Aurelio Arroyo, presidente de la Cooperativa Jesús Obrero. (horizontal-x3)
Aurelio Arroyo, presidente de la Cooperativa Jesús Obrero. (Archivo / GFR Media)

Dos presidentes de cooperativas aseguraron ayer que ese sector se encuentra sólido y listo para continuar encarando la crisis económica y fiscal de Puerto Rico al tiempo que destacaron que su regulador, la Corporación de Seguro y Supervisión de Cooperativas (Cossec), tiene la capacidad para lidiar con aquellas instituciones que encaran problemas a raíz del impago de la deuda pública.

Según el presidente de la Cooperativa Jesús Obrero, Aurelio Arroyo, y su homólogo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Arecibo (CoopACA), William Méndez Pagán, el sector cooperativo continúa siendo la primera alternativa para casi un millón de socios y ninguno “ha perdido dinero por tener sus ahorros” en las cooperativas de Puerto Rico.

“En el pasado lo dije y lo voy a continuar repitiendo. Las cooperativas ocupan una posición fundamental para atender grandes sectores de la población. Más de 900,000 puertorriqueños forman parte de una cooperativa de ahorro y crédito y más de 1.1 millones están vinculadas, de una manera u otra, al movimiento cooperativo”, indicó Arroyo González.

El pasado viernes, y luego de casi siete meses de secretividad, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó con enmiendas el plan fiscal que le presentó la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) para Cossec y que busca atender la crisis que encara el sector a raíz del impago de la deuda del gobierno.

Al revelar el plan, la AAFAF aseguró que Cossec cuenta con recursos para lidiar con las cooperativas en problemas.

Sin embargo, para atender las cooperativas en problemas, el plan incluye crear un programa de rescate de unos $533 millones y cambiar la gobernanza del regulador. Para lograrlo, la AAFAF propuso un comité integrado por esa agencia, la Comisión de Desarrollo Cooperativo (CDCoop) y la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) para tomar control temporal del regulador, ejerciendo poderes por encima de la junta de directores de Cossec.

“El tema de los bonos de Puerto Rico es uno complejo, que debemos tratarlo con la seriedad que lo amerita y aunando esfuerzos con Cossec, AAFAF, la Junta de Control Fiscal y el sistema cooperativo en general”, dijo por su parte Méndez Pagán.

Méndez Pagán jugó un papel clave en gestar la Alianza Cooperativa, un grupo de cooperativas que renegoció junto a fondos de cobertura de riesgo y bonistas locales la deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF). El acuerdo de reestructuración de dicha deuda fue aprobado condicionalmente por la JSF y se encuentra en vías de llevarse a término.

Según el plan fiscal de Cossec —cuyos estimados de estrés financiero del sector tendrán que ser revisados siguiendo la metodología que el año pasado utilizó el Departamento del Tesoro federal y la Administración Nacional de Uniones de Crédito (NCUA, en inglés) en abril de 2017— los bonos del gobierno en manos de las cooperativas apenas valían la mitad del dinero que se le prestó al Gobierno.

En marzo pasado, El Nuevo Día reveló que Cossec separó reservas por unos $160 millones para hacer frente al efecto que tendría el impago de la deuda pública y a otros retos de negocio que encaren estas entidades. Si bien sobre 80 cooperativas de un total de 117 tienen bonos de Puerto Rico, 31 encaran situaciones de riesgo. De estas, unas 20 requerirían apoyo financiero o serían candidatas a una liquidación.

Fuentes de este diario aseguran que, si bien buena parte de las cooperativas ha tomado reservas para encarar posibles pérdidas con los bonos de la isla, ciertas cooperativas han experimentado la salida de depósitos. Aunque el sector posee estabilidad, estimados de Cossec revelados antes por El Nuevo Día, apuntan a que el sector podría encarar hasta $1,000 millones de presión en liquidez, debido a que estas entidades hacen depósitos entre sí.

El viernes pasado, la AAFAF reconoció a la JSF, que el sector ha experimentado una baja en depósitos de socios y que el año pasado, se produjo lo que en el argot técnico se conoce como “una corrida”. Pero se indicó que aún con proyecciones bastante severas, el regulador cooperativo tendría recursos para frente a los retos del sector.


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