La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) presentó a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) una nueva oferta para poner fin a la quiebra de la corporación pública, proceso que esta semana cumple 9 años ante la consideración de la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain.

Más o menos, la oferta, ahora pública ante la Junta Reglamentadora de Valores Municipales (MSRB, en inglés), duplica la propuesta que la JSF presentó en su cuarto Plan de Ajuste (PDA) hace unos dos años y medio. Sobre todo, supera la valoración de $2,388 millones que, inicialmente, dio Swain a los bonos de la empresa eléctrica.

“Hemos hecho una oferta a los bonistas para aumentar la recuperación que teníamos en nuestro PDA”, dijo Mujica al explicar algunos detalles de la propuesta que se envió a los bonistas el pasado 1 de junio.

“Es una oferta significativamente mayor”, agregó Mujica.

Según el documento de oferta radicado ante la MSRB, la propuesta se presentó a través del Equipo de Mediación de la AEE.

En principio, la nueva oferta de la JSF aumenta en 47%, es decir de unos $1,600 millones a unos $3,000 millones, el pago que recibirían los bonistas de la AEE. Sobre todo, la oferta incluye -como en el caso de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina)- un Instrumento de Valor Contingente (CVI, en inglés). El CVI es un pago adicional al servicio a la deuda que los bonistas de la AEE recibirían si se cumplen ciertas condiciones.

Es la cuarta vez que la JSF pone una cifra en la mesa para acabar con el proceso de Título III de la empresa eléctrica.

“En el interés de acabar con esto (la quiebra de la AEE), porque sabemos que todos estamos frustrados, la JSF ha puesto esta oferta en la mesa. Ellos (los miembros de la JSF) entienden que representa un progreso real”, agregó Mujica.

El cuarto PDA-AEE ofrecía, unos $2,600 millones para modificar sobre $12,000 millones en acreencias de todo tipo, entiéndase, bonos, líneas de crédito de combustible y pagos a suplidores. De esa cantidad, unos $1,600 millones iban a los bonistas, pero la suma se distribuía de manera desigual para reconocer a quienes pactaron con la JSF. A manera de ejemplo, los bonistas que respaldaron a la JSF habrían cobrado 44% de su acreencia original y las firmas dueñas de las líneas de crédito para la compra de combustible habrían recibido el 70% de lo adeudado por la AEE. Quienes objetaban a la JSF, habrían recibido bajo aquel PDA unos 12 centavos de dólar.

“Es importante cerrar este capítulo”, insistió el director ejecutivo de la JSF al recordar que el ente fiscal ha consumado por la vía consensual, la deuda pública y otras obligaciones de una docena de las 13 entidades gubernamentales que intervino en el 2016 para modificar sus acreencias.

De acuerdo con la oferta, excluyendo los beneficios potenciales del CVI, los bonistas recuperarían, aproximadamente, un 35% de su acreencia, vis a vis, los 19 centavos de dólar que, en el agregado, la JSF puso en la mesa hace dos años.

En términos legales, la oferta de la JSF no cambia las posturas del organismo en torno a la AEE.

Los directivos de la JSF están convencidos de que la modificación de los bonos de la AEE no puede darse a costa de los abonados. También están convencidos, dijo Mujica, de que la empresa eléctrica no puede pagar los $12,000 millones (es decir, $8,300 millones en principal más intereses acumulados) que reclaman los bonistas.

“Puede ser en efectivo, puede ser asegurado, esto puede ser una combinación de ambos, pero no propondríamos algo que ponga en riesgo al Gobierno central”, dijo Mujica cuando El Nuevo Día preguntó cómo se estructuraría la transacción y de qué fuente de ingresos se pagaría a los bonistas de la AEE.

Luego de que en el verano de 2024, el Primer Circuito de Apelaciones reconoció que los bonistas de la AEE podían reclamar la totalidad de su acreencia, pero solo de los ingresos netos de la empresa eléctrica, la JSF determinó que el pago a los bonistas no podía salir de la factura eléctrica. Entonces, se hablaba de que, para pagar a los bonistas, se necesitaba aplicar un aumento promedio en la factura de la luz residencial de unos $8 al mes.

En consecuencia, la oferta más reciente de la JSF a los bonistas descansa –nuevamente- en identificar una o varias fuentes de fondos no relacionadas directamente con la AEE. La excepción sería el alza que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) podría aprobar para pagar las pensiones de la empresa eléctrica.

La oferta en la mesa, sin embargo, no detalla de qué partida específica vinculada al Gobierno central saldrá el dinero.

Durante la campaña electoral, la gobernadora Jenniffer González Colón aseveró que había dinero para pagar a los bonistas de la AEE. Pero en la plática con este diario, Mujica indicó que la JSF y el gobierno tendrían que trabajar el asunto.

“Estamos esperanzados en que los bonistas aceptarán esta oferta y podamos movernos hacia adelante”, dijo Mujica.

Señaló que los directivos de la JSF también son conscientes del costo que ha representado para la AEE y para la economía de Puerto Rico el hecho de que la empresa eléctrica haya permanecido en bancarrota por tanto tiempo.

Pero, a su vez, destacó que ante la precaria situación que encara la empresa eléctrica, la JSF no ha tenido otra alternativa que combatir el reclamo de los bonistas.

Mujica recordó que en octubre pasado y más recientemente, la jueza Swain solicitó a las partes que “aprovecharan el momento” y procuraran acortar la brecha que les distancia tomando partido del mecanismo de mediación provisto por el tribunal.

Empero, según el expediente judicial, desde octubre del año pasado, no ha habido progreso sustantivo, ni siquiera para delinear las controversias de derecho y procesales en torno a la reclamación contable que los bonistas -encabezados por GoldenTree Asset Management y la aseguradora municipal Assured Guaranty- han conseguido ventilar en el tribunal.

Desde el acuerdo de respaldo a la reestructuración (RSA, en inglés) de 2019, esta sería la cuarta vez en que la JSF pone una cifra en la mesa para llegar a un entendido con los bonistas de la AEE.

Las propuestas más recientes por parte de los bonistas se presentaron hace unos tres años. Una de ellas, se develó en agosto de 2023 y se integró al PDA-AEE. Entonces, el grupo encabezado por BlackRock Financial, Franklin Advisers y Nuveen Asset Management e identificado por las siglas MAHG, pactó con la JSF, aceptó un recorte del principal adeudado en bonos y aportar capital a la AEE, sedienta de recursos para pagar a otros acreedores e invertir en su infraestructura. Junto con la firma de inversiones que administra las líneas de crédito para la compra de combustible, el MAHG representaba el 40% de los acreedores de la empresa eléctrica.

Por su parte, en el 2024, el grupo encabezado por GoldenTree ofreció intercambiar los bonos vigentes y $2,500 millones a 50 años. El año pasado, luego de que el presidente Donald Trump desarticuló la JSF, el grupo reiteró que su oferta seguía en la mesa.

Según Mujica, la oferta de la JSF establece como condición poner fin a la reclamación contable de los bonistas o cualquier otro recurso que busque más dinero de la AEE o el gobierno.

Agregó que si Puerto Rico pone fin a la quiebra de la AEE, el gobierno puede centrarse exclusivamente en desplegar los fondos federales que tiene asignados para su reconstrucción.

Si los bonistas rechazan la propuesta, Mujica aseveró que la JSF está lista para continuar con el litigio en torno al valor de los bonos de la AEE, un caso que se extenderá hasta el 2027.

“Continuamos litigando porque ellos están reclamando una recuperación completamente inasequible”, dijo Mujica. “Sabemos que esta propuesta es considerablemente menos del pedido de los bonistas, que es de $12,000 millones, pero es significativamente más alta de donde estábamos”.