Más allá de los persistentes problemas estructurales y fiscales que han afectado el clima de negocios en Puerto Rico durante los pasados años, líderes del sector industrial coincidieron este martes en que parte de la solución radica en que el gobierno adopte decisiones con una visión a largo plazo.

“Debemos exigir resultados y corregir lo que no funciona, pero preservando la continuidad de los proyectos, la inversión, los empleos, los fondos federales y la confianza de quienes tienen que invertir en nuestra infraestructura”, expresó Eidalia González, miembro del comité de Infraestructura de la Asociación de Industriales de Puerto Rico (PRMA, por sus siglas en inglés).

Las expresiones se dieron durante una vista ocular en las oficinas de la PRMA como parte de la Resolución de la Cámara 456, que busca identificar y evaluar posibles enmiendas, derogaciones y nueva legislación dirigidas a fortalecer el clima de negocios y promover la eficiencia gubernamental en la isla.

La audiencia fue convocada por el autor de la medida, el representante Ángel Morey Noble, presidente de la Comisión de Reorganización, Eficiencia y Diligencia de la Cámara de Representantes, así como por el representante Sergio Estevez, presidente de la Comisión de Pequeños y Medianos Negocios de la Cámara baja.

Una de las primeras recomendaciones que realizó el sector industrial es que se le dé continuidad a los acuerdos con los operadores privados de la infraestructura de energía eléctrica y que se descarte cualquier intento de regresar la distribución y generación a manos de la Autoridad de Energía Eléctrica.

El Nuevo Día intentó obtener declaraciones de parte del representante y autor de la resolución cameral, Ángel Morey Noble, pero al momento de esta publicación no se produjo la comunicación.

En tanto, de acuerdo con la ponencia de González, “Puerto Rico no puede darse el lujo de volver a empezar”, si se cancelan los acuerdos con los operadores privados de los activos públicos. Insistió que, de hacerlo, se pudiera afectar la continuidad operacional, el futuro de los empleos y la credibilidad para invertir en la isla.

“La estabilidad contractual y la continuidad institucional son componentes esenciales de cualquier economía competitiva”, expuso González. “El problema energético de Puerto Rico no se resuelve simplemente cambiando quién administra los activos”.

A juicio de González, la solución está en la modernización de la red, mejor planificación, ejecución efectiva, disciplina financiera, entre otras recomendaciones.

Esto se da en momentos en que el sector comercial de la isla atraviesa momentos turbulentos con los aumentos en la factura de energía eléctrica y líderes de diversos sectores advierten que los incrementos en los costos operacionales pudieran provocar cierres de negocios, según reportes de El Nuevo Día.

Por su parte, Carlos Serrano, presidente del Comité de Política Fiscal y Karen Mojica Franceschi, principal oficial ejecutiva (CEO, en inglés) de PRMA, destacaron en su ponencia que el sector empresarial ha estado expuesto a una alta carga contributiva que se ha intentado reformar sin éxito desde 1994.

Los ejecutivos expusieron al menos cuatro cargas contributivas que afectan el crecimiento comercial en la isla: los arbitrios e impuestos sobre ventas y uso (IVU); impuestos sobre ingresos netos; impuestos sobre ingresos brutos; impuestos a la construcción; impuestos a la propiedad; y cargos sobre nómina.

“Para aliviar esta carga opresiva, hemos sobreutilizado un complejo sistema de incentivos que introduce excepciones (contributivas) para sectores como manufactura, exportación de servicios, turismo, agricultura, energía, infraestructura, finanzas, seguros, relocalización de individuos con ingresos pasivos y hasta emprendimientos juveniles”, señalaron Serrano y Mojica Franceschi en su ponencia.

Ambos señalaron que los proyectos anteriores que prometieron una reforma contributiva, no representan modificaciones sustanciales, sino parciales al Código de Rentas Internas.

“Reformar un sistema contributivo no es cuestión de cosmética fiscal. Por su importancia para la actividad económica de Puerto Rico, el asunto requiere un análisis integral, coordinado y sustentado en evidencia”, argumentó PRMA.

Esta fue la primera vez que se celebró una vista de la Asamblea Legislativa en las oficinas de la Asociación de Industriales, en Guaynabo.