurada. De ser ciertos, el lenguaje contenido en dichos textos es reprochable, los repudio y no estoy de acuerdo con los mismos; pero lo cierto es que desconocía de su existencia; no conozco al querellante, ni participé de ninguna vendetta personal”, sostuvo la comisionada en declaraciones escritas.

Rodríguez Villa defendió la validez de la Querella y Orden para Mostrar Causa emitida el 31 de octubre de 2025 contra Allied Fleet Services y AAA Car Rental, al asegurar que ambas empresas incurrieron en un patrón prolongado de incumplimientos regulatorios relacionados con licencias, informes financieros y documentación requerida por la OCIF.

Según la querella, Allied estuvo autorizada como compañía de arrendamiento entre agosto de 2018 y diciembre de 2024, pero renovó tardíamente su licencia en múltiples ocasiones entre 2019 y 2024. Mientras, AAA operó como compañía de financiamiento desde junio de 2015 hasta diciembre de 2024 y también renovó tardíamente su licencia en varias ocasiones entre 2018 y 2024.

La OCIF alegó, además, que al momento de emitirse la querella, ambas compañías operaban sin licencia desde el 1 de enero de 2025 y que AAA también estaba operando sin licencia como compañía de financiamiento desde esa misma fecha.

Rodríguez Villa sostuvo que las empresas continuaron incurriendo en otras violaciones regulatorias, entre ellas incumplimientos relacionados con informes trimestrales y anuales, estados financieros auditados y otra documentación requerida por la agencia.

“Todas estas violaciones conllevan multas y penalidades claramente establecidas en los reglamentos aplicables. Esas multas no las determiné yo, ni mi predecesora, las determinó un oficial de OCIF conforme a lo establecido en los reglamentos”, afirmó la comisionada.

La funcionaria rechazó que las acciones de la agencia respondan a motivaciones personales.

“Sugerir, como ha hecho públicamente un oficial de la empresa, que las acciones de esta oficina responden a una vendetta personal de algún tipo por mi parte es absolutamente falso y deplorable”, expresó.

Rodríguez Villa destacó, además, que el pasado 1 de abril de 2026, la OCIF renovó las licencias de arrendamiento de ambas empresas luego de que entregaran la documentación requerida, por lo que actualmente están autorizadas a operar.

“Claramente, dicha acción por parte de esta oficina contradice cualquier noción de que las motivaciones de esta oficina sean personales”, añadió.

La comisionada reiteró que la OCIF continuará imponiendo las multas y penalidades correspondientes a las entidades que incumplan con las leyes y reglamentos aplicables en Puerto Rico.

Zequeira indicó a El Nuevo Día que, por el momento, no podía emitir comentarios públicos. Este medio también intentó obtener declaraciones de Rhamses Carazo, presidente de ambas empresas, sin éxito.

Según el representante, lo que motivó la intervención de la OCIF contra las empresas de arrendamiento y financiamiento de autos en Puerto Rico, Allied Fleet Services y AAA Car Rental, fue una supuesta represalia de Natalia Castiel, quien es la exnovia de Sebastián Carazo Forastieri, gerente general de las empresas, y que además sería amiga de Zequeira, excomisionada de la OCIF.

El referido surgió tras la obtención de una declaración jurada y evidencia electrónica que, según Torres García, apuntan a un presunto patrón en el que “el poder regulador del Estado pudo haber sido utilizado para castigar a una empresa privada por asuntos personales”.