A solo horas de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejara inoperante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) al destituir a cinco de sus directivos, la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain ha puesto un detente en el proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

La jueza que ha presidido los casos de Título III de Puerto Rico por espacio de ocho años dejó en suspenso ciertas fechas límites establecidas por el tribunal luego de que los bonistas objetores de la AEE cuestionaran la paga que reciben ciertos consultores del organismo que controla las finanzas del gobierno puertorriqueño.

Los bonistas objetores encabezados por GoldenTree Asset Management y otros han puesto en duda los gastos que reclaman consultores como McKinsey & Co. y Ernst & Young. Alegan, entre otras cosas, que los consultores han cobrado cientos de millones de dólares, inversión que ha se habría tirado por la borda porque la inteligencia provista por los consultores a la JSF solo ha servido para dilatar cualquier posibilidad de acuerdo en el proceso de reorganización financiera de la empresa eléctrica estatal.

En una escueta orden, Swain informó que a la luz de reportes recientes relacionados “a la composición de la JSF”, quedaron sin efecto las fechas límite establecidas en la audiencia general celebrada en julio pasado para que las partes intercambien argumentos.

Más temprano este año y ante la falta de un acuerdo que ponga fin al proceso de quiebra, los bonistas objetores de la AEE informaron a Swain que fiscalizarían los honorarios facturados por los asesores de la JSF.

La controversia se atiende en un procedimiento judicial paralelo al proceso de mediación ordenado por Swain y que lidera la exjueza Shelley C. Chapman. Ello, con el fin de que la JSF y los bonistas objetores lleguen a un entendido.

Hasta ahora, la JSF ha logrado acuerdos con un grupo de bonistas encabezado por el inversionista institucional BlackRock Financial Management, así como con Cortland Capital Market Services LLC y Sola LTD, las firmas que administran las líneas de crédito para la compra de combustible de la AEE, también identificadas en el proceso de Título III como fuel lenders. Tales acuerdos, sin embargo, no representan la mayoría de las acreencias de la AEE, un factor que se considera clave para que la jueza Swain confirme un Plan de Ajuste para la corporación pública (PDA-AEE).

De acuerdo con la orden emitida este viernes, Swain dejó sin efecto el plazo que vencía el próximo 18 de agosto y que requería presentar argumentos entre las partes y aquel que vencía el próximo 25 de agosto para presentar un informe al tribunal.

En su lugar, Swain pidió a la JSF un informe acerca del efecto que tendría, si alguno, la decisión presidencial.

El pasado 4 de agosto, Trump destituyó a cinco miembros de la JSF, entre ellos, al presidente del organismo y exjuez Arthur J. Gonzalez, así como al directivo residente en Puerto Rico y expresidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Cameron McKenzie. También destituyó a la educadora Betty A. Rosa y a los financieros Juan A. Sabater y Luis A. Ubiñas.

El juez González sucedió en la presidencia de la JSF al experto en Derecho de Bancarrota, David A. Skeel, y ambos ayudaron a delinear la estrategia legal del organismo en los casos de Título III en conjunto con el despacho legal Proskauer Rose LP.

Skeel criticó severamente la decisión de Trump y se mostró esperanzado en que desde su estrado, la jueza Swain aporte el balance judicial necesario en el proceso de quiebra de la AEE.

En enero pasado, justo después de la juramentación de Trump, una fuente de El Nuevo Día aseguró que la Casa Blanca desarticularía el organismo que ha tenido a su cargo poner orden en las finanzas públicas del territorio estadounidense. Este diario, sin embargo, no pudo confirmar la información por fuentes adicionales.

Según las fuentes, la Casa Blanca de Trump habría optado por desarticular la JSF a pedidos de ciertos bonistas de la AEE y la supuesta negativa de la JSF a pactar un acuerdo con estos.

Luego de prevalecer parcialmente en un proceso apelativo, los bonistas objetores encabezados por GoldenTree Asset Management, Assured Guaranty y otros reclaman el pago de unos $8,500 millones más penalidades e intereses.

Aunque el Primer Circuito de Apelaciones reconoció que la reclamación de los bonistas objetores rondaba $8,500 millones, este no concluyó que la cuantía era definitiva.

Determinó, en su lugar, que la acreencia sería establecida por Swain, y que esta dependería de la capacidad de pago de la AEE, reducida estrictamente a los ingresos netos de la corporación pública.

Es decir, los bonistas cobrarían de la ganancia que pueda quedar en la empresa estatal luego de honrar pagos como la compra de combustible, la nómina de los trabajadores y las pensiones de los jubilados de la AEE. Tal dictamen abrió la puerta para el proceso de fiscalización de honorarios de consultores ahora ante la consideración de Swain.

“Se ordena a la (JSF) presentar un reporte en o antes del 25 de agosto (de 2025) en relación al estatus de su composición y que efecto, si alguno, tendrán los eventos recientes en su participación en los asuntos pendientes en este tribunal”, instruyó Swain.