Puerto Rico es el país o jurisdicción contributiva que más tratos preferenciales -como exenciones, créditos y tasas contributivas especiales- ofrece en el mundo en relación con su Producto Interno Bruto (PIB), según un análisis publicado este martes por la organización Espacios Abiertos (EA).

El estudio evaluó el informe de gasto tributario que realiza el Departamento de Hacienda -Puerto Rico Tax Expenditure Report (PRTER 2025)-, y revela que el pasado año, el gobierno de Puerto Rico gastó casi $31,000 millones en tratos especiales, lo que representa alrededor del 23.91% del PIB.

La cifra es cercana al presupuesto consolidado de Puerto Rico, que este año fiscal asciende a aproximadamente $32,700 millones.

El dato posicionó a la isla en el primer lugar entre 93 países evaluados y que otorgan incentivos, deducciones, créditos y tratos contributivos especiales a individuos y empresas para promover diversas actividades económicas y conductas: desde la apertura de cuentas de retiro hasta las actividades de investigación y desarrollo que se llevan a cabo en el sector farmacéutico.

En tratos preferentes otorgados en relación al PIB, Puerto Rico supera por mucho al segundo lugar, Rusia, donde el gasto tributario representa el 14.52% del PIB. Países Bajos otorga incentivos equivalentes al 14.18%, y Finlandia, con 11.65%, según el informe de la organización que utilizó datos del Global Tax Expenditures Database.

“Puerto Rico tiene uno de los sistemas de gasto tributario más grande del mundo, sino el más grande del mundo”, indicó Wilmari de Jesús, analista de política pública de Espacios Abiertos y coautora del informe.

A pesar de que el gasto tributario representa un elemento de peso para el Tesoro de Puerto Rico, el gobierno no evalúa consistentemente el impacto de estos en las comunidades, la actividad comercial y las finanzas públicas, subrayó la analista.

“Este informe (el PRTER 2025) no pasa un juicio o no evalúa estos gastos tributario, solo nos dice cuánto es el estimado que se deja de devengar por concepto de este gasto en particular”, señaló de Jesús.

Las exenciones, créditos y tasas contributivas preferenciales funcionan en la práctica como gasto público dado que representan ingresos que el Estado deja de recaudar para alcanzar objetivos de política pública.

Hacienda contabiliza el gasto tributario y publica el PRTER desde el 2017, luego de la llegada de la Junta de Supervisión Fiscal, bajo la Ley Promesa. Desde entonces, el gasto tributario ha aumentado aproximadamente 38.4%. Hace 9 años, el gasto tributario representaba $22,344 millones al erario.

Para 2025, se evaluaron 436 gastos tributarios, con cinco nuevos, entre ellos el crédito por trabajo y el crédito sénior, y se eliminaron seis beneficios existentes, según el informe de EA, titulado “Hacia una metodología de evaluación de los gastos tributarios: fundamentos conceptuales, marcos institucionales y lecciones para Puerto Rico”.

La cuantía de casi $31,000 millones solo considera el 60% de los gastos tributarios de Puerto Rico.

“Tenemos que reconocer una mejora en transparencia”, dijo de Jesús. Pero “nosotros queremos que este informe trascienda esa parte de simplemente transparentar a que nos movamos a utilizar estos informes como herramienta presupuestaria”.

Al comparar el gasto tributario de Puerto Rico en relación con su PIB (23.9%) con el resto de las jurisdicciones en Estados Unidos, la isla volvió a encabezar la lista, superando a Iowa (14.1%), Montana (11.7%) y Wisconsin (9.6%).

Los tres gastos tributarios con mayor peso están relacionados al sector industrial, el cual ascendió a $14,681 millones, seguido de exenciones a ciertos ingresos individuales como cuentas IRA, con $2,729 millones y los inversionistas residentes -antes Ley 22-, con $2,537 millones.

Las proyecciones a cinco años del informe es que continúe aumentando el gasto tributario, al menos, en esas tres categorías.

Por su parte, Daniel Santamaría Ots, codirector de EA, insistió en que la etapa que sigue ahora es la de evaluar a fondo la efectividad e impacto de estos gastos tributarios.

“Los incentivos contributivos son una herramienta legítima, [...] pero esa misma herramienta cuando no se fiscaliza y no se evalúa puede terminar operando en sentido contrario a las prioridades que dice servir comprometiendo recursos que harían falta en otras áreas”, dijo Santamaría Ots.

El informe más reciente de Evaluación del Desempeño de Incentivos Económicos que se otorgan a través de la Ley 60-2019 (Código de Incentivos), comisionado por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), fue publicado en mayo de 2024 y estuvo a cargo de Abexus Analytics.

El Nuevo Día contactó al DDEC para conocer si la agencia encamina un estudio actualizado, pero al momento de esta publicación no se produjo la comunicación.

En tanto, Brayan Rosa Rodríguez, consultor de EA, compartió unas seis recomendaciones puntuales para que el gobierno evalúe adecuadamente el impacto del gasto tributario, entre ellas, que Hacienda publique el informe en marzo de cada año para que sea parte del proceso de evaluación presupuestaria.

Propuso, además, que se establezcan mecanismos de revisión periódica, que se definan objetivos, métricas y tiempo de evaluación, y que se retome la evaluación del retorno sobre la inversión por parte del DDEC.

“Saber cuánto cuesta un gasto tributario, no es suficiente. La pregunta que nos debemos hacer en Puerto Rico, que aún no se hace de manera sistemática, es si ese costo está justificado, si el incentivo cumple su objetivo y a quién beneficia realmente”, dijo Rosa Rodríguez.

Este diario intentó sin éxito obtener una reacción de parte del Departamento de Hacienda.