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Rodeada del sector privado, constructores, comerciantes y desarrolladores, la gobernadora Jenniffer González Colón presentó un nuevo Código de Planificación y Permisos que pretende centralizar en una sola entidad todas las autorizaciones del Estado en materia de construcción y operación de negocios.
De igual manera el código busca modificar los procesos y deberes que ahora ejercen los municipios y agencias como la Junta de Planificación, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), entre otras.
Aunque la gobernadora presentó el proyecto como un mecanismo para simplificar el proceso, se trata de un documento de 819 páginas. Su expectativa es que sea aprobado por la Legislatura y puesto en vigor antes que termine el año.
La gobernadora afirmó que trabajó la medida de la mano de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), pero no precisó el costo exacto de implementar los cambios en el voluminoso proyecto.
González Colón presentó su propuesta luego de reunirse con los portavoces del sector privado y con varios de sus jefes de agencia en el Centro de Recepciones del Gobierno, el Antiguo Casino de Puerto Rico. La presentación se convocó dos días después de que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, radicara su propio proyecto para modificar el sistema de permisos de Puerto Rico.
“No hay incompatibilidad entre el proyecto de administración y el que presenté. ¡Se complementan y refuerzan!”, escribió Rivera Schatz en su página en la red social Facebook antes del anuncio de la mandataria.
“Ambos proyectos son importantes, positivos y necesarios. ¡Son absolutamente compatibles! ¡Los dos proyectos serán atendidos con prontitud y total responsabilidad en el Senado de Puerto Rico! ¡Nuestro récord de aprobación de medidas de administración habla por sí solo!”, agregó, en su escrito.
La gobernadora adelantó que se reunirá mañana jueves con la Conferencia Legislativa, es decir los representantes y senadores del Partido Nuevo Progresista (PNP), antes de reunirse con la Federación de Alcaldes. Ambos grupos –alcaldes y legisladores– estuvieron notablemente ausentes de la concurrida presentación.
“Ellos ni siquiera han visto el proyecto”, dijo la gobernadora cuando se le preguntó su expectativa sobre el trámite de la medida en la Asamblea Legislativa.
“Tengo convocada a la Conferencia Legislativa para discutir este proyecto, como lo he hecho hoy con el sector privado, lo mismo tendré el viernes en Guaynabo con los alcaldes federados y la semana que viene con otras organizaciones y grupos para que tengan conocimiento de un proyecto denso”, sostuvo González Colón.
“Es un trabajo de más de un año y medio y creo que la gente tiene que estudiarlo, verlo. Lo vamos a discutir. Esto es un asunto programático del PNP, está en la plataforma de gobierno y lo estamos ejecutando”, agregó.
Puntos clave de la medida
El proyecto, que busca crear el Código de Planificación y Permisos, pretende consolidar leyes y reglamentos que al presente guían el proceso de permisos.
Desde hace más de cinco años, Puerto Rico carece de un reglamento de permisos certero, luego de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico anulara en dos ocasiones el Reglamento Conjunto de Permisos por temas procesales.
Luego de la anulación del Reglamento Conjunto 2020, la Junta de Planificación optó por dejar el texto como la normativa vigente mediante un mecanismo de “emergencia”.
La propuesta de González Colón crea nuevas entidades para aprobar diversos permisos complejos y recurre a profesionales del sector privado para conceder permisos sin la intervención del gobierno.
También modifica la actual Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y la renomina como la Oficina Central de Permisos (OCP) y modifica las facultades del DRNA, ICP y el Departamento de Agricultura otorgando a estas más funciones de fiscalización, en vez de los procesos de otorgación de permisos o endosos en todas las solicitudes.
A manera de ejemplo, entre los cambios de funciones para el DRNA, indica que, cuando se le requiera, el secretario podrá asesorar y orientar a la nueva Oficina del Agrimensor del Estado, el DDEC y la OCP “en la ejecución de sus funciones y sobre asuntos que incidan en la política pública”.
Plazos de dos hasta 180 días
La medida, según el resumen presentado por la gobernadora, establece unos plazos mínimos para ciertos permisos.
Por ejemplo, un permiso ministerial que sea presentado por profesionales licenciados, debe entregarse en dos días, mientras que un permiso discrecional que incluya vistas públicas y una declaración de impacto ambiental, debe otorgarse en 180 días.
La propuesta de la mandataria amplía la cantidad de proyectos que se consideran “exentos” para cobijar proyectos que estén “dentro de la misma huella, de riesgo bajo o moderado, que no cambien el uso ni afecten la seguridad”.
Propone también crear un Permiso Único Automático para operaciones identificadas como “de bajo riesgo” cuando el solicitante sea un pequeño y mediano comerciante.
En cuanto a la intervención de los municipios, el Código propuesto dice específicamente que la nueva denominada Junta de Planificación y Urbanismo “retendrá la facultad de aprobar inicialmente los planes (de ordenamiento y uso de terrenos) y de revisar cualquier parte de los mismos”. Tocará entonces a los municipios autónomos expedir los permisos según las competencias que posean estos.
El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, dijo claramente que hay una disposición en la nueva legislación “para que los permisos que se queden atascados en los municipios por alguna razón, puedan ser elevados a nivel estatal para que tengan certeza los comerciantes”.
El propuesto Código de Planificación y Permisos se preparó, según González Colón, con el insumo del grupo de trabajo que creó a principios de su mandato para proponer cambios al sistema de permisos.
Un proceso ¿más simple?
El extenso documento contiene unas 202 definiciones y este enmienda múltiples estatutos, como las leyes que regulan los muelles, los cuerpos de agua, la remoción de corteza terrestre y los bosques en Puerto Rico mientras deroga otros. Crea nuevas entidades, aglutina labores de otras, cambia nombres y establece nuevos trámites en el proceso de permisos. La gobernadora insistió en que el nuevo marco institucional pretende simplificar el proceso de permisos que, por años, ha sido identificado como uno de los escollos para establecer negocios en el país.
“Esto deroga más de 40 estatutos, se revisaron más de 1,000 páginas de reglamentos, más de 43 estatutos, se consolida todo en una sola ley. Cuando se otorguen permisos, no hay que seguir 50 leyes, tendremos una oficina que va a ser la única agencia que emitirá permisos”, dijo. “¿Cómo se simplifica? No vas a tener 10 agencias en trámites separados. Será una sola plataforma para poder solicitar los permisos”.
Sobre su expectativa de cómo la Legislatura – y el presidente senatorial – recibirán el proyecto, la gobernadora dijo que “hay 19 proyectos de permisos radicados en la Asamblea Legislativa, entre Cámara y Senado. Este es el número 20”.
“Es el proyecto de administración 114, porque ya tiene número, que va a ser discutido y analizado en la Asamblea Legislativa, conjunto con los 19 proyectos adicionales. Hay proyectos que no son incompatibles. Es un proyecto de 819 páginas que tiene distintos elementos de permisos”, dijo al indicar que su medida no es incompatible con la presentada por el presidente senatorial.
Sin precisar el costo de la medida
Pese a lo ambicioso de la propuesta, el gobierno todavía no ha calculado el costo preciso que tendría implementar la medida, la cual supone nuevos puestos de trabajo, crear nuevas agencias y depender de una plataforma centralizada.
“No requiere eliminar plazas. Entendemos que serían entre 20 y 30 plazas nuevas dentro de la (OCP). Va a ser necesario crear plazas y estamos en etapas finales de evaluar cuántas y a qué escalas”, dijo Negrón Reichard.
Agregó que evalúan la posibilidad de aumentar los sueldos en la OCP para garantizar que el gobierno pueda reclutar personal.
Según el titular del DDEC, el gobierno todavía trabaja el impacto fiscal de la medida, pero afirmó que contarán con un número certero de lo que costará implementar los cambios propuestos.
“Un ejemplo que hemos dado es que entre 10% a 30% del costo de construcción se va en procesos de permisos. Cuando terminemos los reportes finales, también va a quedar claro el impacto en la economía”.
El DDEC informó que cuentan con un superávit de $5 millones que, con la autorización de la JSF, podrían mover nuevamente para absorber los costos que tenga implementar la reforma.
Cabildeará el sector privado
Al finalizar el evento, los representantes del sector privado firmaron un memorando de entendimiento con la gobernadora en el cual respaldaron lo propuesto y en llevar el mensaje a la Asamblea Legislativa.
Organizaciones como la Cámara de Comercio de Puerto Rico, el Centro Unido de Detallistas (CUD), la Asociación de Constructores y la Asociación de Contratistas Generales (AGC), capítulo de Puerto Rico, endosaron la medida.
“Nos comprometemos con la transformación del sistema de permisos y en representar la importancia del Código ante la Asamblea Legislativa”, dice el memorando firmado por las organizaciones. “Colaboraremos con el gobierno en los esfuerzos de implementación y defensa de este nuevo modelo”.
De aprobarse, el Código de Planificación y Permisos, en esencia, modificaría considerablemente la Ley 161 de 2009, conocida como la Ley para la Reforma de Procesos de Permisos, según enmendada.
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