La Junta de Supervisión Fiscal: “Tenemos que revaluarlo todo”

Washington - En medio de reuniones en el Congreso, el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, José Carrión III, reconoció ayer que la devastación que ha  causado el huracán María obliga a repensar  la agenda del organismo a cargo de las finanzas públicas de Puerto Rico.

“A raíz de las circunstancias, tenemos que revaluarlo todo”, indicó Carrión a El Nuevo Día, en unas breves declaraciones en el Congreso.

La junta federal, creada por medio de la Ley PROMESA, ha tenido la misión de imponer controles fiscales sobre el gobierno de Puerto Rico, ordenar el proceso hacia la reestructuración de la deuda pública del país y fomentar proyectos de revitalización económica.

Como parte de un plan fiscal de 10 años coordinado con el gobernador Ricardo Rosselló, la junta ha impuesto recortes profundos en el gasto público.

Al día siguiente de la devastación causada por el huracán María, Carrión anunció que liberaron $1,000 millones del presupuesto gubernamental para que el gobernador Rosselló atienda las tareas de emergencia en Puerto Rico. 

Pero, además de esta reasignación de emergencia, hay que tomar en cuenta que la catástrofe mantiene la economía de Puerto Rico paralizada, lo que reducirá los recaudos proyectados para este año fiscal.

“Estamos aquí conscientes de las necesidades y el sufrimiento de nuestro pueblo, para respaldar las iniciativas del gobierno de Puerto Rico y el gobierno federal”, indicó Carrión III, quien pasó el huracán en Puerto Rico, pero consiguió un “pon aéreo” que le permitió estar en Washington junto a otra integrante de la Junta, Ana Matosantos, y la directora ejecutiva, Natalie Jaresko.

Matosantos reside en California. Como Carrión, Jaresko vive ahora en Puerto Rico.

Carrión iría a las oficinas de  asesores del speaker Paul Ryan y del líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell. Matosantos,  Jatresko y algunos asesores también estuvieron con la comisionada residente Jenniffer González. 

Además, tenían pautada una reunión con el senador republicano Marco Rubio, quien visitó la isla esta semana. 

González quería hablar con Carrión sobre la posibilidad de que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) obtenga financiamiento para reparar su infraestructura, que sufrió graves daños por el ciclón María y que ya había sido magullada por el huracán Irma.

¿Se acaba el período de austeridad?, le preguntó a Carrión este diario. 

“Es muy temprano para llegar a cualquier conclusión en torno al presupuesto y la función nuestra de cara al futuro. Estamos enfocados en las necesidades principales de nuestro pueblo... (Estamos) en ánimo de ayudar al gobierno de Puerto Rico en Washington y ayudar al gobierno federal a ser más efectivo”, respondió Carrión.

El senador Rubio dijo que tiene que establecerse cierta “flexibilidad” que tome en cuenta el agravamiento de la crisis económica en Puerto Rico, mientras el congresista Darren Soto (Florida) sostuvo que los fondos de emergencia que se otorguen no deben utilizarse para pagar la deuda pública.

Luis Gutiérrez (Illinois) dijo que las necesidades de Puerto Rico obligan a derogar PROMESA y eliminar las medidas de austeridad que han limitado los servicios públicos en la isla, antes de María.

Cualquier revisión de la ley PROMESA tendría que pasar por el Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja, cuyo presidente, el republicano Rob Bishop (Utah), convocó a un foro el miércoles para  discutir con los miembros de ese cuerpo posible legislación que incentive la recuperación de Puerto Rico e Islas Vírgenes.