La jueza de distrito federal Laura Taylor Swain aprobó este viernes la Declaración Informativa que presentó la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para justificar el Plan de Ajuste de la Autoridad de Carreteras y Transportación (PDA-ACT).

La determinación abre la puerta para el proceso de votación y eventual confirmación de la modificación de deudas de la ACT, la tercera instrumentalidad del gobierno que reestructura sus obligaciones bajo la ley federal Promesa.

Al emitir su decisión, Swain también dio paso a la moción que, entre otras cosas, estableció el calendario de votación y de presentación de evidencia en torno al PDA-ACT, cuyos méritos se discutirán en una vista de confirmación a celebrarse el próximo 29 de agosto.

La jueza a cargo de los Casos de Título III de Puerto Rico emitió su decisión durante una vista que se celebró por la vía virtual y telefónica y que presidió junto a la magistrada Judith Dein. El curso de la audiencia, sin embargo, no estuvo disponible en su totalidad para el público, pues una falla en el servicio de teleconferencias de AT&T impidió la conexión.

Un plan sin gran oposición

La también jueza presidenta del Distrito Sur de Nueva York dio el visto bueno al proceso de confirmación del PDA-ACT después de denegar la única objeción que encara la JSF en esta etapa del proceso de confirmación.

Los objetores son 69 empleados o exempleados de la ACT, quienes en el 2015 radicaron una demanda contra la corporación pública para reclamar ciertas compensaciones a su patrono. En el 2017, justo cuando el litigio se vería en sus méritos, la JSF inició el proceso de bancarrota de la ACT.

Se trata de una demanda radicada por ingenieros, jefes de brigada y otros profesionales especializados, quienes actúan como enlaces entre la ACT y los contratistas privados a cargo de las obras de construcción en las autopistas y carreteras de Puerto Rico.

Desde hace unos 22 años, según la objeción a la Declaración Informativa del PDA-ACT y radicada por el abogado John Mudd, estos empleados reciben una compensación adicional al salario por fungir como administradores de proyectos. El programa ha sido financiado con el aval de la Administración Federal de Autopistas (FHA) y fondos estatales.

En medio del proceso de bancarrota, el litigio –que se identifica como Velázquez v ACT- se ventiló y en agosto del año pasado, el tribunal de distrito desestimó la controversia. Los afectados acudieron al Primer Circuito de Apelaciones y tendrán su día en ese foro el próximo 5 de julio.

“El trabajo y compensación que se le dio a este grupo fue indispensable para cumplir con la seguridad que requiere la reglamentación federal”, reza la objeción de los demandantes en la que se agrega que si estos prevalecen el foro apelativo, lo adeudado a estos trabajadores no podría considerarse como una reclamación no asegurada y por ende, rechazable en el PDA-ACT.

Partiendo del PDA-ACT, la reclamación de los demandantes y otras similares se agruparían en la clase 16 que corresponde acreencias no aseguradas. Según el PDA-ACT, las acreencias no aseguradas ascienden a unos $256 millones y sus dueños recuperarían unos 19 centavos de dólar de ese total.

“Dado que la Declaración Informativa no contempla esta situación, los peticionarios deben objetarla y solicitar al tribunal que se enmiende la Declaración Informativa a esos efectos”, reza la súplica de los trabajadores.

Según Swain, los argumentos presentados por los objetores no fueron suficientes para demostrar que el PDA-ACT no es confirmable, aunque estos podrían presentar sus argumentos en el proceso de confirmación.

Los términos principales del PDA-ACT se negociaron, en esencia, en la reestructuración del gobierno central. En ese PDA, las aseguradoras municipales y los bonistas del desaparecido Banco Gubernamental de Fomento (BGF), también acreedores de la ACT, llegaron a un acuerdo para cancelar las reclamaciones que estos tenían contra el gobierno central, una vez el dinero de peajes y otras partidas sujetas a la claúsula de retención o “clawback” se transfirieron al Fondo General.

El PDA-ACT busca modificar unos $6,387 millones en bonos y unos $2,511 millones en otras obligaciones, distribuidas en 20 clases.

Los bonos emitidos bajo la resolución de 1968 de la ACT, así como aquellos para financiar la construcción del Puente Teodoro Moscoso se pagarán al 100%. Mientras los bonos principales emitidos bajo la resolución de 1998 se pagarán a 22 centavos de dólar.

Al igual que los demás PDA, los bonistas que negociaron con la JSF recibirán una compensación por sentarse a la mesa. En este caso se trata de un pago de $125 millones. Los bonistas del fallido BGF recibirán, por su parte, otros $15 millones.