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El proyecto de ley contempla la creación de un fondo de liquidez de emergencia, que utilizará aproximadamente la mitad de los ingresos del asegurador Cossec. (GFR Media/Archivo)

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) da los toques finales al proyecto de ley que creará un comité interagencial para dirigir temporalmente la Corporación de Seguro y Supervisión de Cooperativas (Cossec), estructura que se alega servirá para analizar el marco regulatorio actual y evitar lo que podría ser el colapso de decenas de cooperativas como resultado de la renegociación de la deuda pública.

A pesar de que Cossec no encara problemas deficitarios, el proyecto de ley es una exigencia de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) al gobierno puertorriqueño. Ello, tras concluir que la estructura regulatoria cooperativa ya no responde a la magnitud y complejidad que ha alcanzado ese sector, explicó el director ejecutivo de la AAFAF, Gerardo Portela Franco.

A marzo pasado, según la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), las cooperativas de ahorro y crédito tenían casi el 14% de los activos totales de las instituciones depositarias de Puerto Rico, entendiéndose por ello bancos comerciales, cooperativas y las uniones de crédito o cooperativas federales.

Según Portela Franco, el proyecto de ley -que sin radicarse en la Legislatura ya tiene el rechazo del movimiento cooperativo- debe redundar en un sector posiblemente más pequeño, pero más fortalecido para servir al millón de socios que posee.

“Al final de este proceso, Cossec va a continuar siendo una entidad independiente y vamos a tener un sistema con más capital y más eficiente para que pueda continuar jugando su papel en la economía”, dijo Portela Franco al agregar que el proyecto se radicará en los próximos días.

A preguntas de El Nuevo Día, Portela rechazó de plano que la administración de Ricardo Rosselló Nevares modifique la exención contributiva que disfruta el sector.

El cojín de una ley especial

De acuerdo con Portela Franco, y Alejandro Camporeale, funcionario de la AAFAF a cargo de la implementación del plan fiscal de Cossec, el regulador cooperativo y sus supervisados poseen recursos para encarar las pérdidas millonarias que se avecinan con los bonos de Puerto Rico.

Sin embargo, la fortaleza que muestra el sector en las pruebas de estrés financiero, en realidad, depende de que la Ley 220 -que dio un trato especial a los bonos del gobierno- continúe vigente.

“Queda claro que el sistema necesita la amortización de largo plazo para sobrellevar las pérdidas que va a tener que enfrentar por el tema de la deuda... no puede eliminarse la estructura contable que se les dio por la Ley 220”, admitió Camporeale.

Portela Franco y Camporeale declinaron indicar cuántas de las 116 cooperativas examinadas aprobaron las pruebas de estrés financiero con todo y la vigencia de la Ley 220.

Lo que sí dijeron los funcionarios es que no hay tiempo que perder para auxiliar a las cooperativas que encaran retos financieros y a ello responde el comité interagencial queestará integrado por la AAFAF, la Comisión de Desarrollo Cooperativo y la OCIF.

En promedio, las cooperativas prestaron al gobierno 65 centavos de cada dólar de los socios separados en la cartera de inversiones. En total, el sector compró unos $1,300 millones en bonos. De esa cifra, las cooperativas se exponen a perder la mitad, según el plan fiscal.

De acuerdo con Portela Franco y Camporeale, el sector -que no paga contribuciones- invirtió sumas millonarias en los bonos del gobierno, cuyos réditos también son exentos de contribuciones.

El sector alega que fue forzado a comprar bonos del gobierno por la administración del exgobernador Luis Fortuño.

De acuerdo con Camporeale, para la JSF, el proceso decisional que colocó al sector en precario deja a la luz que el marco institucional necesita revisarse mientras se adoptan mecanismos correctivos de corto plazo.

“Hay que mitigar la posibilidad de que esta situación ocurra de nuevo”, dijo Camporeale.

Un fondo de emergencia

Entre los mecanismos correctivos, sin embargo, figuran alternativas que el sector cooperativo objeta. Entre estos, la venta de activos a entidades no cooperativas, la emisión de acciones preferidas, cosa ya permitida en ley, y la consolidación de cooperativas, lo que el sector se muestra renuente a adoptar.

De acuerdo con Camporeale, el proceso de consolidación que sea necesario tomará en consideración la idiosincrasia del sector, habida cuenta el rol que juegan las cooperativas en las economías de los pueblos. Pero al mismo tiempo, el funcionario recordó que Puerto Rico ha cambiado significativamente y en ese sentido, la viabilidad de las cooperativas no está exenta de la reducción poblacional, la pérdida de ingresos de las personas o la baja en el empleo que afecta a los demás sectores de la economía.

Para viabilizar esos ajustes, dijo el funcionario, el proyecto de ley contempla la creación de un fondo de liquidez de emergencia, que se ha identificado como Coop-SELF.

El fondo utilizará aproximadamente la mitad de los ingresos del asegurador, que se combinarán con una inyección del Banco Cooperativo y que se distribuirá a las cooperativas que lo necesiten siguiendo parámetros específicos de evaluación y cumplimiento.


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