La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de no acoger un pedido de certiorari radicado por ciertos bonistas de Obligaciones de Pensiones (POBs, en inglés) supone un golpe para estos acreedores, pero constituye una victoria para los jubilados del sector público, opinó el presidente del Comité Oficial de Retirados (COR), Miguel J. Fabre.