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“Si no tienen la voluntad política para imponer las reducciones en pensiones que ellos mismos propusieron, eso no es una señal alentadora”, dijo Biggs. (horizontal-x3)
“Si no tienen la voluntad política para imponer las reducciones en pensiones que ellos mismos propusieron, eso no es una señal alentadora”, dijo Andrew Biggs. (Gerald López Cepero)

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se propone cambiar la forma en que se calculan las pensiones que se pagan en la actualidad, lo que podría reducir ese ingreso hasta en 25% y afectaría a tres de cada cuatro retirados del sector público en Puerto Rico.

En paralelo, los servidores públicos que todavía trabajan y que han cotizado a los sistemas de retiro con la expectativa de una jubilación digna, prácticamente están en cero y algunos tendrían que aportar a un nuevo plan. Esto, porque el dinero que, por años, el gobierno ha sacado de los cheques de sobre 64,000 empleados públicos cada quincena para enviarlo a la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR), en esencia, no existe.

Y, contrario a la impresión inicial de que la reforma de las pensiones entraría en vigor para el año 2019-20, los cambios que impulsa la JSF cobrarían vigencia —salvo que sean modificados— 90 días después de que la jueza Laura Taylor Swain apruebe el plan de ajuste de deudas de Puerto Rico como parte de los casos Título III de PROMESA.

El viernes pasado, en la novena reunión pública de la JSF, se anunció la reforma a las pensiones y se aprobó un recorte de 10% a la jornada laboral de los empleados públicos a partir del 1 de septiembre. Esto, porque, según la JSF, la administración de Ricardo Rosselló Nevares se quedó corta en cumplir lo estipulado en el Plan Fiscal para Puerto Rico (PFPR). En esa reunión, también se puso en sindicatura a la Corporación para el Seguro y Supervisión de Cooperativas (Cossec).

La semana pasada, Rosselló Nevares indicó que los jubilados tienen el 100% de su pensión asegurada, cosa que su representante ante la JSF, Christian Sobrino, reiteró durante la reunión de la JSF, efectuada en el hotel El Conquistador en Fajardo.

No obstante, el análisis efectuado por la JSF a la ASR, al plan de la Judicatura y al Sistema de Retiro para Maestros (SRM) apunta a otro choque entre el ente federal y el gobierno, en el que el futuro de casi 158,000 empleados públicos y sobre 168,000 jubilados está en juego.

Impacto abarcador

En enero pasado, cuando la JSF indicó que las pensiones debían ajustarse, se planteó que el 86% de los pensionados no se afectarían. También se dijo que los recortes se aplicarían a las pensiones mayores de $2,000.

Bajo la nueva propuesta, solo uno de cada cuatro pensionados no verá recortes; dos verían ajustes de entre 5% y 15% y un cuarto jubilado vería recortes entre 15% a 25% en los beneficios que recibe. El promedio de ajuste, según los datos provistos, rondará el 10%.

Para los pensionados que reciben Seguro Social, el ajuste se dará a las pensiones mayores de $600. En este caso, podría decirse que el recorte sería por partida doble, pues la pensión de ciertos jubilados del gobierno se ajusta, casi siempre a la baja, cuando reciben el Seguro Social o el cálculo de su pensión ya se ajustó considerando esa variable.

Si el jubilado no recibe Seguro Social,el ajuste se aplicará a las pensiones de $1,000 en adelante.

Las propuestas surgen tras un análisis efectuado para el ente federal por la firma Pension Trustee Advisors, a un costo de $96,500.

Tendencia atroz

“No solo estamos resolviendo el problema financiero de retiro, estamos resolviendo un problema político ante la tendencia atroz por parte del gobierno en la asignación de fondos a los planes de pensiones”, dijo el directivo de la JSF, Andrew G. Biggs, quien conversó con El Nuevo Día en exclusiva.

Biggs, un experto en pensiones y académico del American Enterprise Institute, dejó claro que todos los planes de pensiones en Estados Unidos encaran retos significativos de solvencia, pero indicó que en el caso de Puerto Rico, la situación es “terrible” porque se hicieron “promesas” que el gobierno nunca estuvo dispuesto a cumplir.

La reforma a las pensiones busca una estructura sostenible a futuro, algo que ordena la ley federal PROMESA, pero se trata de un ajuste que tendría repercusiones de largo plazo en una economía, donde casi la mitad de la población pulula en el umbral de la pobreza.

Al presente, según el análisis de la JSF, los jubilados gastan la mayor parte de su dinero a nivel local, y los beneficios de retiro que se pagan cada año rondan unos $2,500 millones.

Lo que está en la mesa

La propuesta de la JSF modifica las pensiones ya otorgadas bajo planes de beneficio definido y cambiaría las cuentas de ahorro actuales, consideradas como una anualidad, a planes de contribución definida.

Bajo un plan de beneficio definido, el trabajador recibe una pensión en función del salario, la edad y los años de servicio, independientemente de lo que el empleado aportó. En un plan de contribución definida, el trabajador recibirá una compensación partiendo exclusivamente de los ahorros y rendimientos que logró mientras aportó a dicho plan.

Recibirán su paga modificada, tanto los unos como los otros, del Fondo General bajo el sistema llamado “pay-as-you-go”. El dinero que, en lo sucesivo, aporten los empleados activos no llegará a las arcas del gobierno sino a una firma externa que manejará las cuentas de estos.

Ahorros que se esfumaron

De otra parte, la propuesta de la JSF asestará un golpe a los empleados públicos activos, en especial, a quienes cotizan bajo el llamado Sistema 2000, aprobado bajo la administración de Pedro Rosselló.

Aunque el Sistema 2000 se proyectó como un plan de contribución definida, donde se custodiarían e invertirían los ahorros para el retiro, lo que se creó según Biggs, fue cuenta “hipotética” en la que el gobierno acreditaría lo que sacaba del cheque del empleado público y ciertos intereses. Eso, nunca sucedió.

“Las cuentas que se crearon eran entradas de contabilidad como una forma para calcular los beneficios de las personas, pero el efectivo que los empleados aportaron nunca se depositó en esas cuentas. Ese dinero se mantuvo en un fondo central que se mezcló con el resto del dinero y eso se usó para pagar beneficios. Ahora, ese dinero casi se ha agotado”, dijo Biggs.

El Nuevo Día preguntó a Biggs a cuánto ascienden los ahorros de esos empleados y si ese dinero se transferirá a las nuevas cuentas que se creen.

Biggs no precisó la cifra, pero reconoció que ese dinero -que se pagaría desde el Fondo General- se ajustará como también se reducirá el pago a bonistas y suplidores.

“En todos estos casos, el gobierno hizo promesas a la gente, no asignó fondos y ahora no puede mantener esas promesas. Es una situación terrible porque es una traición a la confianza”.

El señalamiento de Biggs es fuerte porque en este caso, se trata de un incumplimiento con un grupo de empleados a quienes el gobierno les retuvo dinero de manera obligatoria para aportar a los sistemas de retiro.

“Esto es algo negativo para esos empleados, pero, en el otro lado, muchos de ellos solo han aportado por 17 años, por lo que sus beneficios se cortarían para que estén por encima de $1,000 al mes”, dijo Biggs al señalar que preliminarmente, el ajuste sería mucho menor de 10%.

Biggs explicó que, si bien las nuevas cuentas de retiro para los empleados activos se crearían bajo la legislación aprobada, el resto de los cambios tendrían que darse bajo el plan de ajuste que apruebe la jueza Swain.

Cobrar del Fondo General

Habida cuenta de que el gobierno no procuró la solvencia de los planes de retiro ni protegió los ahorros que los trabajadores le confiaron, El Nuevo Día preguntó a Biggs si, ahora, no se corre el riesgo de que no se paguen las pensiones desde el Fondo General.

Biggs reconoció que el asunto preocupa a sus homólogos en la JSF, pero dijo que todavía no se ha tomado una decisión.

El Nuevo Día también preguntó si la legislación en materia de retiro radicada por Rosselló Nevares es cónsona con el PFPR.

“El gobierno ha hecho muchos progresos en muchas áreas y han logrado mucho y, por ello, como ha dicho la directora ejecutiva Natalie Jaresko, debemos reconocerlo”, dijo Biggs.

“Ellos han dicho que tienen la voluntad política para tomar decisiones difíciles, pero, al día de hoy, no están dispuestos a implementar los recortes que propusieron en su propio Plan Fiscal. Si no tienen la voluntad política para imponer las reducciones en pensiones que ellos mismos propusieron, eso no es una señal alentadora”, indicó.


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