

3 de junio de 2026 - 5:21 PM


Por encontrar irregularidades en compras y creación de documentos falsos en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) refirió sus hallazgos al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental.
Mediante comunicado, el contralor auxiliar Rafael Vázquez informó que la División de Investigaciones Especiales de la OCPR emprendió la investigación en el CRIM tras recibir una querella relacionada con el trámite de una compra y el desembolso correspondiente.
El periodo investigado cubre del 17 de febrero al 18 de julio de 2023.
El hallazgo principal del informe expone que la Junta de Gobierno del CRIM tramitó una orden de compra por $1,000 para adquirir alimentos para una reunión ordinaria pautada para el 23 de febrero del 2023. Sin embargo, la reunión se canceló.
Funcionarios realizaron gestiones para justificar el desembolso mediante la alegación de que los alimentos habían sido utilizados en un supuesto “Adiestramiento de Propiedad Mueble para el Colegio de CPA (siglas de Contadores Públicos Autorizados)”.
“Sin embargo, la investigación corroboró que dicho adiestramiento nunca se ofreció. El director ejecutivo del Colegio de CPA certificó que esa entidad no recibió ni impartió adiestramientos en el CRIM durante la fecha señalada”, denunció Vázquez, quien dirige el área legal de la OCPR.
“Asimismo, empleados del CRIM que aparecían en listas de asistencia certificaron que no participaron en ningún adiestramiento y que sus firmas fueron requeridas para justificar el pago relacionado con los alimentos”, indicó.
La investigación también reveló que, como parte del expediente para justificar el desembolso, se utilizó un correo electrónico que solicitaba alterar la cuenta presupuestaria originalmente utilizada para la compra, una certificación firmada por un funcionario en la que afirmaba información falsa y hojas de asistencia vinculadas a la actividad que nunca sucedió.
Además, se determinó que la compra se gestionó utilizando una sola cotización, sin cumplir con los requisitos reglamentarios de competencia justa entre suplidores representativos del mercado, situación que puede propiciar pagos a precios inflados y limitar la transparencia en el uso de fondos públicos, comentó Vázquez.
La OCPR concluyó que la creación y utilización de documentos falsos, así como la certificación de actividades inexistentes, comprometen la integridad administrativa, evidencian falta de ética en el desempeño de funcionarios y podrían constituir infracciones al Código Penal de Puerto Rico.
Por ello, remitió el referido RDIE-1464-5675-26-56 al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental para la evaluación y acción correspondiente.
De igual forma, recomendó a la Junta de Gobierno del CRIM considerar el referido administrativo correspondiente y fortalecer de inmediato sus procesos de compra, desembolso y supervisión para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.
“El manejo de fondos públicos exige absoluta transparencia, controles efectivos y estricto cumplimiento con la ley. Cuando se utilizan documentos falsos o se certifican actividades inexistentes para justificar desembolsos, se compromete la confianza pública y se atenta contra la integridad del servicio gubernamental”, expresó el contralor auxiliar.
El Nuevo Día solicitó una reacción al CRIM pero al momento de esta publicación no se ha recibido.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.

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