En su pedido a la jueza Swain, la Junta de Supervisión Fiscal subrayó que la AEE no ha determinado cómo reestructurará su fideicomiso de pensiones, que se encuentra insolvente.
En su pedido a la jueza Swain, la Junta de Supervisión Fiscal subrayó que la AEE no ha determinado cómo reestructurará su fideicomiso de pensiones, que se encuentra insolvente. (David Villafane/Staff)

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) envió este miércoles a la Legislatura el presupuesto operacional para el próximo año fiscal, descartando los $100 millones adicionales que solicitaba la administración de Pedro Pierluisi.

El presupuesto referido por la JSF a la Legislatura ascendería a $12,426 millones. La cifra dista, por unos $284 millones, del primer presupuesto recomendado por Pierluisi, enviado a la JSF en febrero pasado. Entonces, Pierluisi solicitó un presupuesto operacional de unos $12,712 millones.

Ante la negativa de la JSF a autorizar un gasto semejante, el mes pasado, la administración Pierluisi intentó por segunda vez, aumentar el presupuesto pero solo en unos $100 millones, cosa que el organismo fiscal tampoco aceptó.

“El presupuesto del Fondo General para el año fiscal 2023 permite al gobierno realizar inversiones adicionales en servicios esenciales para mejorar la calidad de vida del pueblo de Puerto Rico”, indicó en una declaración escrita, el presidente del organismo, David Skeel. “El presupuesto es consistente con el camino trazado para Puerto Rico hacia la responsabilidad fiscal y proporciona al gobierno la estabilidad que resulta crítica en este tiempo de incertidumbre económica global”.

A partir de julio próximo, Puerto Rico dedicará una tercera parte del presupuesto con cargo al Fondo General para pagar las obligaciones que contrajo en el pasado.

Aproximadamente, 9% del presupuesto irá al servicio de la deuda y otro 26% irá al pago de las pensiones del sector público y a las aportaciones requeridas a la reserva de pensiones que se creó tras la confirmación del Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central.

Solo el gasto del Sistema PayGo, un 16%, sería similar a lo que Puerto Rico dedicará a la Educación, según el parte de prensa de la JSF.

En dólares y centavos, Puerto Rico dedicará unos $2,200 millones al pago de las pensiones y otros $1,300 millones a la reserva para el pago de las pensiones.

De igual forma, el presupuesto recomendado por la JSF para el año fiscal 2022-23 incluye unos $1,000 millones para el servicio a la deuda.

Mientras, unos 11 centavos de cada dólar que se estima llegará al Fondo General a lo largo del año fiscal siguiente se utilizarán en Salud, según la JSF. Otros ocho centavos irán a Seguridad Pública. El 6% del presupuesto irá a iniciativas de desarrollo económico y 3% a la rama Judicial.

El presupuesto aprobado en junio del año pasado alcanzó unos $10,112 millones, según la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). Luego de la confirmación del PDA del gobierno central, la JSF enmendó el presupuesto para asignar formalmente el pago a los bonistas y nutrir las reservas del fideicomiso de pensiones, elevando así el presupuesto vigente a unos a $12,500 millones.

De cara al próximo año fiscal, la JSF destacó como aciertos presupuestarios, la asignación de al menos $150 millones para aumentos salariales a educadores y otros empleados públicos, así como la asignación de otros $238 millones para infraestructura, incluyendo en esa cifra, la asignación que el gobierno central hará a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) en el contexto del proceso de Título III en esa corporación pública.

“El presupuesto incluye casi $110 millones en financiación adicional disponible para las agencias al cumplir con determinadas metas vinculadas a la asistencia de maestros y estudiantes en el sistema escolar público; programas de servicios de salud que promueven la prevención, detección temprana y el tratamiento especializado; y la implementación de un nuevo sistema de evaluación de empleados y una plataforma de contratación para los empleados del gobierno”, agregó la JSF.

Según la ley federal Promesa, luego de que el Ejecutivo presenta su propuesta presupuestaria a la JSF, el organismo debe referir el presupuesto con las modificaciones necesarias a la Legislatura. Esa rama de gobierno debe evaluar el programa de gastos e ingresos y reafirmarlo o hacer cambios que la JSF tendrá que avalar.

En este caso, la Legislatura tendría hasta el próximo 13 de junio para presentar su versión del presupuesto. Si la propuesta concurre con aquella del organismo fiscal, este lo certificaría. En contraste, si los cambios propuestos por la Legislatura no son cónsonos con lo estipulado por la JSF, esta certificaría su versión del presupuesto.

El año pasado, el proceso de negociación entre el Ejecutivo, la JSF y la Legislatura resultó en un presupuesto consensuado entre las partes.

En esta ocasión, en lugar de negociar con la entonces directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, como única figura en la JSF con autoridad para tomar decisiones, según fuentes de El Nuevo Día, el liderato legisaltivo tendrá que interactuar con los diversos empleados de la JSF a cargo de procurar la implementación de los planes fiscales y del presupuesto para llegar a entendidos con el organismo fiscal. Estos oficiales, a su vez, discutirían los asuntos con Skeel para las decisiones que sean necesarias. Ello, según se organizaron los trabajos al interior de la JSF, luego de la salida de Jaresko el pasado 1 de abril.

El presupuesto para el año fiscal 2022-23 sería el segundo que incluiría el servicio a la deuda luego de la reestructuración de la deuda y desde la perspectiva del Ejecutivo y la Legislatura, el segundo que se consideraría balanceado si en efecto, los gastos no exceden los ingresos durante el año administrativo.

Promesa requiere que el gobierno puertorriqueño opere con cuatro presupuestos balanceados para que la JSF pueda terminar sus funciones.

Sin embargo, el criterio de presupuestos balanceados establecido en Promesa requiere la adopción de presupuestos de base acumulada, lo que es distinto al presupuesto a base de efectivo que utiliza Puerto Rico.

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