De haber algún cambio al impuesto que se cobra hoy día al combustible, la “crudita”, debe ser dentro de una reforma contributiva amplia, que permita los mecanismos para reemplazar este impuesto y garantizar los ingresos al fisco.

Así opinó el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico (CCPAPR) al comparecer ante la Comisión senatorial de Hacienda. Esta comisión evalúa una resolución de investigación que propone dar una mirada al impuesto al combustible y su potencial eliminación como mecanismo para aliviar el bolsillo de los consumidores y las industrias.

El CPA Gerardo Torres Roldán, presidente del CCPAPR, dijo en ponencia escrita que el arbitrio podría tener efectos adversos, pero insistió en que “cualquier modificación debe ser parte de una reforma contributiva integrada y no una eliminación aislada que pueda comprometer la estabilidad fiscal”.

“La eliminación del (arbitrio) conllevaría sustituir los recursos. El análisis de una reforma integrada debe, a su vez, considerar la eliminación del impuesto al inventario, entre otros, que permita el desarrollo de nuestra economía, sin afectar los recursos del estado para llevar a cabo sus operaciones y programas”, reza la ponencia.

El CPA insistió en la necesidad de “reformas integradas”, lo cual a su entender incluiría atender el tema del impuesto al inventario y el efecto que tiene en la disponibilidad de mercancías en la isla. El CCPAPR recordó que hay otros temas contributivos sin resolver, como la contribución sobre la propiedad.

“Debe considerarse una reforma contributiva general que examine simultáneamente múltiples cargas que afectan la actividad económica. La eliminación o reducción de un arbitrio puede tener mayores posibilidades de éxito si forma parte de un modelo que amplíe la base contributiva, reduzca distorsiones económicas y promueva mayor formalidad empresarial”, dijeron los expertos en contabilidad.

La resolución de investigación recuerda que se aprobaron dos impuestos al combustible. Esos impuestos se aprobaron originalmente para abonar a la deuda de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). Sin embargo, y según constató el componente fiscal del gobierno durante vistas públicas previas, ese dinero ya no va a la ACT, sino al fondo general y es parte del Plan Fiscal. El gobierno, que compareció a la comisión a través de agencias como el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto, entre otras, han dicho que eliminar este impuesto tendría un impacto directo al fondo general y el Plan Fiscal, bajo la tutela de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Para el CCPAPR, la posibilidad de eliminar este arbitrio merece “una evaluación profunda, transparente y basada en datos”.

A la vista de este martes también compareció la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR). En una ponencia firmada por el presidente, José Julio Aparicio Laspina, recomendaron una transición gradual condicionada que permita “evaluar un reajuste o eliminación progresiva del impuesto, sujeto a que los recaudos del estado superen, en forma sostenida, las proyecciones del Plan Fiscal”.

“Se debe identificar una fuente de compensación que no imponga nuevas cargas contributivas desproporcionada sobre otros sectores de la economía”, indicaron los representantes del sector comercial.

Agregaron que “somos del criterio que cualquier propuesta de reajuste o eliminación se examine como parte de una reforma contributiva integral y que esté acompañada de mecanismos efectivos de fiscalización por parte del DACO, a fin de procurar que la reducción se refleje íntegramente en los precios mayoristas”.

Aunque bajo la actual administración se han aprobado diversos proyectos que enmiendan el Código de Rentas Internas, no se ha cuajado una reforma contributiva en propiedad.

Las vistas del Senado continúan este miércoles.