Robb Rill, fundador de The 20/22 Act Society, anunció la aprobación de la medida en la Cámara. Falta el cedazo del Senado, antes de que pase a Fortaleza.
Robb Rill, fundador de The 20/22 Act Society, anunció la aprobación de la medida en la Cámara. Falta el cedazo del Senado, antes de que pase a Fortaleza. (Archivo)

La organización 20/22 Act Society  se prepara para retar en los tribunales el alza de $300 a $5,000 en el cargo por radicar informes anuales ante el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), por entender que la movida "cambia las circunstancias bajo las cuales se han otorgado estos decretos contributivos".

Así lo confirmó a este medio el abogado David Santiago, parte del bufete Pedro Ortiz que fue contratado por la 20/22 Act Society para explorar la vía legal contra la disposición contenida en la Ley 40 de 2020, que hizo enmiendas en este asunto.

"Lo estamos contemplando y usaremos todos los recursos posibles antes de tomar una acción definitiva", afirmó de su parte  Robb Rill, fundador  de 20/22 Act Society y quien se radicó en Puerto Rico desde 2012. 

A su vez, Rill aclaró que el grupo no tiene planes de retar en los tribunales el hecho de que el Código de Incentivos (Ley 60-2019) haya aumentado de $5,000 a $10,000 las donaciones anuales que los inversionistas residentes como él tienen que hacer a entidades caritativas. Esto responde, según explicó, a que la aportación caritativa se aplica solo anuevos decretos, mientras que el cargo por informe tiene aplicación retroactiva.   

“Esos $4,700 de aumento no son para el DDEC. Esto va para el fondo general y eso nos hace muy claro que es un impuesto”, denunció Rill.

Una versión previa de este artículo indicaba que la demanda buscaba impugnar el aumento en la aportación anual de $10,000 a entidades sin fines de lucro y de erradicación de la pobreza infantil.  Esta información se derivó de mensajes intercambiados entre miembros del grupo privado de Facebook, que atribuyeron la estrategia legal a ese fin y a los que tuvo acceso este medio. 

 En cuanto al litigio que buscan adelantar, el argumento de 20/22 Act Society, que a su vez está registrada como una organización sin fines de lucro y maneja una fundación,  es que el aumento de $300 a $5,000 en el cargo por radicar informes obligatorios “es otro ejemplo de que cambiar las reglas del juego continúa afectando la estabilidad de programas de incentivos en Puerto Rico”.

La entidad informó a sus miembros sobre este plan en un correo electrónico circulado la semana pasada.

Para adelantar su intención,   20/22 Act Society “ha establecido un fondo legal especial dirigido a cubrir los gastos totales de litigación. Necesitamos levantar primero un mínimo de $100,000 – antes de radicar – para obtener un interdicto preliminar en el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico”, se lee en el texto del mensaje.  Luego de ello, el plan es presentar una demanda.   

 “La inviolabilidad de los contratos de inversionistas individuales bajo las Leyes 22 y 60 está en riesgo, porque ahora no hay certeza de si en el futuro, ex post facto, habrá aumentos sustanciales en contribuciones”, plantea el email circulado entre los miembros. 

El mensaje alega que también “se erosiona la confianza en Puerto Rico  luego de los esfuerzos promocionales y las presentaciones que ha hecho su gobierno sobre la inmutabilidad de las exenciones disponibles bajo estos programas”. 

 A estos efectos, la entidad se expresó “orgullosa” de haber contratado los servicios del bufete ya mencionado,  que representará a los miembros de la organización, así como a receptores de decretos que quieran sumarse al esfuerzo.  

 “El tiempo es crucial, así que les pedimos que no demoren en hacer su contribución especial a este fondo de litigación y, por favor, compartan este asunto con otros recipientes de decretos de la Ley 22 y la Ley 60, para que puedan estar igualmente protegidos de esta acción indignante”, reza la comunicación. 

La demanda cubriría también a otros recipientes de incentivos contributivos amparados bajo el Código de incentivos (Ley 60) si aportan a este fondo legal, porque se convertirían en miembros activos de la 20/22 Act Society con esos fines, explica el mensaje. 

“Todos los fondos no utilizados se van a comprometer hacia el apoyo de organizaciones caritativas a través de la 20/22 Act Foundation”, se indicó. 

Al amparo del Código de Incentivos, inversionistas residentes tienen exención total sobre varias categorías de ingresos, y los negocios exentos gozan de tasas contributivas tan bajas como 2% y 4%.