Por considerarlo una materia “totalmente extraña e incongruente al proyecto de ley sobre el tratamiento contributivo a las corporaciones foráneas”, el juez superior Alfonso S. Martínez Piovanetti declaró inconstitucional el artículo 86 de la Ley 52-2022, que requería a los notarios entregar copia de las tasaciones, estudios de título y planos de mensura a la hora de informar una transacción de bienes raíces al Departamento de Hacienda.