La magistrada federal Judith Gail Dein, a la izquierda, atenderá las argumentaciones orales sobre la pesquisa de la deuda  desde su sala judicial en la ciudad de Boston. (horizontal-x3)
La magistrada federal Judith Gail Dein, a la izquierda, atenderá las argumentaciones orales sobre la pesquisa de la deuda desde su sala judicial en la ciudad de Boston. (Archivo)

El Comité Oficial de Acreedores no Asegurados (UCC, por sus siglas en inglés) del gobierno tendrá su día en corte el próximo 22 de agosto, cuando la magistrada Judith Gail Dein atienda la solicitud de ese grupo para investigar la deuda de la isla.

Luego de que la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain le encomendara el asunto, Dein presidirá una audiencia para sopesar si es apropiado adoptar un proceso para investigar la deuda de la isla desde la sala que preside en la ciudad de Boston. 

A Dein también se le encomendó afinar los aspectos procesales para el inicio de la mediación entre los bonistas de Obligaciones Generales y de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

En principio, la moción del UCC debió discutirse en la audiencia general del pasado 9 de agosto. Empero, el UCC y las partes que objetan la propuesta decidieron posponer el asunto.

Según la orden de Dein, cualquiera de las partes que interese presentar argumentos orales tendrá que trasladarse a Boston y notificarlo a la corte en o antes del 18 de agosto.

El mes pasado, el representante legal del UCC, Luc A. Despins, de la firma Paul Hastings, presentó una moción solicitando que se habilite un proceso para investigar la deuda de la isla. A esos efectos, Despins solicitó a la corte que Popular Inc. y sus filiales, así como Santander y sus filiales en Puerto Rico provean los que podrían ser miles de documentos asociados con las emisiones de bonos que vendieron a nombre del Gobierno.

La moción del UCC incluye citar a deponer a ejecutivos de ambas instituciones que antes o después de trabajar para las entidades financieras trabajaron para el gobierno o sirvieron en la junta de directores del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

De inmediato, tanto Popular como Santander objetaron la moción, que según los documentos de la corte podría requerir documentación producida en un plazo de 11 años. Mientras Popular catalogó los señalamientos del UCC como un insulto, Santander alegó a la corte que el requerimiento de información era muy amplio. 

Por su parte, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se opusieron al pedido del UCC. En síntesis, el ente federal alegó que toca a la JSF investigar la deuda, en lo que coincidió la Aafaf.

Constituido el comité investigativo de la Junta

Dein atenderá el reclamo del UCC al tiempo que la JSF nombró un comité para investigar la deuda de la isla, de acuerdo a  lo establecido en la sección 104 (o) la ley federal PROMESA.

Según la resolución de la JSF, con fecha del 6 de agosto y tal como se indicó durante la reunión pública del organismo dos días antes, el comité estará integrado por Ana J. Matosantos, David Skeel, Arthur González y José B. Carrión.

El comité, a su vez, designaría un investigador para que comience a indagar acercade las prácticas que rodearon la emisión y venta de los bonos del Gobierno, según el protocolo adoptado por la JSF el pasado 26 de mayo.


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