Veintinueve agencias comenzaron a implementar el sistema de contabilidad Enterprise Resource Planning (ERP), una de las herramientas de gestión financiera y presupuestaria que facilitaría la emisión de los estados financieros auditados del gobierno, informó Francisco Domenech, secretario de la Gobernación.

El periodo de prueba comenzó el pasado mes, completando el 96% de las pruebas de aceptación del usuario, con un 90% de éxito, detalló Domenech durante la quincuagésima primera reunión pública de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), y que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. La primera fase del ERP debe comenzar oficialmente en julio de este año.

Luego de que la JSF tomara el control de las finanzas públicas vía la ley Promesa, el ente fiscal requirió al gobierno adoptar una nueva plataforma para registrar los ingresos y egresos del estado en tiempo real. El proyecto ha requerido una inversión de sobre $117.8 millones de inversión, según el también director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).

“El ERP será una realidad. Es un componente clave para la planificación fiscal sólida y para cumplir con los requisitos de (la Ley) Promesa, fortaleciendo la responsabilidad fiscal en todas las agencias y permitiendo producir estados financieros auditados conforme a lo que esperan los mercados”, indicó Domenech.

Según reportes de este diario, el proyecto de ERP está a cargo del Departamento de Hacienda y este se puso en marcha bajo la incumbencia del ex secretario Francisco Parés Alicea. Para ello, Hacienda contrató a la firma de consultoría Deloitte ha estado a cargo del proyecto para implementar el ERP desde 2018, según reportes de El Nuevo Día.

De acuerdo con los pasados dos informes trimestrales de la JSF, Domenech mencionó que el lanzamiento del ERP será en dos fases: la primera, en julio de este año, para las áreas de Finanzas y cadena de suplido, y la segunda, para inicios de 2027, cuando se enfocará en capital humano y nómina.

El ERP centralizaría los sistemas fiscales y de contabilidad de todo el gobierno para facilitar el acceso a la información financiera y, por consiguiente, agilizar la emisión de estados auditados, uno de varios criterios para que Puerto Rico pueda recuperar su acceso al mercado municipal estadounidense.

El último estado financiero publicado por el Departamento de Hacienda corresponde al año fiscal 2022.

De acuerdo con datos compartidos por Domenech, el gobierno destinó $32.3 millones, entre 2017 y 2020, para la implementación del ERP, más $73.5 millones desembolsados entre 2021 y 2024, así como $12 millones entre julio de 2025 y mayo de 2026.

Por su parte, Arthur J. González, presidente de la JSF, destacó que el lanzamiento de la primera fase del ERP es lo más lejos que se ha llegado con este proyecto.

“El gobierno indicó que llevaría a cabo el lanzamiento de la fase de finanzas y cadena de suministro, una etapa que ninguna administración previa había alcanzado. El trabajo aún no ha concluido y la Junta Fiscal se mantendrá involucrada de cerca durante la puesta en marcha y las fases subsiguientes”, dijo González.

Por su parte, Domenech indicó que algunas de las razones por las cuales esfuerzos pasados no tuvieron éxito fueron: evaluaciones independientes, falta de supervisión, coordinación inconsistente con proveedores y deficiencias en la comunicación, “lo que provocó retrasos en decisiones críticas”.

“Además, los contratos previos no tenían descripciones detalladas de tareas ni fechas límite claras, dificultando exigir responsabilidad a los proveedores. Las agencias tampoco estaban preparadas adecuadamente, sin personal dedicado ni datos completos, lo que ralentizó la implementación”, explicó Domenech.

Según el secretario de la Gobernación, en julio de 2025, el gobierno renegoció el contrato, estableciendo fechas de entrega claras y mecanismos de rendición de cuentas, rediseñó el modelo de gobernanza del proyecto, creó un equipo dedicado al ERP y mantiene una coordinación semanal con las agencias y proveedores.

Uno de los escollos que afectó la implementación del ERP bajo la administración de Ricardo Rosselló y posteriormente, Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi, también estuvo relacionado al rol de principal oficial financiero (CFO, en inglés) del Estado.

El deber de divulgación financiera que requieren las leyes de valores federales es una competencia de Hacienda. Sin embargo, la creación de una oficina del CFO y su ubicación en el aparato gubernamental (bajo Hacienda, Aafaf o la Oficina de Gerencia y Presupuesto) requería que los oficiales de Finanzas de todas las agencias respondieran al CFO, lo que creó conflictos entre el gobierno y la JSF para implementar el proyecto.