El número de decretos otorgados a personas de alto caudal que se habrían mudado a Puerto Rico para no pagar impuestos a nivel continental y que han sido cancelados ha aumentado a 311, informó el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre.

De igual forma, el DDEC ha enviado al menos 264 avisos de multas administrativas a empresas acogidas a la Ley 20 de 2012 y no han presentado los informes anuales requeridos por ley. De no presentar tales informes, las empresas que disfrutan de una tasa preferente de 4% sobre el ingreso proveniente de la exportación de servicios se exponen a multas de $10,000.

Ambas movidas son parte de la política de “cero tolerancia” en el incumplimiento de decretos contributivos establecida por Cidre a su llegada a la agencia.

Mientras la Ley 20 de 2012 otorga la tasa preferencial sobre exportación de servicios, la Ley 22 libera a sus beneficiarios del pago de ganancias de capital. El recipiente de este beneficio, sin embargo, está obligado a pagar impuestos sobre el ingreso que provenga de fuentes de Puerto Rico.

Ambas leyes quedaron insertadas en el Código de Incentivos Contributivos de 2019 (Ley 60).

“Desde hace un año y medio establecimos como prioridad la fiscalización de los incentivos contributivos y hemos logrado aumentar significativamente los esfuerzos de fiscalización de decretos añadiendo personal e implementado el uso de nuevas tecnologías, y los resultados se están viendo”, indicó Cidre en una declaración escrita.

“Seguiremos ampliando la lupa, porque el cumplimiento con estos incentivos nos garantiza el mejor uso de fondos públicos”, sostuvo Cidre. “Pueden estar seguros de que continuaremos monitoreándolos y tendremos cero tolerancia a cualquier tipo de incumplimiento. Lo que queremos es maximizar su rendimiento, velando por los mejores intereses de Puerto Rico”.

La agencia informó además que trabaja en el informe anual de rendimiento que requiere Ley 60 y que busca medir el retorno de inversión de todos los incentivos vigentes. El informe estaría listo para septiembre próximo, se indicó.

Por su parte, el director de la Oficina de Incentivos del DDEC, Carlos Fontán, expresó que “la fiscalización de los concesionarios bajo las distintas leyes de incentivos es fundamental”.

“Aquellas entidades o individuos que incumplan con sus responsabilidades bajo las leyes de incentivos aplicables, se expondrán a las penalidades en ellas establecidas, incluyendo la revocación retroactiva o nulidad del decreto, con todas las consecuencias contributivas y legales que ello conlleva”, reza la declaración de Fontán.

Entre otras cosas, dijo Fontán, el DDEC canceló los decretos de Ley 22 porque los inversionistas no presentan sus informes anuales.