Decenas de reportes de actividad sospechosa (SARs, en inglés) que no se remitieron al gobierno federal; errores y análisis imprecisos en los reportes de bancos y cuentas de clientes en el extranjero (FBARs, en inglés); ausencia de un programa adecuado para prevenir que se lavara dinero a través de estas; y la falta de un oficial de cumplimiento que tuviera autonomía para tomar las decisiones necesarias, son varias de las violaciones de ley que la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) halló en las operaciones de Bancrédito y pudieron ser la razón para que Julio M. Herrera Velutini se negara a firmar un Memorando de Entendimiento (MOU, en inglés) al punto de pagar sobornos para evitarlo.

Según el MOU firmado el 21 de diciembre de 2021, y al que El Nuevo Día tuvo acceso, OCIF condicionó las operaciones de Bancrédito en Puerto Rico a que la Entidad Bancaria Internacional (EBI) adoptara sobre una docena de medidas correctivas.

Entre otras cosas, el MOU que firmaron la OCIF y Bancrédito obligaba a los directivos de la EBI a ser parte activa de la operación de la entidad y requirió la presentación de un plan para dar cumplimiento a la normativa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés), adscrita al Tesoro estadounidense, así como a la Ley de Secretividad Bancaria.

Pero, a su vez, la OCIF requirió a Bancrédito identificar tres entidades especializadas en cumplimiento bancario para examinar miles de transacciones potencialmente relacionadas con lavado de dinero, así como las cuentas de Herrera Velutini, los directores de la EBI e incluso, de otras entidades relacionadas con Bancrédito, pero fuera de Puerto Rico.

“Las partes reconocen que suscribir este MOU y tomar las acciones de conformidad con este no constituye una admisión o rechazo de responsabilidad y/o violación”, reza el MOU entre las partes y que fue examinado por este diario.

Conspiración con La Fortaleza

Las potenciales violaciones de ley por parte de Bancrédito ocurrieron entre el 1 de octubre de 2016 y el 31 de marzo de 2019 y fueron detectadas en un examen que comenzó el 1 de junio de 2019 y que se extendió hasta entrado el 2020. Para el momento en que comenzó dicho examen, George Joyner era jefe de la OCIF.

Según el documento de 21 páginas, mientras la OCIF realizaba su examen, Bancrédito levantó diversos argumentos legales e imputó al regulador “conducta arbitraria y caprichosa”, “posibles conflictos de interés”, “hostigamiento” y “daños reputacionales”, entre otras.

“La OCIF mantiene su posición de que el proceso de examen se llevó a cabo de manera rutinaria, consistente con las normas y leyes aplicables”, reza el documento en el que se agrega que el regulador discrepaba profundamente con el regulado y discutió los hallazgos del examen con Bancrédito “a la saciedad”.

De acuerdo con el documento y a juzgar por la acusación federal en su contra, Herrera Velutini se vio forzado a pactar con la OCIF, unos cuatro meses después de que pagó unos $50,000 al comité de acción política que habría creado el contador público Joseph “Joey” Fuentes (SuperPac 2).

Según el pliego acusatorio, Herrera Velutini invirtió concretamente unos $400,000 en donativos como parte del supuesto patrón de sobornos. Dicha cifra, según un análisis de este diario, se sumaría a otros donativos hechos por Herrera Velutini desde el 2016 para insertarse en la política puertorriqueña. Concretamente, el banquero habría donado legítimamente otros $125,000, a través de Bancrédito Holding, a comités de acción política, para un total de unos $535,000.

Según la acusación federal, las autoridades federales utilizaron a Fuentes, y al SuperPac creado por este, como señuelo para confirmar el interés del banquero venezolano en intervenir en la OCIF, luego de que la exgobernadora Wanda Vázquez Garced no prevaleció en la primaria contra el gobernador Pedro Pierluisi.

Pero, a su vez, ambos documentos dejan a la luz que, en concierto con el “Individuo C” y luego de no prevalecer en sus objeciones con la OCIF, Herrera Velutini aprovechó la aspiración política de la exgobernadora para descarrilar el proceso contra Bancrédito.

Ello, porque de acuerdo con la acusación federal, Herrera Velutini comenzó sus esfuerzos para remover a Joyner del puesto y “pasar una aplanadora en la OCIF” el 15 de diciembre de 2019, seis meses después del inicio del examen a Bancrédito.

Y después de haber conseguido la salida de Joyner, cuando Vázquez Garced no prevaleció políticamente, entonces -a través del exdirector de Vivienda Pública, John Blakeman-, el banquero recabó a Fuentes detener el MOU que interesaba la OCIF a cambio del donativo al SuperPac en favor de Pierluisi.

Además, de lograr la salida de Joyner y frenar el MOU, Herrera Velutini interesaba que se despidiera a ciertos examinadores de la OCIF y que el nuevo regulador creara “una junta” para trabajar “una reforma de banca internacional”.

El 5 de marzo de 2020, cuando Joyner ya había presentado su carta de renuncia forzada, el “Individuo A” y el “Individuo B”, que se entienden son la subsecretaria de la Gobernación Lilliam Sánchez y la asistente de Vázquez Garced, Marisol Blasco, respectivamente, intercambiaron textos acerca de un nombramiento interino en la OCIF.

“Recuérdale a la secretaria de la Gobernación que (Joyner) necesita nombrar un comisionado interino hoy”, habría escrito Sánchez, según la acusación federal.

A ello, Blasco replicó: “(Joyner) no va a nombrar a nadie antes de que se vaya”, pues este le expresó que “él sabía por qué fue removido” de la jefatura de OCIF.