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El CNE entiende que el acuerdo de reestructuración de la deuda de la AEE es perjudicial para los consumidores. (GFR Media)

Washington - A la dirección del Centro para una Nueva Economía (CNE) le parece incomprensible que se pueda apoyar un acuerdo para la reestructuración (RSA, en inglés) de las obligaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que amenaza con imponer tarifas más altas y propone el mismo ajuste en la deuda que otra transacción descartada en 2018.

“Después de 10 meses de negociaciones adicionales, terminamos con la misma reducción del principal y pagando un cargo de transición más alto”, indicó Sergio Marxuach, director de Política Pública del CNE, en un análisis sobre el RSA que respalda la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Para el 2044, el cargo de transición del más reciente RSA –también avalado hace unos días por el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares– habrá alcanzado los 4.552 centavos por kilovatio hora (c/kWh).

El RSA descartado en 2018 hubiese impuesto un cargo de transición de 4.348 c/kWh, según el CNE. “¿Cómo pueden estar a favor de este acuerdo los que se oponían el año pasado?”, cuestionó Marxuach.

El aumento de 4.552 c/kWh no incluye los cargos de “subsidio” –por el cual el RSA busca mitigar las deudas no cobradas a clientes del gobierno y privados de la AEE– ni el impacto del llamado “impuesto al sol” a los que invierten, por ejemplo, en paneles fotovoltaicos pero siguen conectados a la red eléctrica como plan de respaldo.

“Los consumidores que generan su propia electricidad estarán sujetos a un cargo de transición, a menos que estén completamente y de manera permanente desconectados del sistema eléctrico estatal. Según se está proponiendo, el cargo de transición esencialmente sería un impuesto regresivo sobre todos los consumidores. Además, desalentará a que los consumidores instalen sistemas de energía renovable”, afirmó Marxuach.

El RSA de 2019 es un pacto con el grupo organizado de la AEE (Ad Hoc-AEE) y la aseguradora municipal Assured Guaranty, por lo que no incluye las líneas que financiaron el combustible a la empresa pública, entre otros sectores.

Aunque expertos calculan que el RSA terminará imponiendo un aumento de 28% en las tarifas de la AEE una vez se implemente el plan de ajuste, el director ejecutivo de la empresa pública, José Ortiz, dice que cualquier incremento será mitigado por iniciativas como la conversión de unidades del sistema de combustible a gas natural y otros ahorros.

El primer aumento en las tarifas que permite el RSA, de un centavo el c/kWh será efectivo el próximo 1 de julio.

Al mismo tiempo que se incrementan las tarifas, el recorte de la deuda pública queda en el mismo porcentaje que el acuerdo previo: un recorte de 32.5% que puede bajar a 22.5% si mejoran las finanzas de la AEE, se indicó.

Marxuach exhortó a rechazar el acuerdo –que está ante la consideración de la jueza Laura Taylor Swain, quien preside el tribunal de bancarrota territorial creado por la ley Promesa– y recomendó al gobierno que impulse un retorno a la mesa de negociación.

“El RSA propuesto no es una buena transacción para Puerto Rico. Sus términos y condiciones son demasiado generosos para los acreedores; desalienta la transición a la generación renovable distribuida; no está claro si proporciona el alivio de la deuda necesario para mantener a la AEE como una empresa en marcha, mientras se evita otra reestructuración a corto o mediano plazo; y con toda probabilidad resultará en un aumento significativo de la tarifa para los contribuyentes puertorriqueños en las próximas décadas”, indicó Marxuach.

El CNE presentó su análisis en la víspera de un foro que tendrá lugar hoy en el Congreso sobre el futuro del sistema energético de Puerto Rico. El conversatorio es convocado por  el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (Ipse)y que incluye un mensaje de apertura del presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de EE.UU., el demócrata Raúl Grijalva (Arizona).

Hace unos días, Grijalva abogó también por que la jueza Swain rechace el RSA, pues considera que “sentenciará a los contribuyentes a décadas de pagos de deuda insostenibles y evitará que alcancen sus metas de energía más renovable y asequible”.

La congresista demócrata Nydia Velázquez (Nueva York) –otra integrante del Comité de Recursos Naturales– ha cuestionado también el acuerdo preliminar de reestructuración de la AEE.

En la conferencia de hoy, en un salón del edificio Rayburn de la Cámara de Representantes, participarán la directora de la oficina del CNE en Washington, Rosanna Torres, y el director ejecutivo del Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (Ipse) y representante de los clientes ante la Junta de Gobierno de la AEE, Tomás Torres Placa.

Otros ponentes serán expertos del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (Ieefa), el Instituto Rocky Mountain y las Cooperativas de Electricidad de EE.UU. (NRECA) y de la organización Re Imagina.


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