Nota de archivo: Este contenido fue publicado hace más de 90 días

Esa es la cantidad de propiedades que corren riesgo de ser subastadas. Dos puertorriqueñas comparten el duro proceso.

A Ide Valcárcel, una teniente retirada de la Policía Municipal de San Juan, le encantaba sentarse en las tardes en el pequeño balcón de su casa en la urbanización Cupey Gardens de San Juan, fumarse un cigarrillo en paz entre las flores y conversar con los que han sido sus vecinos por años.

Allí reflexionaba sobre la vida y se liberaba de las tensiones derivadas de su empleo ayudando a mantener el orden en una ciudad caótica como San Juan.

De un tiempo hacia acá, sentarse en el balcón de su casa dejó de ser placentero.

“Me da miedo sentarme en ese balcón porque yo no sé quién va a venir hoy. Aquí se pasa viniendo gente a tomar fotos y vídeos de la casa”, dice Ide, de 55 años y quien se retiró en el 2014, pero sigue trabajando en la Policía Municipal por contrato, como analista de imágenes.

La casa, pequeña y modesta, es el hogar de Ide desde 1969, cuando tenía siete años y se mudó, junto a sus abuelos maternos, él albañil y ella empleada de una lavandería. Sus abuelos compraron y mantuvieron la casa por años con incontables sacrificios.

En el 2004, con sus abuelos ya fallecidos, Ide compró la casa por $95,000 a su madre y sus tíos, a quienes correspondía por herencia. Cinco años después, en el 2009, empezaron los problemas.

Ide complementaba su ingreso con trabajos a tiempo parcial en seguridad y en contabilidad, en lo que tiene algún conocimiento. Estos trabajos desaparecieron a consecuencia de la crisis económica que hace más de 10 años se ensañó con Puerto Rico. Al mismo tiempo, su madre y su padrastro enfermaron, lo que la obligó a salirse de presupuesto para ayudarlos con los gastos.

“Con la Visa pagaba la Master Card, y la Master Card la pagaba con la Visa”, cuenta la mujer.

Comenzó a enfrentar dificultades para hacer el pago de $913 de su casa. Buscó ayuda en su banco, con el que entró en el proceso de mitigación de pérdidas, obligado por leyes federales para ayudar a las personas a conservar sus propiedades cuando dificultades económicas les impidan pagar lo adeudado.

El proceso, por razones que ella asegura que no comprende, no prosperó y hoy Ide es una de decenas de miles de personas que viven día a día con la indescriptible angustia de saber que en cualquier momento pueden ser sacadas por la fuerza de sus casas, que en el caso de ella es su única residencia y que, además, ha sido su hogar por toda su vida.

"Esto es bien traumático”

“Esto es bien traumático. Se pierde sueño, apetito, concentración. Se pierden deseos de seguir peleando. Uno entra en depresión”, dice Ide, quien vive con su compañera consensual, también policía municipal de San Juan.

Desde el 2008 hasta mayo de este año, 34,425 residencias han sido ejecutadas por bancos por falta de pago en Puerto Rico, según la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF). El 2015, con 4,459 y el 2016, con 5,424, establecieron récords históricos en ejecuciones de propiedades. La OCIF estima que en este año 5,681 familias perderán sus casas, estableciendo un nuevo récord por tercer año consecutivo.

En este momento, en los tribunales puertorriqueños hay 16,974 residencias referidas para ejecución. Además, los bancos locales reportan a la OCIF 16,996 propietarios con atrasos de más de 30 días en el pago; 7,142 que no han pagado por más de dos meses; 22,513 con atrasos de 90 días; 8,229 que no están pagando sus casas por estar en procesos de quiebra y 7,362 que ya pasaron de 90 días sin pagar, pero no han sido todavía referidos para ejecución.

Hay, por otro lado, 17,989 préstamos “non-accruals”, un término bancario para identificar hipotecas que se sabe que en cualquier momento caerán en impago. En total, hay en este momento 96,814 familias boricuas con problemas para pagar su techo.

“Si multiplicas eso a cuatro personas por casa, es espantoso”, dijo el abogado Ricardo Ramos, de la Clínica Legal de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Según la Asociación de Bancos, entre el 2010 y el 2016, 164,782 personas en problemas para pagar su casa negociaron nuevos términos mediante mitigación de pérdidas y, aunque lograron salvar sus hogares, la altísima cifra es otro indicativo del nivel crítico que ha alcanzado este problema.

La crisis de las ejecuciones hipotecarias viene creciendo como una bola de nieve hace unos cuantos años, alcanzó ya niveles insospechados y no mucha gente cree que vaya a amainar, sobre todo porque la economía no da señales de que vaya a avanzar pronto. Esto porque sigue galopando la emigración masiva y está en el horizonte inmediato la amenaza de que miles de empleados públicos pierdan el 20% de su salario con una reducción de jornada.

Viven este infierno miles de jefes y jefas de familia que pierden sueño y hambre cuando no pueden cumplir con los pagos y empiezan a llegarle primero las cartas de los bancos, después, las demandas y por último las órdenes de ejecución y de desahucio.

Deudores no se defienden

La Oficina de Administración de Tribunales (OAT) no puede corroborarlo con estadísticas, pero abogados dicen que entre el 85% y el 90% de los que son demandados ni siquiera se defienden.

“La gente ni abre las cartas. Se paralizan por miedo y el día que la abren es una sentencia de ejecución”, dijo Ramos.

Las perturbadoras cifras apuntan a una crisis económica y humana de proporciones descomunales, que no discrimina por clase social, pues las dificultades se dan en todos los niveles sociales.

Lo viven desde el obrero que con mucho sacrificio se hizo de su propio techo en un proyecto de bajo costo, hasta el profesional de clase media cuyos ingresos mermaron en el clima de precariedad que vive el país y el empresario cuyo negocio se desplomó bajo el peso de una economía que lleva más de 10 años en picada.

“Me estoy tratando con siquiatra. Tuve que hacerlo”, dijo Edwin Marrero, de 52 años, cuya empresa de construcción no sobrevivió la crisis y está a punto de perder su casa de $650,000 en Dorado.

La crisis en las ejecuciones hipotecarias es la versión individual del problema de falta de liquidez, alta deuda y estancamiento económico que vive Puerto Rico.

Y, al igual que pasa con el gobierno, la vulnerabilidad del país ha traído a la isla a especuladores y fondos buitres que han comprado a precios de quemazón las carteras de préstamos morosos de los bancos locales y andan detrás de ciudadanos individuales tratando de cobrar lo más posible.

Los bancos locales no están obligados a informar cuántos préstamos morosos han sido vendidos a inversionistas, ni por cuánto.

La cantidad de préstamos morosos con inversionistas extranjeros no está incluida en las cifras que compila la OCIF, a la que solo responden los seis bancos locales. Abogados que trabajan el tema dicen que se han vendido decenas de miles de préstamos morosos y al examinar los casos particulares de sus clientes encuentran que fueron traspasados por una fracción de lo adeudado.

“Los compran a 10, 20 y 30 centavos del dólar, de la deuda. Por ejemplo, yo debía $100,000 y el banco se lo vendió en $10,000 y el buitre viene donde el ciudadano a cobrar el 100%”, dijo Joseph Gierbolini, un abogado de deudores que, por tener procesos pendientes en la corte, no puede hablar de casos específicos.

La estrategia de los fondos buitres, al igual que con el gobierno, es comprar un volumen alto de préstamos en retraso, con la expectativa de recuperar la inversión cobrando todo, aunque sea a una parte de los deudores.

Zoimé Álvarez, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos, confirmó que los bancos locales limpiaron sus carteras de préstamos morosos vendiéndolas a inversionistas. Pero dice que fue una movida necesaria para que los bancos pudieran mantener sus índices de préstamos morosos en niveles aceptados por los reguladores y poder continuar otorgando nuevos préstamos.

El nivel de morosidad en préstamos hipotecarios estaba en 22% en el 2004. Este año está en 12%, según la OCIF. “Fue bien importante que esos inversionistas hayan venido. Ayudaron a los bancos”, dijo Álvarez.

Demandas en la federal

La entrada en escena de los inversionistas queda evidenciada también en un inusitado aumento en las demandas de ejecución radicadas en el Tribunal Federal. En el 2013 se presentaron en ese foro 43 demandas de ejecución. En el 2014 fueron 52.

La cifra se multiplicó exponencialmente en los años siguientes: 1,148 en el 2015 y 1,081 en el 2016. Hasta el 30 de abril, se habían presentado 180 este año.

Los inversionistas también pueden demandar en los tribunales de Puerto Rico y a menudo lo hacen. Pero parecen preferir el Tribunal Federal porque los procesos son más rápidos.

La mayoría de las demandas en el Tribunal Federal han sido radicadas por Roosevelt Cayman Asset Company, un fondo de inversiones con sede en Nueva York y que es representada en Puerto Rico por Rushmore Loan Management, que tiene oficinas en Hato Rey. También, están en Puerto Rico, entre otras, Bautista Cayman Asset Company, Select Portfolio Servicing y Ocwen Mortgage Servicing, que tiene sede en Islas Vírgenes y ha sido demandada en Estados Unidos bajo alegaciones de que comete cotidianamente errores procesales y ejecuta propiedades ilegalmente.

El 14 de julio, Bloomberg, un servicio noticioso especializado en noticias financieras, reportó que gigantes financieros como Goldman Sachs Group, Perella Weingerg Partners y TPG Capital están asociándose con fondos de riesgo para comprar préstamos hipotecarios y viviendas reposeídas en Puerto Rico a precios de quemazón.  La OCIF reporta que en este momento están autorizadas a operar en Puerto Rico unas 30 empresas extranjeras especializadas en el manejo de préstamos hipotecarios.

Más complicaciones

Para los seres de carne y hueso que están luchando por tratar de conservar sus propiedades en medio de esta vorágine de intereses, la entrada de los inversionistas ha supuesto una complicación adicional en un proceso que, desde el principio, sea quien sea que les está cobrando, es tremendamente angustioso. Al dejar de pagar su casa, entran en un proceso muy complejo, gobernado por múltiples regulaciones federales y estatales, de difícil manejo incluso para funcionarios de los bancos.

Los inversionistas lo complican todavía más, primero porque conducen todos sus asuntos en inglés, un idioma que no dominan muchos puertorriqueños y, segundo, por la ausencia de casi todo contacto humano entre deudor y acreedor.

“Si tienes un banco de aquí, vas a la sucursal y hablas con alguien y a lo mejor te coge pena y te da unas alternativas. Con los de afuera no estás hablando con nadie. Te dan un número de teléfono de una persona que lo que hace es leerte un libreto. Solo te dan un correo electrónico. No tienes ese contacto. Te sientes aún más desesperado”, dijo Félix Rivera, un abogado de la Oficina Legal de la Comunidad de la Universidad Interamericana, que se especializa en la defensa de deudores demandados en el Tribunal Federal.

“Yo sé de casos que llaman para decirle que hay fecha de subasta para su casa. Y no hay ni sentencia. No hay ni caso en el tribunal”, agregó Ramos.

Las transacciones ocurren sin que los que viven en las propiedades se enteren hasta que le llega una carta, en inglés, diciéndole que su préstamo, que para ellos es su casa, pasó de uno a otro.

"Aquí no hay humanidad”

Así le pasó a Ide Valcárcel.

Ide tiene incoado un pleito en el Tribunal Federal alegando que todo el proceso que los bancos han seguido en su contra es ilegal porque no se siguieron las regulaciones que protegen a los deudores. Pero, en este momento, a menos que la corte en su momento decida lo contrario, la casa no es ya suya. Ha sido vendida tres veces entre inversionistas.

Ide se entera por las cartas y cuando se acercan desconocidos a su casa a fotografiar, medir, tomar vídeos. “Por lo menos una vez a la semana venía alguien. Sentía impotencia”, dice.

El año pasado, fue desahuciada por la fuerza. Pero su abogado logró que le permitieran regresar a la casa porque su caso contra los acreedores no ha terminado.

Su deuda en este momento asciende a $158,000. Con su pensión del Municipio de San Juan, más los ingresos que obtiene como contratista del ayuntamiento, entiende que está en posición de asumir un pago de hipoteca menor que antes. Pero dice que no ha encontrado nadie que la escuche y trate de llegar a acuerdos.

“Esto es como un sistema digitalizado, computadorizado. Aquí no hay sentimentalismo, aquí no hay humanidad, no hay deja ver cómo ayudarte. Eso no existe. Esto es completamente monetario”, dice, impotente.   


💬Ver 0 comentarios