La jueza de distrito federal Laura Taylor Swain acogió una moción del abogado Rolando Emmanuelli que busca aplazar la fecha límite de reclamaciones de gastos administrativos contra el gobierno central ante la posibilidad de que cientos o miles de individuos o entidades en Puerto Rico pierdan para siempre la oportunidad de reclamar daños como resultado de la reestructuración de la deuda.

La jueza a cargo de los Casos de Título III concedió hasta el próximo 27 de junio para que otros interesados puedan expresarse o de lo contrario, acoger la moción ante su consideración, o fijar una vista para dirimir el recurso.

La decisión de Swain se produjo luego de que el pasado lunes, justo en la fecha límite establecida en el Plan de Ajuste del gobierno central (PDA), Emmanuelli presentara una moción urgente, en nombre de Ivelisse Calderón-Alibrán and Carlos Torres Viada, quienes aguardan porque sus respectivas demandas contra el gobierno tengan su día en corte.

La demanda de Calderón-Alibrán y Torres Viada son dos de posiblemente cientos de litigios radicados por ciudadanos y empresas que quedaron en un limbo como resultado del proceso de quiebra del gobierno puertorriqueño y ahora, luego del PDA, podrían quedarse sin justicia.

Calderón-Alibrán demandó al gobierno en el foro federal el 5 de abril de 2021 por discrimen racial en su lugar de empleo. Mientras, Torres Viada radicó una reclamación de daños por violación a sus derechos civiles en el foro estatal en octubre de 2020.

Desde la perspectiva del gobierno, tras la entrada en vigor del PDA del gobierno central el pasado 15 de marzo, existe un interdicto “permanente” que impide que el estado sea demandado como resultado de la reestructuración de sus deudas bajo Promesa.

Según el Departamento de Justicia, a raíz del interdicto “permanente”, quien entendiera que tenía una acreencia contra el gobierno por gastos administrativos tenía hasta el pasado 13 de junio para presentar una reclamación en el tribunal de Título III o perdería para siempre la oportunidad reclamar al gobierno.

La postura del Departamento de Justicia en este tema fue reseñada por El Nuevo Día el pasado 29 de mayo.

En ese momento, este diario preguntó a Justicia cómo un PDA podría suponer una paralización “permanente” de los litigios contra el estado posterior a su fecha de efectividad y si ello no supondría un menoscabo a los derechos de individuos o entidades que puedan ser afectados por el estado. El Departamento de Justicia nunca contestó el pedido de información. El PDA tiene una vigencia mínima de 20 años.

Emmanuelli solicitó a Swain que la fecha límite para reclamaciones administrativas relacionadas al PDA del gobierno central se aplace por 120 días.

Luego de que el gobierno se acogió al Título III de Promesa en mayo de 2017, miles de litigios en el foro estatal y también a nivel federal quedaron en suspenso, pues el proceso de bancarrota tuvo el efecto de detenerlos hasta que el tribunal que preside Swain levantara la suspensión automátiva o se confirmara el PDA. En un proceso de quiebra, esos litigios –al igual que las acreencias- se dividen en dos grupos: aquellos radicados antes de la petición de quiebra (pre-petition, en inglés) y los pleitos radicados después de la solicitud de bancarrota (post-petition).

En el PDA del gobierno central, se determinó que los litigios antes de la petición, se atenderían como reclamaciones no aseguradas y de estar resueltos, es decir con una sentencia dictada, estas se pagarían dependiendo de un monto negociado o pre-establecido.

Sin embargo, no queda claro cuánto más podría adeudar el gobierno en litigios radicados que todavía no se han resuelto ni qué sucedería con casos como los de Calderón-Alibrán y Torres Viada, una vez el PDA entró en vigor el pasado 15 de marzo.

“Debe notarse que el aviso de la fecha de efectividad (del PDA) no contiene ninguna información acerca del efecto del (PDA) en los litigios en curso y tampoco hay evidencia alguna de que este se publicara o tradujera para el beneficio de las personas interesadas que no eran parte lista maestra (de los casos de Título III)”, reza la moción urgente de Emmanuelli en la que busca subsanarse lo que sería “una crasa violación” al debido proceso de ley.

“Bajo la Constitución de Puerto Rico, como también bajo la Constitución de Estados Unidos, nadie puede ser privado de su propiedad sin un debido proceso”, agrega la moción de Emmanuelli en la que se señala que no dar a las personas o entidades la oportunidad de un debido proceso de ley, como resultado de la interpretación dada al PDA, sería inconstitucional.

Unos $53 millones en demandas pendientes

Según el presupuesto recomendado para el año fiscal 2022-23, el gobierno ha identificado unas 315 demandas con reclamaciones contingentes y sentencias finales. La amplia mayoría de estos litigios, según un informe de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), los demandantes tienen una sentencia a su favor.

Muchas de las demandas corresponden a servidores públicos que reclamaron ajustes salariales, casos de negligencia contra estudiantes en el Departamento de Educación y demandas millonarias por parte de empresarios y suplidores del gobierno contra agencias como el Departamento de la Vivienda y el Departamento de Salud.

En total, según el informe de OGP, estos litigios representan unos $50.1 millones en pagos y otros $3.1 millones en intereses.

Pero esas cifras no incluyen los litigios contra el gobierno o sus entidades que no se han resuelto y sin una sentencia establecida, entonces un demandante no tendría una acción de cobro específica que pudiera reclamar en el proceso de Título III.

Sin datos acerca de los litigios pendientes

El Nuevo Día solicitó a la Rama Judicial conocer cuántos litigios se habían radicado contra el estado desde el 2017, por agencias o causa de acción. En lugar de informar alguna cantidad, la Oficina de Prensa sugirió a esta periodista entrar al sistema de consulta de casos conocido como Sumac y buscar ahí “por caso” o “por partes” y causa de acción.

Solo una búsqueda en la región de San Juan en la que se utilizó al “Estado Libre Asociado” (ELA) como parte arrojó al menos 80 litigios. Sin embargo, la búsqueda no permite distinguir si el ELA es demandante o demandado, a menos que se acceda a cada disputa y cuando se hace la misma consulta para todas las regiones judiciales, el sistema solo muestra litigios radicados en los pasados tres años, es decir hasta el 2019.

La Rama Judicial cuenta 13 regiones y las causas de acción rondan decenas. El ELA, a su vez, está integrado por sobre un centenar de agencias y corporaciones públicas.

En otro ejemplo, una búsqueda en las regiones de San Juan, Carolina, Fajardo y Humacao, utilizando como parámetros el 2 de mayo de 2017 y el 13 de junio 2022 y el Estado Libre Asociado o la Policía de Puerto Rico como parte no reflejó ninguna radicación de acción por derechos civiles.

La demanda de Torres Viada se radicó el 1 de octubre de 2020 en el Tribunal Superior de San Juan. En la herramienta de Consulta de Casos, la demanda de Torres Viada indica “acometimiento o agresión, daños, sentencia declaratoria, violación de derechos civiles” en el asunto. Pero la demanda solo se encuentra al incluir los apellidos del demandante o entre las demandas contra el ELA.

Empero, cuando el litigio se busca por región judicial con iguales parámetros, “la búsqueda no encontró resultados”. Además, el sistema no permite buscar litigios por causa de acción a menos que se seleccione una región judicial y se especifique si se trata de un expediente civil o criminal.