Con la imposición del toque de queda general a raíz de la pandemia del COVID-19, fueron miles las personas cesanteadas de sus trabajos, o suspendidas temporeramente sin paga mientras sus centros laborales permanecían cerrados.
Con la imposición del toque de queda general a raíz de la pandemia del COVID-19, fueron miles las personas cesanteadas de sus trabajos, o suspendidas temporeramente sin paga mientras sus centros laborales permanecían cerrados. ([email protected])

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Kevin, Luis, Carmen y Patricia son los seudónimos de cuatro empleados que laboraban en un restaurante en San Juan desde el 2016 y que, al recibir un cheque por las horas trabajadas hasta el 15 de marzo de este año, se quedaron sin empleo hasta nuevo aviso debido al cierre forzado por el gobierno para prevenir el contagio de coronavirus en Puerto Rico.

Los cuatro puertorriqueños se suman al grupo de casi 96,100 trabajadores que perdieron su empleo por la misma causa en el mes de abril, según reportó el Departamento del Trabajo federal (DOL, por sus siglas en inglés).

“Se le comunica que usted está cesanteado efectivo de inmediato. Esta cesantía es consecuencia del toque de queda decretado por el Gobierno de Puerto Rico”, leía la carta de aparente despido que compartieron con El Nuevo Día.

Sin embargo, la misiva continuaba diciendo que “nos comunicaremos con usted posteriormente para informarle cuándo debe regresar a trabajar, luego que se levante dicho toque de queda”, lo que dejó a más de 30 empleados en el limbo entre el despido y la suspensión.

Esa misma semana, todos solicitaron el seguro por desempleo, pero no fue hasta finales de abril que pudieron resolver sus puntos controvertibles y ver los primeros cheques que fluctuaban entre $66 y $199 semanales, lo que a duras penas llega a la mitad de lo que hasta hace poco ganaban como meseros, cocineros o en sus trabajos en la industria gastronómica.

En repetidas ocasiones, varios de ellos exigieron que su patrono liquidara sus vacaciones si realmente habían sido despedidos, pero sus reclamos fueron ignorados.

Todos tienen hijos y algunos hasta familiares inmediatos con enfermedades crónicas que los ponen en los grupos más vulnerables ante la amenaza del COVID-19, por lo que arriesgarse a buscar un nuevo empleo en medio de la pandemia podría poner en riesgo la vida de sus seres queridos, ahora desprovistos de su principal ingreso.

“Antes de la pandemia, yo pagaba un cuido para mi hijo porque ambos trabajábamos. Ahora, mi esposa es la única que tiene ingresos y padece de esclerosis múltiple. Tampoco es que yo puedo ahora tirarme a la calle a buscar trabajo, porque ¿quién me va a cuidar al nene? Yo me tengo que quedar en casa”, dijo Kevin, quien aseguró que no se había tomado un día de vacaciones, a los que tiene derecho, desde que empezó a laborar en el restaurante hace poco más de tres años.

A principios de mayo, su patrono los llamó de vuelta y les ofreció empleo temporero bajo nuevos términos y condiciones a los que tenían antes de la pandemia. Además, Kevin alegó que la empresa los amenazó con llamar al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) para cancelar su seguro por desempleo si no lo firmaban allí mismo.

Detalló que los empleados con menos tiempo en el empleo, sujetos ya al esquema de vacaciones, probatoria y beneficios acorde con la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral del 2017, sí accedieron a firmar el nuevo contrato.

Kevin, Luis, Carmen y Patricia eran los únicos cuatro trabajadores a los que ese esquema no les aplicaba por su antigüedad en el empleo, por lo que se negaron aceptar las nuevas condiciones y exigieron el pago de indemnización por despido injustificado. Hasta ahora, no han recibido respuesta del patrono.

Pese a las alegadas amenazas del patrono, ninguno ha perdido su seguro por desempleo.

Legislatura intenta remediar

“El patrono tiene las condiciones perfectas para despedir empleados por la excusa del COVID-19 y recontratarlos bajo la reforma laboral (del 2017) con menores beneficios. No es solamente el escenario perfecto, sino que también está protegido por ley”, alertó el representante popular Ramón Luis Cruz Burgos, quien conoce de hoteles, megatiendas, restaurantes y farmacias que han hecho lo mismo.

A mediados de mayo, Cruz Burgos, junto a otros cinco representantes de las minorías, sometió el Proyecto de la Cámara 2517 que busca enmendar la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral (Ley 4-2017) para proteger de la pandemia los derechos de los empleados contratados antes del 26 de enero del 2017.

“Si soy despedido a causa de la pandemia de un lugar y voy a buscar trabajo a ese o cualquier otro lugar, pues el proyecto establece que me tienen que recontratar bajo las condiciones previas a la reforma laboral”, añadió Cruz Burgos sobre la intención del proyecto ya referido a la Comisión de Trabajo.

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez indicó que buscará aprobarlo la semana que viene, pero antes prefiere consultarlo con el Departamento de Justicia.

La ley por enmendarse fue firmada por el otrora gobernador Ricardo Roselló Nevares y aprobada por la actual Asamblea Legislativa.

“Yo creo que es un buen proyecto”, dijo Méndez, quien aseguró que cuenta con los votos de la mayoría penepé en la Cámara, si el reporte de la Comisión de Trabajo es favorable al PC 2517.

Auguran un caos judicial

“Nadie esperaba que, luego de que ser aprobada la reforma laboral, hubiera dos huracanes –uno de ellos devastador–, luego los terremotos y luego la pandemia. Nada de eso estaba en el panorama. Incluso, la economía iba en orden ascendente y todos estos eventos la han detenido”, añadió el presidente de la Cámara sobre la situación socioeconómica que ha empeorado tan rápido en el mismo cuatrienio.

Sin embargo, el exsecretario del DTRH, Ruy Delgado Zayas, afirmó que “lo que está ocurriendo durante la pandemia demuestra lo que se alegaba de que la reforma laboral ponía en riesgo la seguridad de empleo de los trabajadores. Aquí está la prueba, se hizo real”.

“Esto se presta para que aquel patrono que estaba loco por salir de un empleado que llevaba mucho tiempo y su mesada iba a ser bien grande, aprovechó y ahora lo despidió y si lo llama para atrás, lo hace bajo nuevas condiciones de trabajo”, añadió el presidente de la Comisión Laboral del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.

Por su parte, la secretaria del DTRH, Briseida Torres Reyes, informó a El Nuevo Día que “en definitiva, esa orden ejecutiva no establece como justificado aquel despido que se realiza usando como base la misma”.

Aunque se limitó a esas palabras, ya que muchos de estos casos eventualmente llegarán a su consideración, Torres Reyesenfatizó que el despido por la imposición de un toque de queda “no es algo que dispone la Orden Ejecutiva”.

Con ella concurrió Delgado Zayas cuando dijo que “si el patrono actuó conforme a la Orden Ejecutiva no puede argumentar que fue un despido. Eso fue una suspensión”, que debe durar al menos 90 días antes de convertirse en un despido.

De lo contrario, si el patrono se sostiene en que despidió y no suspendió a sus empleados por el cierre forzado, el profesor de Derecho Laboral en la Universidad de Puerto Rico, Jaime L. Sanabria Montañez, cree que esto llegará a los tribunales, donde se retará la misma Ley 4 del 2017.

Los patronos que incluyeron en esa aparente carta de cesantía lenguaje que apuntara a un posible retorno al empleo, ya perdieron el pleito antes de llegar al tribunal, sugirió el abogado.

“Dijeron que los iban a llamar para regresar al trabajo, por lo tanto no hay despido porque no han pasado más de tres meses. Como no hubo ruptura de la relación obrero-patronal, pues hay que reconocer los mismos derechos y beneficios que había antes del cierre”, explicó Sanabria Montañez.

En efecto, si el patrono intentó recontratar a estos empleados bajo nuevos términos, como un esquema de vacaciones o beneficios menos favorable al que ya tenía, “estaría violando (el Artículo 3.18) de la Ley 4 del 2017 porque que no hubo una contratación nueva. Eso es un embeleco que se inventó el patrono”, añadió Delgado Zayas.

¿Retorno a un empleo seguro?

Estas discusiones legales se dan mientras miles de obreros comienzan a regresar a sus talleres de trabajo confiando en que su patrono tomó las medidas necesarias para prevenir el contagio de COVID-19, según le prometió al DTRH.

Ya son más de 8,700 los patronos que han autocertificado su Plan de Control de Exposición al COVID-19 para volver a la carga, pero más de una decena de ciudadanos se han quejado a El Nuevo Día de que sus patronos incumplieron con ese plan desde el saque.

“Nunca se trabajó por cita. Siempre fue por filas. Todas las órdenes ejecutivas decían (que la) apertura era a las 9:00 a.m., pero abrimos siempre a las 8:00 a.m.”, dijo un empleado de una ferretería en Bayamón.

“Querían hacerme firmar un papel, donde básicamente decía que estaban trabajando bajo las ordenes ejecutivas. Yo lo leí y me negué a firmarlo ya que era mentira”, alegó el ciudadano.

A finales de marzo, otro obrero en el área de Aguadilla notó que su patrono no estaba proveyendo equipo de protección personal a sus empleados, además de carecer de un protocolo de rastreo interno para los casos positivos de COVID-19.

“Lo único que hacen como prevención es en la entrada del ‘checkpoint’, (donde) te toman la temperatura. De ahí en adelante es un ‘free for all’ (sálvese quien pueda). El distanciamiento social es cero en áreas laborales. Es como si nada estuviera pasando”, ventiló el trabajador, que se querelló contra su patrono ante la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Puerto Rico (PR-OSHA).

El 31 de marzo, esa dependencia del DTRH le exigió respuestas al patrono sobre estas alegaciones. El empleado indicó que la carta fue respondida con un plan de cuatro páginas que caracterizó como una “porquería” y que ha tenido poca consecuencia en el plantel de trabajo.

En esa situación, “yo tengo derecho a negarme a trabajar porque no me está ofreciendo un taller de trabajo seguro, que es obligación del patrono, según la Ley 5 del 1975”, sentenció Delgado Zayas.

A la fecha, el DTRH confirmó que PR-OSHA ha recibido 991 querellas desde que empezó el cierre, cuya mayoría no pasa de requerimientos de información.

En total, son 448 los patronos cuyos empleados alegan que han incumplido con la ley de trabajo seguro durante la pandemia del coronavirus.

El DTRH cuenta con 28 especialistas de cumplimiento para atender querellas en los 78 municipios del archipiélago boricua, luego de contratar a cuatro recientemente.

Su titular confirmó que sostiene una convocatoria externa para llenar nueve plazas en este equipo de “difícil reclutamiento” por los requerimientos de la ley federal que provee el pareo de fondos.

Aunque ya ha reasignado parte de su personal a nuevas funciones durante la pandemia, Torres Reyes sostuvo que son solo esos 28 empleados los que actualmente cuentan con el peritaje para las inspecciones aleatorias, que ya suman a 562 para el Grupo Interagencial de Cumplimiento con la Orden Ejecutiva de la Gobernadora.

A preguntas de El Nuevo Día, la secretaria del DTRH admitió que PR-OSHA requiere más de 37 especialistas en cumplimiento para atender la ola de querellas que se avecina debido a la reapertura escalonada de la economía, pero no pudo precisar el número específico durante la entrevista.

En cuanto al empleado que no se sienta seguro en su taller de trabajo, la funcionaria informó que debe someter querella ante PR-OSHA y evidenciar su reclamo.

“Ese patrono no te puede despedir por haber presentado esa querella. Tampoco puede discriminar contra ti” o se expondría a demandas, dijo.

Ese empleado podría volver a solicitar el seguro por desempleo, pero su caso ya estaría sujeto a un punto controvertible.

“Definitivamente, tendría que analizarse ese caso para determinar cuáles fueron las circunstancias de su renuncia o de su separación de empleo. Si fue que lo despidieron, si fue que renunció, si que fue abandonó su empleo, eso va a tener que ser objeto de investigación para determinar si, en efecto, le corresponde el seguro por desempleo o no”, afirmó Torres Reyes.