Tras rechazar las medidas de alivio contributivo para individuos, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) puso en entredicho el efecto fiscal del proyecto de ley que propone imponer un impuesto de 4% a inversionistas residentes bajo la Ley 60-2019, conocida como el Código de Incentivos.

El organismo a cargo de las finanzas públicas de Puerto Rico subrayó que el gobierno no puede asegurar que, de aprobarse el Proyecto de la Cámara (PC) 505, el fisco tendrá un ingreso fijo garantizado para los próximos años fiscales, puesto que no se puede calcular cuánto dinero generará.

“El PC 505, que enmendaría la Ley 60 para imponer un impuesto del 4% a ciertos inversionistas residentes y extender decretos existentes, se proyecta que generen ingresos adicionales; sin embargo, dichos impactos dependen del escenario y no son directamente comparables de manera uniforme para los años fiscales 2026–2028”, señaló la JSF.

En contraste, de acuerdo con un análisis de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), el efecto fiscal de la medida sería un aumento en recaudos al Fondo General aproximado entre $27.8 millones y $60.6 millones en el año fiscal 2027. Mientras que, para el año fiscal 2037, se prevé que la extensión de los decretos vigentes generaría un aumento en recaudos por $270.7 millones.

La crítica se encuentra en la carta que el director ejecutivo de la JSF, Robert F. Mujica, envió el pasado viernes al liderato legislativo. En esa misiva, Mujica documentó el rechazo de la JSF a las enmiendas propuestas al Código de Rentas Internas y que, desde la perspectiva del gobierno, solo son una fase hacia una reforma contributiva.

El PC 505 busca establecer, a partir de este año, una tasa contributiva fija de 4% para los inversionistas residentes, quienes actualmente tributan 0% en la isla. Además, extendería la vigencia de la Ley 60-2019 hasta el 2055. Actualmente, la vigencia del estatuto es hasta el 2036.

De acuerdo con el Sistema Único de Trámite Legislativo, el PC 505 fue aprobado en abril de 2025 por la Cámara de Representantes -46 a favor, tres en contra y cuatro ausentes-, mientras que en el Senado fue aprobado con enmiendas, dos meses después con 23 votos a favor y cinco en contra.

La Cámara baja no concurrió con las enmiendas, por lo que se solicitó a un comité de conferencia.

“Las propuestas contributivas deben evaluarse como parte de reformas coordinadas de impuestos y presupuesto, y a la luz del plan fiscal multianual del gobierno y de la disponibilidad de recursos para cumplir con sus obligaciones”, sostiene la comunicación de la JSF.

En noviembre pasado, líderes del sector privado presentaron una contrapropuesta para enmendar el Código de Incentivos a fin de que quienes interesen un decreto por mudarse a la isla tengan que cumplir, entre otras cosas, con requisitos mínimos de inversión en actividades elegibles.

El trato preferente también aplicaría a residentes de Puerto Rico.

La propuesta sugiere que si el inversionista solo quiere mudarse a la isla y no interesa aportar de su dinero a la economía local pague una tasa de 7% sobre sus ganancias de capital. Mientras, si el beneficiario aporta $1 millón en actividades elegibles, tributaría 6%; si invierte $5 millones, bajaría a 5%; y si invierte $10 millones, pagaría una tasa de 4%.

Asimismo, los actuales beneficiarios podrían tener la oportunidad de extender sus decretos hasta el año 2055, si invierten una vez se apruebe la enmienda.

La JSF reconoció que el deseo de la gobernadora Jenniffer González Colón de una reforma contributiva integral “es bien recibido y alentado”, pero insistió en que debe ir acompañada de una gestión presupuestaria fiscalmente responsable.

“Cualquier medida contributiva o de ingresos que pueda impactar la recaudación del gobierno debe atenderse como parte del proceso presupuestario y debe ser consistente con el plan fiscal, el cual proyecta los ingresos y gastos durante un periodo de cinco años para que el gobierno pueda planificar y determinar sus prioridades de gasto, y que además exige que cualquier medida contributiva sea neutral en ingresos o, de otro modo, fiscalmente responsable a largo plazo”, comunicó la JSF.

Fue precisamente por esta razón que el ente federal rechazó los proyectos de La Fortaleza para conceder alivios contributivos a individuos -PS 912 y su versión en la Cámara baja, el PC 1014. Según la JSF, la propuesta es incompatible con el plan fiscal vigente, entre otras cosas, porque le costarían, al menos, $370 millones al Fondo General, una cuantía para la que no se provee una fuente clara de repago.

“El gobierno ha reconocido públicamente la importancia de identificar las fuentes de financiamiento necesarias para garantizar que los proyectos cumplan con el principio de neutralidad fiscal”, señala la carta con fecha del 30 de enero de 2026.

“La Junta Fiscal ha rechazado de manera consistente los esfuerzos por aprobar legislación contributiva ad hoc que afecte materialmente el presupuesto del Estado Libre Asociado fuera de un proceso presupuestario disciplinado”, continuó.