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Cancelar el contrato de LUMA Energy costaría $1,300 millones

El operador de la red eléctrica instó al Tribunal Supremo a rechazar el intento del gobierno de tratar una alianza público-privada como “un mero balón político”

5 de octubre de 2026 - 10:56 AM

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En una foto de archivo tomada el 7 de julio de 2026, personal de LUMA Energy realizaba unos trabajos en las inmediaciones de la represa Carraízo. (Ramon "Tonito" Zayas)

Por Joanisabel González

Editora de Negociosjoanisabel.gonzalez@gfrmedia.com

Cancelar el contrato de LUMA Energy como pretende la administración de Jenniffer González Colón costaría a los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) al menos $1,300 millones y podría poner en jaque unos 4,000 empleos directos.

Ambas cifras están contenidas en el Alegato en Oposición que el operador de la red de transmisión y distribución presentó este lunes ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR), foro que tiene ante su consideración la demanda incoada por el gobierno para cancelar el Acuerdo de Operación y Mantenimiento (OMA, en inglés) entre las partes.

“Es lamentable que el gobierno no ha tomado en cuenta las consecuencias de su petición al (TSPR) a un servicio esencial para la ciudadanía. El sistema eléctrico es demasiado importante para la vida y el desarrollo económico de Puerto Rico como para dejarlo a la merced de acciones improvisadas, irresponsables y temerarias”, dijo en declaraciones escritas el asesor legal de LUMA, Angel Rotger Sabat.

Según LUMA, si el alto foro permite continuar con la cancelación del contrato de alianza público privada pactado inicialmente a mediados del 2020 y extendido de manera suplementaria unos dos años después, Puerto Rico no solo tendría restituir la multimillonaria suma sino que se expone a la pérdida de fondos federales para la reparación y reconstrucción de la red.

“Este honorable tribunal tiene la oportunidad —y el deber— de poner fin a la incertidumbre creada por dos demandas inmeritorias que reclaman que se decrete la nulidad de la extensión de un contrato que es perfectamente válida”, reza el recurso legal en el que se agrega que las movidas del gobierno podrían desestabilizar el sistema de energía eléctrica de la isla.

En su escrito de oposición, LUMA expone además que proceder con la cancelación del OMA pondrá una mácula sobre Puerto Rico en materia de contratación gubernamental.

“Resulta sorprendente la ligereza en que el Gobierno atendió este tema al incumplir con la orden judicial de presentar un plan real de transición y sin hablarle al país con honestidad sobre cómo su petición provocaría un aumento en el costo de energía eléctrica, y que inmediatamente detendría los proyectos en marcha para levantar la red y en riesgo los fondos federales destinados para esos fines”, se agrega en el documento.

LUMA busca convencer al alto foro judicial de que el gobierno no tiene la razón al argumentar que la extensión de su contrato se hizo de manera incorrecta y que por ello, es nulo.

En síntesis, la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP) y el gobierno de González Colón alegan que LUMA ha incumplido con sus responsabilidades como operador de la red eléctrica y que la extensión del contrato hace unos dos años no es válida porque no se consideró el voto de los directivos del interés público en la junta de la AAPP.

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