La jueza de distrito federal Laura Taylor Swain extendió por otros seis meses, la ventana que tienen la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), los bonistas y otros acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para llegar a un entendido que ponga fin a la quiebra de la corporación pública.

En paralelo, la jueza podría decidir en cuestión de días si convocará a un juicio expedito para determinar el valor del colateral de los bonistas de la AEE a juzgar por un nuevo reporte de la JSF.

Swain extendió el nombramiento de Shelley C. Chapman como líder del Equipo de Mediación mientras dejó en el tintero, otra vez, la moción de los bonistas de la AEE –encabezados por GoldenTree Asset Management y Assured Guaranty- que busca levantar la suspensión automática de litigios contra la AEE. Esto, para dar paso a diversos remedios judiciales, desde considerar la designación de un síndico, restringir el uso de fondos que se alega son el colateral de los bonistas e incluso, desestimar el caso.

Aunque la orden más reciente de Swain mantenía el proceso de mediación activo hasta finales de este mes, el nombramiento de Chapman terminaba el miércoles, 1 de abril.

Con la nueva orden, la exjueza y socia del bufete Wilkie Farr & Gallagher se mantiene a la cabeza del proceso de negociación requerido por Swain hasta el próximo 1 de octubre. En el proceso, el juez Brendan L. Shannon también funge como mediador y Wilkie Farr & Gallagher continúa como asesor especial de los mediadores.

La decisión de Swain se produjo a instancias de la JSF, con el aval de todas las partes con interés en el caso de Título III de la AEE, incluyendo el Sistema de Retiro de la AEE (SRAEE), los prestamistas de líneas de crédito para la compra de combustible y el gobierno.

El pasado 18 de marzo, durante la audiencia general del proceso de quiebra de Puerto Rico, Swain instó al ente fiscal y sus contrapartes a “aprovechar el momento”. En esa audiencia, a diferencia de otras, Swain dijo que quería “ver resultados” de cara a la audiencia del mes de mayo e instó a las partes a buscar –en un plazo aproximado de 60 días- una solución definitiva a un proceso judicial que ya marca 9 años y que no da visos de resolverse sin que se produzcan nuevos litigios.

Por un lado, tal como lo anticipó la jueza Swain, los bonistas organizados de la AEE recurrieron nuevamente al Primer Circuito de Apelaciones. Esta semana, el asegurador Assured Guaranty habría completado el envío del expediente del caso a Boston.

El objetivo de los bonistas es que el foro apelativo federal revierta el fallo más reciente de la jueza en torno a la reclamación administrativa que presentaron los bonistas. A grandes rasgos, los bonistas alegaban que aparte del pago total de la deuda pública de la AEE (estimado en unos $8,300 millones sin considerar intereses), estos también poseen una reclamación de unos $3,700 millones correspondiente a recursos utilizados por la corporación pública luego de que se invocó el Título III de la ley federal Promesa.

Swain concluyó lo opuesto. La jueza determinó que la acreencia de los bonistas descansa en la Escri­tura de Deuda de la AEE de 1974, es decir, previo al proceso de quiebra de la corporación pública. Por ende, luego de que la corporación pública invocó el Título III, los bonistas no habrían incurrido en ningún gasto y tampoco habrían aportado dinero a la AEE que amerite –dentro del proceso de quiebra- una prioridad de pago en relación a otros acreedores.

Por el otro lado, la JSF ha solicitado a Swain que celebre un juicio expedito para determinar cuánto realmente la AEE adeuda por concepto de bonos y establecer una cifra para reestructurar las obligaciones de la empresa estatal eléctrica.

“Proceder con la valoración del colateral de los bonistas es el camino más eficiente para continuar adelante”, reza el informe que la JSF presentó a pedidos de la jueza.

Cuando a mediados de 2024 el Primer Circuito de Apelaciones determinó que los bonistas tenían una acreencia asegurada contra los ingresos netos de la AEE, el foro judicial también determinó que el valor de esa acreencia sería establecido por Swain como parte del proceso de confirmación del Plan de Ajuste de la AEE (PDA-AEE).

“Después de haber invertido recursos en el pasado año en la fallida moción de gasto administrativo, las partes deben continuar adelante de la forma más eficiente posible”, agregó la JSF, al subrayar que ahora, los bonistas solo poseen una reclamación contra la empresa eléctrica.

Según la JSF, el proceso de descubrimiento de prueba del juicio de valoración de colateral será más factible, pues la información que se necesita para determinar cuánto se adeuda a los bonistas ya se ha hecho pública a través de dos procesos en el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR). El regulador debe establecer la nueva tarifa de energía eléctrica el próximo 16 de abril y tiene en agenda aprobar un nuevo Plan Integrado de Recursos (PIR) para la empresa eléctrica estatal.

El planteamiento recibió el endoso del Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) y aquel de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).

La dependencia gubernamental, empero, solicitó a Swain que si se lleva a cabo el juicio, este sea breve y “limitado” por el impacto monetario que representaría en las precarias finanzas de la AEE.

En su propuesta, la JSF sugiere a Swain comenzar con el proceso tan pronto como este mes y luego de un proceso de descubrimiento de prueba, deposición de testigos e informes periciales, el juicio de valoración de colateral se llevaría a cabo a finales de julio.

Sin embargo, en el mismo reporte, los bonistas organizados de la AEE se oponen tajantemente al camino trazado por la JSF.

De acuerdo con la declaración de los bonistas, la JSF “no tiene incentivos” para resolver la quiebra de la AEE porque la empresa eléctrica estatal no ha pagado un solo centavo en 9 años.

“De conformidad con las determinaciones del tribunal hasta la fecha, (la AEE) puede continuar utilizando el colateral en efectivo de los bonistas sin consecuencia alguna”, reza el reporte.

Según los bonistas, a pesar del fallo del Primer Circuito de Apelaciones, que incluye la reinstalación de una reclamación “contable” contra la AEE, su interés propietario continúa siendo lacerado.

“La (JSF) sostiene que no existen ingresos netos, pero la AEE mantiene aproximadamente $1,000 millones en una cuenta bancaria y se seguirán generando y recibiendo más ingresos en el futuro", alegaron los bonistas.

“La AEE continúa apropiándose del colateral de los bonistas con total impunidad y sin contar con protección adecuada formal”, reza el reporte en el que se agrega que con la reciente decisión de Swain, los bonistas continúan recibiendo un daño “irreparable”.

Por ello, los bonistas presentaron un calendario para dirimir sus diversos reclamos en un plazo aproximado de cuatro meses.

En ese período, los bonistas esperan determinar si deben contabilizarse los ingresos netos de la AEE desde el comienzo del Título III, y si debe levantarse la suspensión automática de litigios para atender diversos recursos incoados por los bonistas desde agosto de 2017, o incluso, desestimarse el caso. Todo ello antes de que el tribunal decida cuánto la AEE les adeuda.