La proyección del Centro Unido de Detallistas (CUD) es que 12,000 pequeñas y medianas empresas (PYMES) podrían cerrar sus puertas a causa de los elevados costos de energía.

El tema ya es evidente en redes sociales, donde varios comercios han mostrado a sus seguidores y clientes las elevadas facturas que les llegan a nombre de LUMA Energy.

De acuerdo con el CUD, el cierre de estas empresas representaría la pérdida de aproximadamente 70,000 empleos.

El tema fue eje de una actividad denominada Encuentro Multisectorial, en el cual la organización y otras como la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE), Colmena66, FIDECOOP y la Alianza Municipal de Servicios Integrados, además del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico (CCPAPR) discutieron opciones para atajar el problema.

“Estamos ante una situación de extrema urgencia. Nuestras estimaciones apuntan a que más de 12,000 pequeñas y medianas empresas podrían cerrar sus puertas y alrededor de 70,000 trabajadores podrían perder sus empleos. Detrás de cada negocio hay familias, empleados y comunidades que dependen de su continuidad. No podemos esperar a que esta situación se convierta en una crisis de cierres y desempleo para actuar”, advirtió Alan Taveras Sepúlveda, presidente del CUD.

La preocupación del sector empresarial coincide con un incremento en las radicaciones de quiebras en Puerto Rico. Según datos divulgados por el Boletín de Puerto Rico, durante septiembre se registraron 551 quiebras, un aumento de 5.8% en comparación con el mismo mes de 2025. De mantenerse la tendencia, Puerto Rico podría cerrar 2026 con aproximadamente 6,263 quiebras, su cifra anual más alta en siete años.

Durante el encuentro, las organizaciones participantes analizaron alternativas dirigidas a atender la situación energética, agrupadas en cuatro áreas principales: alivio económico inmediato, infraestructura y diversificación energética, transparencia y análisis de costos, y educación sobre eficiencia energética.

Entre las medidas presentadas se encuentran la eliminación de la crudita, la evaluación del uso temporal de reservas gubernamentales para reducir los costos de electricidad y la identificación de mecanismos de créditos e incentivos para las pymes mediante agencias y fondos disponibles.

En materia de infraestructura, se planteó evaluar la creación de capacidad adicional de almacenamiento de combustible, la renovación del contrato con AES y la diversificación de las fuentes de generación energética, incluyendo alternativas marítimas, energía nuclear modular y fuentes renovables.

Asimismo, se discutió el desarrollo de cooperativas energéticas mediante microrredes y la posibilidad de utilizar terrenos de vertederos para proyectos de generación bajo modelos cooperativos.

Las recomendaciones también incluyen promover mayor transparencia en los contratos de proyectos energéticos, realizar análisis específicos sobre la demanda y los costos de electricidad por sector económico y desarrollar iniciativas educativas para ayudar a las pymes a adoptar mejores prácticas de eficiencia energética.

“Esta crisis no distingue entre sectores. Afecta a restaurantes, comercios, empresas de servicios y negocios familiares que sostienen miles de empleos en Puerto Rico. Por eso, organizaciones con distintas perspectivas hemos unido esfuerzos para presentar alternativas y reclamar que se atienda esta situación con la urgencia que merece. No podemos seguir trasladando el peso de la crisis energética a los pequeños y medianos empresarios”, añadió Taveras Sepúlveda.

Las organizaciones participantes ya adelantan gestiones para coordinar reuniones con el liderato de la Asamblea Legislativa, la Junta de Supervisión Fiscal y la Fortaleza, con el propósito de presentar las soluciones propuestas y procurar acciones concretas que permitan reducir los costos energéticos y proteger la continuidad de los negocios locales.