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(GFR Media)

Cuando la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) completó la reestructuración de la deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) el jueves pasado, cerró en definitiva la caja que trajo consigo buena parte de los males fiscales de Puerto Rico.

Al menos, eso es lo que creerá quien haya leído el reporte del investigador especial de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) acerca de la deuda pública de Puerto Rico y las razones para el colapso financiero de su gobierno.

De acuerdo con el informe del investigador Kobre & Kim, que costó al menos unos $7 millones en dinero de los contribuyentes, pero cuyas recomendaciones no han sido parte de la formulación de política pública en materia financiera de la isla, las posturas asumidas por el BGF y sus oficiales, a lo largo del tiempo, contribuyeron a una cultura de incumplimiento de parte del gobierno y sus distintas instrumentalidades públicas.

Según el análisis de Kobre & Kim, a pesar de que el BGF contó con funcionarios conocedores de temas financieros, a menudo, estos quedaron privados de implementar las medidas adecuadas para asegurar la continuidad del banco y evitar la práctica de cubrir con deuda los déficits presupuestarios o la falta de liquidez en corporaciones públicas como la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Carreteras y Transportación.

La debilidad del BGF

Asimismo, los investigadores concluyeron que si bien desde el año 2001, el BGF tenía facultades en ley para exigir a las agencias y corporaciones públicas cumplir con parámetros de buena gestión y rendir cuentas de cómo utilizaban el dinero que tomaban prestado en el mercado municipal, en la práctica, el BGF no tenía los recursos para fiscalizar tales entidades.

“No encontramos evidencia significativa de que el BGF tuviera un proceso efectivo para supervisar aspectos importantes de la salud fiscal (de las entidades relacionadas con el gobierno), o para imponer responsabilidades por el repago de su deuda”, reza el informe de Kobre & Kim.

“No encontramos evidencia de que el BGF, en su capacidad como agente fiscal, buscara subsiguientemente verificar qué las entidades relacionadas con el gobierno hacían realmente con los fondos de esos préstamos después de que los recibían”, reza el documento.

Según Kobre & Kim, a partir del año 2009, bajo la administración de Luis G. Fortuño, el BGF suscribió varios acuerdos de fiscalización (FOA, en inglés) -que ahora resultarían similares a los planes fiscales que la JSF pide al gobierno- con agencias como la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). El objetivo de tales acuerdos era dar visibilidad al BGF sobre las movidas financieras y presupuestarias de las corporaciones públicas. 

Sin embargo, en la práctica, los FOA suscritos por el BGF que le daban poder para monitorear déficits y que debieron dar acceso pleno a los sistemas financieros de agencias y corporaciones públicas solo quedaron “en papel”, dice el informe.

La pobre gestión fiscalizadora del BGF se juntó con “la falta de voluntad política” para aumentar tarifas o adoptar medidas de disciplina presupuestaria y ello, se compensó tomando dinero prestado a los bonistas, según los investigadores. 

El reciclaje de deuda

Así las cosas, entre los años 2005 al 2014, la institución financiera que en la segunda mitad del siglo 20 impulsó la economía de Puerto Rico, “desde la dificultad hasta las estrellas” (como leía el lema en latín del BGF), se convirtió en un vehículo para dar liquidez a todo un gobierno, sea otorgando préstamos sin el rigor necesario o refinanciando deudas, lo que en el mundo financiero se conoce como “reciclaje de deuda”. 

“Cuando un gobierno recicla su deuda en lugar de pagarla cuando vence, el gobierno en esencia ha extendido el vencimiento de la deuda original. Esto facilita que los problemas presupuestarios estructurales persistan y se pospongan. El reciclaje de deuda también tiene costos transaccionales, por cada nueva emisión de bonos requiere el pago de servicios de suscripción (de deuda) y profesionales. También añade gastos de interés al emisor de deuda”, sostuvo Kobre & Kim.

Así las cosas, entre los años 2005 y 2014, 42 centavos de cada dólar que Puerto Rico tomó prestado fue para refinanciar bonos. Otros 26 centavos fueron para pagar líneas de crédito con el BGF o similares, mientras la diferencia, es decir, unos 30 centavos fueron a proyectos capitales y gastos operacionales. En síntesis, según el informe, de casi $74,000 millones en deuda, unos $32,545 millones fueron a reciclaje de deuda.

La política y el amiguismo

Y los oficiales del BGF ayudaron a estructurar toda esa deuda, según el informe de Kobre & Kim, sin seguir procesos formales para contratar los abogados que les asesoraban y contratando a bancos de inversión, no necesariamente por los méritos de las instituciones sino por las relaciones que los oficiales mantenía con ciertos banqueros de inversión.

 Aunque Kobre & Kim no encontró evidencia de que los oficiales del BGF obraran de manera incorrecta en la estructuración de deuda, lo indisputable dice el informe, es que el BGF proveyó al gobierno una salida a su falta de rigor administrativo.

Esto, al permitir que por influencia política se financiaran déficit presupuestarios en lugar de exigir “medidas de responsabilidad fiscal que habrían molestado a los votantes” como aumentar peajes, arbitrios o las tarifas de agua y electricidad.

En ese sentido, si bien la reestructuración de la deuda del BGF supone el fin de la institución financiera, la puja entre la JSF y la administración de Ricardo Rosselló Nevares por la implementación de medidas antipáticas como aumentos tarifarios o la suspensión del bono de Navidad, apunta a que el principal mal que condujo a la bancarrota del BGF y de Puerto Rico continúa fuera de la mítica caja de Pandora.


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