Para el economista y presidente de la firma Estudios Técnicos, Graham Castillo, la vivienda en Puerto Rico atraviesa por un desfase que, por un lado, limita el acceso de los ciudadanos a un hogar propio y, por el otro, no viabiliza el desarrollo de proyectos nuevos.

Tras su participación en el Congreso de Vivienda, que organizó la Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR), el economista señaló que la inflación y el aumento en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal están impactando la capacidad de compra de los ciudadanos, al tiempo que el aumento en el costo de los materiales y la falta de mano de obra imposibilita la construcción de residencias nuevas, particularmente, con un costo por debajo de los $200,000.

“El costo de una vivienda segura y decente en Puerto Rico hace muy complejo que el ciudadano promedio pueda accederla”, aseveró Castillo en entrevista con El Nuevo Día.

“Desde la perspectiva del consumidor, hay un desfase entre su capacidad de compra y el costo de las viviendas, mientras que desde la perspectiva del desarrollador hay un desfase entre los precios de las viviendas, la capacidad de la gente pagar, los costos de construcción y lo que pueden producir”, agregó.

De acuerdo con datos de Estudios Técnicos, hasta diciembre de 2022, en Puerto Rico solo había 51 proyectos de vivienda en construcción, que sumaban 422 unidades en el inventario. La cifra representó una reducción de 32.7% respecto al primer semestre de ese año.

Considerando los datos de Estudios Técnicos y la necesidad estimada por desarrolladores de vivienda, el número de unidades de interés social en construcción apenas podría cubrir el 5% de la necesidad de residencias en este segmento.

Aunque reconoció que la reducción de la población de la isla provocó mayor disponibilidad propiedades, sostuvo que “esa no es la realidad de los lugares donde la gente está buscando vivienda”.

Con Castillo coincidió Rafael Rojo, presidente de la desarrolladora VRM Companies, quien aseveró que los compradores menores de 34 años “están buscando viviendas modernas y no las está encontrando, porque se está fabricando muy poco”.

“Algunas personas han querido hacer ver que, como en Puerto Rico ha bajado la población, porque hay cerca de 200,000 casas vacantes, no hace falta más vivienda. Pero, yo creo que es todo lo contrario. Puerto Rico lo que tiene es un exceso de vivienda que no es digna, que no es segura ni apetecible para el mercado. Osea, no es lo que la juventud quiere”, apuntó Rojo.

Estimó que, previo a 2007, en la isla se construían entre 10,000 a 15,000 unidades de vivienda anualmente, mientras que ahora el número apenas asciende a 1,500.

De hecho, Rojo indicó que en los últimos siete años, solo se han construido unas 3,000 unidades de interés social. Es decir, unidades de vivienda con un precio de venta en el reglón establecido por ley. En Puerto Rico, por ley, una vivienda de interés social tendría un precio de venta entre $121,000 y $137,000.

“Yo pienso que, como isla y sociedad, deberíamos estar haciendo un mínimo de 5,000 viviendas de interés social al año y unas 5,000 unidades de mercado, es decir, casas de 200,000 dólares hacia arriba”, consideró Rojo. En el interín, Rojo defendió que la industria esté enfocada en el desarrollo de vivienda para mercados más elevados, debido al alza de 35% en los costos de materiales de construcción.

“El sector va a producir donde es rentable producir, pero el hecho de que se estén produciendo casas de $300,000 o $400,000 no quiere decir que no estás liberando casas de $300,000, $200,000 y $100,000. Cuando tú tienes un problema con la vivienda es cuando la dejas de producir y el mercado está estático”, reclamó.

Reclamo a los legisladores

Según la arquitecta Vanessa de Mari, presidenta de la ACPR, el costo promedio de las unidades residenciales en construcción en Puerto Rico asciende a unos $400,000.

Para retomar los proyectos de interés social, sostuvo que la organización impulsa la aprobación del Proyecto de la Cámara 1470, que busca aumentar los topes de los costos de viviendas unifamiliares y multifamiliares, así como establecer un nuevo límite al precio de compraventa de las propiedades bajo los beneficios del Programa de Impulso a la Vivienda.

La medida fue derrotada en marzo en el Senado, pero De Mari sostuvo que la Cámara Alta dará paso a una reconsideración de la misma.

“Lo que los constructores estamos diciendo es que el precio de venta máximo debe ser de $210,000, pero el mercado lo va a determinar dependiendo del área. Como estamos ahora, los precios de venta están por encima de los costos de construcción y así nadie va a construir”, afirmó.

República Dominicana en el espejo

La arquitecta, entretanto, destacó que República Dominicana aventaja a Puerto Rico en el desarrollo de vivienda de interés social, debido a la actualización anual de los topes de precio de venta de unidades de interés social. En Puerto Rico, el precio de una vivienda de interés social no cambia desde 2010.

Carlos Bonilla Sánchez, ministro de Vivienda y Edificaciones de República Dominicana, participó en el Congreso y en un aparte con este diario precisó que, entre el sector privado y público de su país, está desarrollando entre 17,000 a 20,000 viviendas anuales.

La mayoría de las viviendas de bajo costo, sostuvo, son edificios monolíticos de hormigón armado que, a su juicio, permiten una construcción rápida y en masa.

Para atraer a inversionistas a este tipo de proyectos, sostuvo que la fórmula de éxito ha sido otorgar incentivos fiscales y generar confianza.

“Tenemos diferentes planes de vivienda que ayudan a los desarrolladores a que tengan algunos incentivos, como las viviendas de bajo costo, donde damos un bono al cliente de un 10% y las empresas que participan de un fideicomiso solo tienen que pagar un 10% del impuesto sobre la renta, versus el 27% que paga una empresa normal. Ese tipo de incentivos hace que la gente quiera incursionar en esos proyectos”, acotó Bonilla Sánchez.