La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) abogó por una reforma abarcadora del proceso presupuestario de Puerto Rico en lugar de enmiendas particulares a la manera en que se aprueban leyes de impacto fiscal, según una misiva enviada esta semana a la Comisión de Reorganización, Eficiencia y Diligencia de la Cámara de Representantes.

Por vía de su director ejecutivo, Robert F. Mujica, el organismo que controla las finanzas del gobierno puertorriqueño, vio con buenos ojos la aprobación del proyecto cameral 137 (PC 137), por entender que el estatuto es compatible con los planes fiscales del gobierno y la ley federal Promesa.

“La (JSF) completó su análisis preliminar y encuentra que el PC 137, según su borrador, parece no ser inconsistente con el Plan Fiscal”, reza la carta enviada al presidente de la comisión Angel Morey Noble.

Pero acto seguido, Mujica instó al legislador a integrar lo que quiere legislarse -a través del PC 137- en una reforma presupuestaria.

“Un marco legal consistente es fundamental para una reforma presupuestaria integral que establezca prácticas permanentes y robustas de gestión y administración financiera que redunden en la recuperación y sostenibilidad de Puerto Rico en el largo plazo, tal como requiere el Plan Fiscal”, expresó Mujica.

El PC 137 propone enmendar el Artículo 7 de la Ley 103 de 2006 para requerir que “toda resolución conjunta o cualquier otra legislación que sea parte del presupuesto general de gastos” incluya una evaluación “cuantitativa y cualitativa” del impacto a mediano plazo que tendría el presupuesto que se apruebe en las políticas de ingresos, gastos y financiamiento del gobierno, las variables macroeconómicas y las finanzas públicas. La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), de aprobarse el PC 137, tendría que definir mediante reglamento el alcance de la evaluación requerida.

La Ley 103-2006 se aprobó en mayo de ese año, justo cuando Puerto Rico experimentó el primer cierre operacional del gobierno. El evento detuvo las operaciones de las ramas Ejecutiva y Judicial por un plazo aproximado de dos semanas. El hito dejó a la luz la insolvencia del gobierno puertorriqueño, que una década más tarde entraría en bancarrota y forzaría la aprobación de la ley federal Promesa y la creación de la JSF.

La exhortación de la JSF a Morey Noble se produce justo cuando el organismo y el gobierno entran en otro proceso de evaluación y análisis para confeccionar el presupuesto del siguiente año.

También coincide con el más reciente informe trimestral de la JSF, documento que nuevamente reitera la falta de consistencia por parte del Ejecutivo y el Legislativo para apegarse a los programas de ingresos y gastos que aprueba. El Nuevo Día reseñó parte de los señalamientos del informe más temprano esta semana.

Según el informe correspondiente al cuarto trimestre del año fiscal 2025 de la JSF, Puerto Rico cerró el pasado año administrativo con ingresos de $14,100 millones, una cifra que incluye unos $230 millones en recaudos adicionales, particularmente de corporaciones que no pagaron ciertos impuestos en el año fiscal 2024. La contribución sobre ingresos proveniente de empresas y sociedades rebasó las expectativas, pero no así los recaudos del impuesto al consumo y arbitrios de vehículos de motor, entre otros.

Sin embargo, lo que más que preocupa a la JSF es que el Ejecutivo no exhibe controles claros en cuanto a sus gastos.

Al publicar el más reciente informe trimestral esta semana, la JSF subraya que el gobierno todavía no había registrado millones de dólares en gastos incurridos hace más de seis meses y por ello, no ha sido posible cuantificar cuánto dinero realmente se gastó.

En dólares y centavos, según la JSF, al cierre del año fiscal 2025, los gastos del Fondo General reportados totalizaban $10,388 millones, es decir, alrededor de $1,926 millones menos de lo proyectado. En esa cifra de gastos proyectados pendientes, la JSF identificó que $411 millones ya se gastaron, pero no se habían registrado.

Además, otros $1,400 millones, dice el reporte, tampoco se gastaron según se proyectó. En consecuencia, no se llevaron a cabo obras capitales según programadas o no se otorgaron aumentos salariales a pesar de que estaban aprobados.

Incluso, subraya el informe, el gobierno no hizo las transferencias obligadas al fideicomiso para el pago de las pensiones establecido en el Plan de Ajuste del gobierno central.

El año fiscal 2025 fue un período de transición gubernamental entre el ex gobernador Pedro Pierluisi y la actual mandataria Jenniffer González Colón.

Luego del cambio de administración, múltiples reportes periodísticos destacaron que, por meses, las agencias no contaban con jefes en propiedad y diversos nombramientos tardaron en completar el proceso de confirmación, lo que habría afectado la continuidad de las operaciones de la rama Ejecutiva.

La JSF advierte, que más allá de riesgos fiscales como el llamado precipicio de Medicaid, si los recaudos se mueven a la baja como resultado de una desaceleración económica o si el gobierno continúa incurriendo en gastos recurrentes que se pagan con fondos limitados -como es el caso de ciertas asignaciones federales-, el territorio estadounidense podría experimentar un nuevo déficit presupuestario en menos de tres años.

La advertencia de la JSF en torno a la falta de consistencia en los gastos del Ejecutivo se agudiza cuando se trata de fondos federales.

El organismo destaca que, en los pasados años, como resultado de los desastres que han afectado a la isla, Puerto Rico cuenta con asignaciones en el orden de $125,000 millones, una suma similar a la economía de la isla medida por el Producto Interno Bruto (PIB). Empero, la masiva inyección de fondos federales que podría cambiar el entorno socioeconómico tampoco se utiliza adecuadamente.

Grosso modo, la radiografía presupuestaria de la JSF descansa en dos grandes premisas: el gobierno no modificará su estructura de ingreso o de gastos si los cambios afectan el balance según proyectado y utilizará al máximo los fondos federales asignados a la isla, una inyección que contribuiría a un relativo mejor desempeño económico en el corto plazo.

Durante el año fiscal pasado, los desembolsos de fondos provenientes de programas de reconstrucción apenas alcanzaron $3,500 millones. En cambio, el Plan Fiscal Certificado del gobierno central contemplaba que se utilizarían $5,600 millones.

Y en el año fiscal 2024, en promedio, el gobierno gastó 23% menos de los fondos asignados a Puerto Rico a través de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) y el Programa de Subvenciones en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG, en inglés), destaca la JSF.

“Si bien se han logrado algunos avances, aún queda mucho por hacer para mejorar las prácticas de gestión fiscal y financiera del Gobierno”, reza el informe de la JSF.

El organismo asegura que se necesita más y mejor seguimiento al uso de fondos federales, acelerar la publicación de estados financieros auditados y mayor transparencia en los informes financieros del estado.

Sobre todo, dice la JSF, Puerto Rico no se ha preparado verdaderamente para su desempeño pos bancarrota, es decir, para acceder a los mercados de capital, y tampoco ha avanzado para preparar sus presupuestos bajo los principios de contabilidad acumulada modificada. Este es el método que Puerto Rico debe utilizar para preparar sus presupuestos, según la ley federal Promesa.

En esa ruta de disciplina financiera, reza el informe, también será necesario crear una junta de supervisión estatal que entre en funciones una vez la JSF termine su mandato.