El Tribunal Supremo de Puerto Rico volvió a declarar nulo el Reglamento Conjunto de Permisos de 2020, lo que representa un revés para la Junta de Planificación (JP) y para el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) que insistían en que dicho reglamento era válido.

Este era el único caso que estaba pendiente en el alto foro sobre la validez del Reglamento Conjunto 2020.

La decisión fue emitida ayer martes, 14 de marzo de forma unánime, con la excepción de la jueza Charneco, quien no intervino. La misma pone ahora en duda el otorgamiento de miles de permisos que se han aprobado en la isla utilizando como base este reglamento.

De hecho, la propia JP y el DDEC le indicaron al tribunal que se han autorizado 200,000 trámites desde el 2 de enero de 2021, y todos amparados en el reglamento que el Supremo ha determinado por segunda ocasión que es nulo.

El caso del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico y Para la Naturaleza Inc., la entidad que había impugnado dicho reglamento quedaba pendiente. Los tribunales de menor jerarquía le habían dado la razón.

Pero al llegar el caso al Supremo, la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) alegó que debía ser parte del caso, y que nunca se le incluyó. Esa era la parte que quedaba por resolver.

“Establecemos que, a tono con el derecho vigente, cuando se impugne de su faz la referida regulación, la única agencia administrativa que debe figurar como parte recurrida en ese procedimiento es la Junta de Planificación de Puerto Rico”, lee parte de la decisión.

Y es que es la JP la que prepara y redacta el Reglamento Conjunto de Permisos. La OGPe solo aprueba los permisos, según el reglamento vigente.

Le corresponderá ahora a la JP determinar cuál es el reglamento de permisos que está vigente en Puerto Rico. Como se sabe, la agencia ya había comenzado el proceso de redactar uno nuevo y en días recientes culminó el proceso de consultas.

Fuentes de este diario, que prefirieron no se les identificara, indicaron que tras la decisión del Tribunal Supremo, es probable que cualquier persona o entidad que no se sintió cómodo con un permiso otorgado, acuda al tribunal a impugnarlo. En esos casos, los tribunales no podrán hacer otra cosa que impugar el permiso porque el reglamento bajo el que se concedió era nulo.

“Es posible que no se cuestione el 99.9% de los permisos otorgados. Pero hay otros que han sido eje de controversias, que probablemente lleguen al tribunal”, dijo una de las fuentes.

Entre esos proyectos mencionó la construcción de The Cliff en Aguadilla y la del hospital de Veteranos, que irá frente al Centro Judicial de Hato Rey.