Mientras el precio de la gasolina sube nuevamente en bomba, la posibilidad de reducir, eliminar o congelar temporeramente el impuesto al petróleo no está sobre la mesa de la actual administración.

Durante una vista de la Comisión senatorial de Hacienda este martes, varias agencias del gobierno y portavoces de la gobernadora, Jenniffer González Colón, dejaron saber que las ganancias del impuesto, denominado como “crudita”, están atadas al fondo general y son parte de lo que está comprometido ya en el Plan Fiscal y bajo la tutela de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

El Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) rechazaron de plano la posibilidad de que se eliminen los arbitrios al combustible como medida para aliviar el bolsillo de los consumidores. Estos arbitrios se aprobaron en un principio para pagar la deuda de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). Una vez atendida la deuda de la agencia, el gobierno continuó cobrando el arbitrio y pasando los fondos a otras necesidades del gobierno, según constataron los jefes de agencia en sus ponencias.

El secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, dejó saber en su ponencia que está lejos la posibilidad de eliminar estos arbitrios. Estos recaudos, dijo, “actualmente forman parte de la base recurrente de ingresos del fondo general”.

“Por consiguiente, se utilizan para sostener el presupuesto general del gobierno de Puerto Rico y la prestación de servicios esenciales, sin que exista una segregación presupuestaria que permita trazar cada dólar recaudado por este concepto a un programa específico”, dijo Pantoja Rodríguez en ponencia escrita. Pantoja Rodríguez no acudió a la vista y en su lugar, hablaron asesores de la agencia.

Más claramente, dijo que estos fondos son hoy “parte de la canasta de ingresos recurrentes que permiten financiar obligaciones generales del gobierno, incluyendo educación, seguridad pública, salud, pensiones, servicios gubernamentales, asignaciones a entidades públicas y otras partidas autorizadas en el presupuesto certificado”.

La vista senatorial responde a una resolución que busca investigar el recaudo de este impuesto, así como el impacto a los consumidores. Según la AAFAF, el último informe sobre la capacidad de endeudamiento del gobierno refleja que los ingresos por el arbitrio base y crudita representan un promedio de 4.09% del fondo general para los años fiscales 2024 y 2025.

De acuerdo con Hacienda, el impacto de la “crudita” –que son en realidad varios impuestos– es de $15.50 por barril. Según el portal del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), el precio de la gasolina regular este martes marcaba entre $1.11 y $1.15, un precio que no ha bajado significativamente por los pasados meses y que ha ido en escalada desde que inició la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Por su parte, el nuevo director de la AAFAF, Enrique Guzmán Matos, insistió en que el presupuesto actual depende en parte de este doble impuesto, pagados por los consumidores desde 1987 el primero y 2015 el segundo.

“La crudita ya no debe analizarse únicamente como una fuente de ingreso asociada a la ACT o a infraestructura vial. Aunque su origen y evolución legislativa estuvieron vinculados a necesidades de transportación, actualmente estos recaudos forman parte de la base recurrente del fondo general”, dijo. “Por consiguiente, se utilizan para sostener el presupuesto general del gobierno y la prestación de servicios generales”.

El nuevo jefe de la AAFAF estableció que la primera crudita se aprobó en 1987 y comenzó como un impuesto de $3 para garantizar hasta $120 millones a la ACT.

Al hablar ante los senadores, Guzmán Matos recordó que una comunicación reciente de la JSF al Senado, el ente fiscal advirtió que eliminar o modificar este impuesto “tendría consecuencias significativas para el financiamiento de servicios esenciales y afectaría el cumplimiento con el Plan Fiscal”.

“La JSF estimó preliminarmente que la eliminación total de la crudita tendría un impacto fiscal negativo acumulado de aproximadamente $1,675 millones durante los próximos cinco años fiscales”, recordó el director de AAFAF, al indicar que el estimado específico del impacto para 2027 sería de $345 millones.