El grupo creado como parte del Plan de Ajuste buscará interesados para velar por el uso adecuado de los fondos. (Archivo)
El grupo creado como parte del Plan de Ajuste buscará interesados para velar por el uso adecuado de los fondos. (Archivo) (Pablo Martínez)

Mientras el gobierno toma las medidas para desembolsar unos $400 millones del primer bono de desempeño a unos 100,000 empleados públicos, así como el primer desembolso del Instrumento de Valor Contingente (CVI, en inglés) a los bonistas de Obligaciones Generales (GOs, en inglés), ambos pagos requeridos por el Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central, el comité que velará por los pagos a los jubilados del sector público ha comenzado a organizarse.

El objetivo es que antes de octubre del año entrante, los jubilados del gobierno central, la judicatura y el Departamento de Educación cuenten con un grupo de trabajo que custodie el manejo de los fondos que se destinarán al Fideicomiso de Pensiones, otra de las piezas del PDA del gobierno central, explicaron los integrantes del Consejo Transitorio de Beneficios a El Nuevo Día.

El proceso de organización lleva algunos meses, pero no será hasta enero próximo, cuando los trabajos del comité sean más evidentes. A partir de ese momento, comenzará el proceso para que los interesados en postularse a dicho grupo de trabajo puedan hacerlo y eventualmente, aspirar a un cargo en el Consejo de Beneficios mediante un proceso de votación.

Considerando la orden de la jueza Laura Taylor Swain, la elección del Consejo de Beneficios debe efectuarse a más tardar en octubre de 2023.

“Siempre va a haber transparencia en todos los procesos y para tener acceso a la comunicación, a la información con respecto a la Junta (de Inversiones) y cómo se invirtieron los dineros, (el jubilado) siempre va a tener acceso”, dijo Wanda Santiago, integrante del Comité Transitorio de Beneficios y exdirectora del Sistema de Retiro para Maestros (SRM).

“Levantar esto es bien dificultoso, bien difícil, bien complejo y lo queremos hacer bien porque se nos va la vida con esto de mantener el que recibamos nuestras pensiones. Queremos continuar recibiendo nuestra pensión y este es el instrumento que escogimos para la defensa de eso”, dijo por su parte, la presidenta del Comité Transitorio y jubilada de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), Carmen Núñez.

En septiembre pasado, el gobierno hizo el primer depósito al Fideicomiso de Pensiones, el instrumento que se instauró en el PDA del gobierno central para asegurar que siempre haya recursos para pagar ese beneficio a los empleados jubilados del gobierno central, la Judicatura y los participantes del SRM.

El primer pago, según Héctor Mayol, abogado del Consejo de Beneficios y antes del Comité Oficial de Retirados (COR), ascendió a unos $1,420 millones. Los fondos fueron depositados en una cuenta creada para ese fin en el Departamento de Fideicomiso de Banco Popular.

Habida cuenta que todavía deben formalizarse las guías de inversión que regirán al Fideicomiso y no se ha completado la selección de los manejadores de fondos y el Comité de Beneficios opera de manera transitoria, el dinero está invertido en notas del Tesoro de corto plazo, dijo el abogado.

En síntesis, el Fideicomiso es una especie de alcancía que el gobierno debe nutrir cada año con al menos $175 millones por espacio de una década.

Si en algún momento, el Fondo General no tuviera dinero suficiente para los pagos a las pensiones según dispone la Ley 106 de 2017, que creó el sistema “PayGo”, el gobierno podría recurrir al Fideicomiso de Pensiones siempre que obtenga el aval del Comité de Beneficios.

Anualmente, el pago de las pensiones cuesta a los contribuyentes unos $2,500 millones o aproximadamente, una cuarta parte de lo que ingresa al fisco.

Solución novel

El pasado 18 de enero, cuando la jueza Swain confirmó el PDA del gobierno central, no solo avaló el plan para pagar a los bonistas del gobierno central o aquel para pagar a los contratistas y suplidores del gobierno. También avaló la creación del Fideicomiso, un instrumento que Mayol catalogó como innovador.

Explicó que cuando el COR entabló negociaciones con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para el PDA del gobierno central persistía la inquietud de que, en algún momento, el gobierno entraría, de nuevo, en problemas presupuestarios y ello, pondría en jaque el pago de las pensiones.

De acuerdo con Mayol, es la primera vez que en un proceso de bancarrota municipal en Estados Unidos se crea un mecanismo como el Fideicomiso de Pensiones. El instrumento, agregó, se creó a cambio de que se aplicara el recorte de 8.5% a las pensiones que pedía la JSF. Si bien el recorte no se aplicó, el Fideicomiso prevaleció dentro de la estructura del PDA.

Pero a su vez, cuando la JSF vislumbró la modificación de deudas del gobierno central, pactó que si los recaudos excedían las proyecciones en los planes fiscales certificados, ese sobrante va a diversos fines. Entre estos, a los empleados públicos en la forma de bonos de desempeño y los bonistas de GOs, quienes aparte de su pago anual, reciben una tajada del Impuesto a la Venta y Uso (IVU) en la forma del CVI. En el caso del Fideicomiso de Pensiones, aparte del pago anual, este también recibiría ingresos adicionales, según el comportamiento de los recaudos.

¿Quién velará por el Fideicomiso?

El Comité de Beneficios será el custodio ulterior del Fideicomiso y contará con nueve miembros, que serán electos por jubilados y empleados activos, y dos serán nombrados por el gobernador y la JSF y por el sindicato Servidores Públicos Unidos, adscrito a la Federación Americana de Empleados de Condados, Municipios y Estados (AFSCME, en inglés). Estos directivos podrán ejercer su cargo por un término de cuatro años y solo recibirían una dieta de $125 por sus servicios.

A su vez, el desempeño del Fideicomiso será responsabilidad primaria de una Junta de Inversiones, integrada por cinco personas, incluyendo oficiales de gobierno, por un plazo de seis años.

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