La jueza de distrito federal Laura Taylor Swain dio un plazo de un mes a las distintas partes que intervienen en el proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para que estas se reúnan y se decida, en definitiva, si continúan adelante con el litigio para analizar los gastos de la corporación pública o si en última instancia, se desestima en el proceso de Título III como reclaman los bonistas.

Sin embargo, los desafíos que han impedido a la jueza dar curso definitivo al caso de bancarrota de la AEE parecen más vigentes que nunca, ahora que la administración de Jenniffer González, por vía de sus abogados, admitió en corte que no será hasta el siguiente informe de situación cuando proveerán información sobre la preparación de los estados financieros de la AEE. Y de paso, advirtió que es poco probable que, en los próximos dos meses, la corporación pública pueda proveer las piezas de evidencia que interesan los bonistas y que serían necesarias para escudriñar los gastos de la empresa eléctrica estatal.

En paralelo, mientras por un lado expresaban su deseo de llegar a un entendido y por el otro, decían “estamos listos para ir a la guerra”, ciertos bonistas recordaron a Swain su moción para que la jueza desestime el proceso de modificación de deudas de la AEE. Y otros bonistas, aconsejaron a Swain no continuar adelante hasta que se resuelva el litigio incoado por varios integrantes de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) contra el presidente Donald Trump.

“Ordeno a las partes reunirse”, dijo Swain al agregar que, para no arruinar la festividad de Acción de Gracias, los abogados de la JSF, aquellos de los dos grupos de bonistas de la AEE y del Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés), entre otros, tendrán hasta el próximo 24 de noviembre para rendirle cuentas. En esa fecha, Swain no espera un calendario con días específicos sino un desglose de diversos asuntos, por etapas, y el tiempo que durarían estos. Por ejemplo, los días que tomaría determinar qué tipo de evidencia se interesa o cuánto tardaría la etapa descubrimiento en el juicio sobre los gastos de la AEE.

No es la primera vez que Swain pide a las partes preparar un calendario procesal. Aplicó ese curso de acción en otros procesos como la reestructuración de obligaciones del gobierno central, por ejemplo. El año pasado, justo después de que la JSF retiró el Plan de Ajuste de la AEE (PDA-AEE) en su tercera versión y los bonistas prevalecieron en el Primer Circuito de Apelaciones, la jueza solicitó a las partes organizarse para atender las disputas en torno a los gastos administrativos de la AEE.

Pero sí es la primera vez que el gobierno dice a la jueza Swain que no está en posición de proveer información por un período tan largo como dos meses o que no será sino hasta un informe posterior que comunicará algún asunto de interés como la disputa entre la AEE y su operador LUMA Energy para que pueda tomarse acción.

“Queremos ser parte del proceso de mediación”, dijo Peter Friedman, socio de O’Melveny Myers y representante legal de Aafaf.

Pero acto seguido, Friedman sostuvo que si bien la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) puede participar de las conversaciones para establecer un calendario procesal, ve “altamente difícil” que habida cuenta los procesos que se llevan a cabo en el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), la AEE pueda proveer la evidencia que requieran los bonistas.

Friedman no hizo referencia específica a qué proceso se sigue en el NEPR que impediría ofrecer información al tribunal de Título III, pero dijo que el personal de descubrimiento de prueba que se necesitaría en el caso es el mismo ante el regulador energético y por ende, en las próximas 8 a 10 semanas es “altamente improbable” que la corporación pública pueda cumplir con un calendario procesal.

Tales declaraciones se produjeron durante la audiencia general de los casos de Título III del mes de octubre, jornada en la que apenas se resolvió una de las miles de reclamaciones que todavía están pendientes en el proceso de quiebra del gobierno central.

Durante la audiencia, los abogados Thomas Lauria y Eric Brunstad insistieron en que luego de ocho años, sus clientes continúan sin cobrar un centavo, mientras la AEE gasta miles de millones de dólares que son parte del dinero que les pertenece.

Como ha sido costumbre hasta la fecha, el abogado local de la Aafaf, Luis C. Marini Biaggi, socio del despacho Marini Pietrantoni Muñiz LLC, presentó el informe de situación del gobierno. En este, la Aafaf destacó, entre otras cosas, que el 63% de los proyectos relacionados a instituciones educativas en manos de organizaciones sin fines de lucro y que se financian con dinero de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) están en curso.

Pero en una breve intervención, Marini informaba a Swain que en el siguiente informe, Aafaf compartirá datos acerca de la disputa entre LUMA Energy y el gobierno por los estados financieros de la AEE para el año fiscal 2023 y que se proponían recabar el apoyo de la JSF en el tema.

“Bueno, pues espero que en el siguiente informe de situación, escuche que el asunto se resolvió”, dijo Swain al indicar que si no fuera el caso, Aafaf le indicaría cómo proceder.

“Creemos en la veracidad de nuestra posición”, dijo Lauria al señalar que su cliente, GoldenTree Asset Management está convencido de que la mejor alternativa es pactar un entendido.

Pero señaló que al cabo de ocho años, se ha producido “una destrucción de valor” para su cliente que resulta inaceptable y que por ello, el tribunal debe actuar para proteger el colateral de los bonistas de la AEE.

“La gran víctima es Puerto Rico”, agregó Lauria mientras reiteraba que la oferta de su cliente para financiar las operaciones de la AEE sigue en pie.

De inmediato, Margaret Dale, abogada de la JSF y socia del bufete Proskauer Rose, dijo a la jueza que el organismo ya atendía el asunto.

“Estamos listos para continuar adelante”, dijo Dale, cuando la jueza quiso conocer la postura del organismo ante los reclamos de ciertos bonistas para que se reanude el litigio por los gastos de la AEE.

“La JSF cuenta con cuatro miembros. Ellos se han reinstalado. Según la decisión del interdicto preliminar, ellos fueron despedidos de manera inapropiada. Han regresado como si nunca se hubieran ido”, prosiguió la abogada.

El litigio por los gastos administrativos de la AEE quedó en suspenso cuando en agosto pasado, el presidente Trump desarticuló la JSF, destituyendo a seis de sus miembros. Los directivos Arthur J. González, Betty A. Rosa y Andrew Biggs cuestionaron la orden presidencial y por vía de un interdicto provisional regresaron a sus puestos a principios de este mes.