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El presidente de la JSF, José B. Carrión, hizo extensivo su pedido a los presidentes del Senado y la Cámara. (horizontal-x3)
El presidente de la JSF, José B. Carrión, hizo extensivo su pedido a los presidentes del Senado y la Cámara. (Archivo / GFR Media)

Mientras desde el Congreso estadounidense aumentan las críticas a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el organismo hizo lo mismo con la administración de Ricardo Rosselló Nevares al revelar que no recibe información “consistente y confiable” de las finanzas públicas de la isla y todavía espera por los planes de recortes aprobados en el plan fiscal y que son decisivos para saber si habrá una reducción en la jornada laboral o se suspenderá el bono de Navidad. 

Ayer, el presidente de la JSF, José B. Carrión, escribió a Rosselló Nevares para decirle que todavía esperan porque la administración defina qué son “servicios esenciales” a la luz de la ley federal PROMESA y para expresarle su preocupación, pues a su juicio, el discurso público parece “subestimar” la crítica posición en que se encuentra el gobierno y lo que eso significará para el resto del país.

“Ya no podemos permitir continuar como de costumbre”, dijo Carrión, al tiempo que le recordó a Rosselló Nevares que la JSF ha sido “flexible”, cediendo a los pedidos de extensión de fechas por tratarse de una nueva administración de gobierno.

“Debemos reiterar nuestras solicitudes previas urgiendo a la administración para que haga y comunique tan pronto como sea posible las determinaciones necesarias de política pública en lo que entiende constituyen servicios esenciales en el contexto de PROMESA”, dijo Carrión.

El pedido de Carrión al gobierno se hizo extensivo a los presidentes legislativos Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez, y surge a tres días de la fecha establecida por la JSF para que la Legislatura decida en qué se gastarán los fondos públicos. Esto, como parte de la aprobación del presupuesto para el año fiscal 2018.

Responde el Gobierno

De inmediato, el representante de Puerto Rico en la JSF, Elías Sánchez Sifonte, refutó los señalamientos de Carrión. Indicó que los asesores del gobierno se reúnen “casi a diario” con sus homólogos en la JSF y se ha discutido “al detalle” los planes de implementación del plan fiscal certificado.

“El gobierno de Puerto Rico entiende claramente la severidad de la situación fiscal en que nos encontramos”, dijo Sánchez Sifonte.

“En dichas reuniones también hemos estado demostrando los planes de implementación para asegurar proveer recursos para cubrir los servicios esenciales según requerido por PROMESA y conforme a nuestro plan fiscal certificado”, agregó.

El Nuevo Día pidió a La Fortaleza copia de los planes de implementación y en los cuales se explicaría cómo el gobierno recortará $851 millones a partir de julio próximo. Al cierre de esta edición, no había recibido respuesta. 

Según el calendario establecido por la JSF, tales planes debieron estar listos para el pasado 28 de abril.

 El pasado 8 de mayo, por razones que se desconocen, la JSF dio 14 días adicionalesal gobierno para modificar el presupuesto. 

El 31 de mayo, Rosselló Nevares presentó el presupuesto a la Legislatura sin que este tuviera la certificación de la JSF.

El organismo federal acabó certificando a medias el presupuesto dos días más tarde, advirtiendo que se harían cambios que todavía se desconocen.

Falta de transparencia

Por su parte, el senador estadolibrista Eduardo Bhatia arremetió contra la JSF y el gobierno de Rosselló Nevares por la situación.

“La carta que enviara (ayer) la JSF al gobernador llega mes y medio tarde. Puerto Rico atraviesa la peor crisis en su historia, el país fue declarado por Rosselló en quiebra y ya no aguanta la falta de transparencia del propio gobernador y de la JSF”, dijo Bhatia.

“Continuar ocultando información es condenar y dar la espalda a los más vulnerables”, agregó el senador.

Esta semana, Bhatia le propinó en corte un revés al gobierno, una vez la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain falló a favor de un recurso que busca se divulgue la información que dio base al presupuesto recomendado y se devuelva la disputa a los tribunales locales.

La carta de Carrión se produjo tres días después que La Fortaleza entregara al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) un informe de liquidez que reveló que al pasado 26 de mayo, la caja de Hacienda tenía un balance positivo de $1,418 millones y luego de que Sánchez Sifonte asegurara que no se implementará la reforma laboral, lo que reiteró ayer. Ello, porque según el abogado, el gobierno cumplirá con lo requerido por la JSF.

“Mejoras modestas en la liquidez no cambian la realidad fiscal de la isla. Bajo la presente ley, a partir de julio, Puerto Rico encarará un problema de flujo de efectivo que empeorará por la pérdida de fondos federales y el agotamiento de los activos de los fondos de pensiones”, dijo Carrión.

La jornada laboral 

En ese sentido, Carrión subrayó que la reducción de la jornada laboral no solo depende del dinero que haya en la caja de Hacienda. 

La JSF, cuando aprobó con condiciones el plan fiscal en marzo pasado, estableció la reducción de la jornada laboral a menos que se cumplan dos condiciones: una reserva de $200 millones en efectivo y el plan que detalle cómo se lograrán los recortes en las operaciones del gobierno y que ayer, la JSF dejó entrever no ha recibido.

Aunque el gobierno asegura reducirá el gasto operacional, para los bonistas, el presupuesto continúa con niveles de gastos similares o incluso, al alza porque no asigna dinero a la deuda pública.


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