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El alcalde de San Juan, Miguel Romero, expresó reservas sobre el proyecto de permisos (PS 1183) radicado por la gobernadora Jenniffer González Colón, por entender que la medida necesita incorporar mayores controles al rol de los profesionales autorizados, proteger la participación ciudadana y reconocer los planes de ordenamiento territorial de los municipios.
“Puede ser la reforma más importante, si se hace bien. Para hacerla bien, tiene que haber balance”, afirmó Romero durante un encuentro con la prensa ayer en la Casa Alcaldía. “Sería una tragedia que, después de tanto ruido, no se apruebe algo con el balance adecuado”.
En específico, Romero exhortó a que en el proceso de discusión del propuesto Código de Planificación y Permisos, se ajuste el proyecto para que la centralización deseada no se haga a costa de los planes de ordenación territorial que tengan aprobados los ayuntamientos, herramientas que guían el uso planificado de todo el municipio.
Levantó bandera, además, de que “San Juan tiene reglamentación especial” para distintos sectores como Condado y la península de Cantera.
“Las leyes garantizan participación ciudadana. (...) No quiero que eso se pierda”, recalcó.
A su vez, Romero advirtió que el municipio ha detectado múltiples instancias en las que profesionales autorizados otorgan permisos de manera irregular.
“Estoy de acuerdo en que se amplíen sus facultades, pero no estoy de acuerdo en que no haya controles. Y hoy no hay controles”, denunció.
Como ejemplo, planteó que en la Calle Cerra, los usos autorizados son para establecer comercios de servicio a la comunidad, como farmacias, panaderías, condados o centro de cuido de niños.
“Hay más de 30 barras”, indicó. Según afirmó, muchas de ellas operan con permisos otorgados “por un profesional autorizado”
Mencionó el caso de un comerciante que invirtió para abrir una barra estilo “speakeasy”, pero resultó que el permiso que tenía en mano “era para una cafetería”.
“Colgá” la Junta de Planificación
“La Junta de Planificación está colgá en eso. (...) Excusas, más excusas, no hacen su trabajo, no contestan. La gobernadora está al tanto”, sentenció. “Es una conducta que se tiene que parar. Es un fraude”.
Romero también urgió a que, respetando el debido proceso de ley, se le confiera a los municipios la facultad para cerrar preventivamente comercios que operen de forma ilegal o sin los permisos debidos.
Recordó el caso de la barra Emoji, donde el 2 de mayo de 2023 murieron dos turistas peruanos, abatidos a tiros.
Indicó que a las 12:14 a.m., personal del municipio había intervenido en el lugar e impuso multas porque no tenían permisos para operar, pero no tenía la facultad para cerrarla. A las 3:51 a.m. de ese mismo día, se suscitó el tiroteo mortal.
“Eso jamás se me va a olvidar”, expresó.
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