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12 de agosto de 2025
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Comerciantes de la avenida Isla Verde, en Carolina, se unieron para presentar recursos judiciales contra el municipio, alegando efectos negativos en la imposición del nuevo Código de Orden Público del ayuntamiento.
Los pequeños y medianos comerciantes del sector ofrecieron una conferencia de prensa este lunes en la que se quejaron de que la implementación de este código ha llevado a un “plantón policiaco” desde el pasado 14 de julio, cuando comenzaron a bloquear el acceso vehicular a la avenida Isla Verde.
Alegaron que el bloqueo vehicular es ilegal y atenta contra los derechos constitucionales de los residentes, comerciantes y clientes de Isla Verde. Este bloqueo, indicaron, se ha justificado con el aumento de tráfico a la zona por la residencia de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico.
El recurso legal va contra el municipio, así como contra el gobierno, la Policía estatal y la Policía Municipal de Carolina.
Explicaron que el nuevo código firmado por el alcalde José Aponte busca limitar la venta de alcohol en Isla Verde hasta la medianoche de domingo a jueves y hasta la 1 a.m. los viernes y sábados, así como los domingos que anteceden un lunes feriado.
El Nuevo Día solicitó una reacción del alcalde ante estas denuncias pero al momento no se ha recibido respuesta.
“Este código afecta el comercio de las micro, pequeñas y medianas empresas que operan en el área. Sin embargo, no afectan a las grandes empresas de hoteles de capital transnacional, así como a las grandes empresas nacionales o internacionales de supermercados, farmacias, y gasolineras, que podrán beneficiarse de continuar las ventas de bebidas alcohólicas sin ninguna limitación, siempre que no se consuma alcohol en el lugar. La medida también aumenta las multas para negocios que violen el nuevo horario establecido”, indicaron en comunicado de prensa.
Denunciaron que pidieron una reunión con el alcalde, pero no han recibido respuesta. Pidieron ayuda también a la oficina del Centro Empresarial para pequeños comerciantes que opera el municipio con fondos federales y, dijeron, la respuesta fue que “no es de su jurisdicción”. Afirmaron que, de igual forma, pidieron auxilio a la oficina de prensa del municipio, “para lograr una entrevista con el alcalde, pero tampoco respondieron”.
Farid Saker, dueño del Restaurante Chido’s y uno de los portavoces, alegó que el problema comenzó cuando el municipio decidió cerrar a las 10 p.m. el estacionamiento municipal “alegando que no tenían personal para operar de 10 pm a 6 am”.
Sin estacionamientos, dijo, se descontroló la Avenida Isla Verde, con tapones, “voceteo” y ruidos que calificó como extremos.
“Echarle la culpa a la venta de alcohol de 12 de la medianoche a 6 de la mañana, por el descontrol de la población, por los ruidos, y por que puede acarrear un asunto de seguridad y situaciones que pudieran conducir a cometer crimen, es un absurdo. No existe un solo estudio que relacione el consumo de alcohol en cierto horario, con el crimen”, señaló Saker.
“Las enmiendas al código de orden público vigente violan los derechos constitucionales de los pequeños y medianos comerciantes. Obligarnos a nosotros, y solo a nosotros, a operar en ciertos horarios y que restringe las operaciones en un horario bien competitivo y en donde hay una clientela mucho mayor. Echarnos la culpa por la criminalidad creciente, algo que ocurre en todo el país a diario, es otro absurdo”, aseguró el comerciante.
Insistieron en que el gobierno no puede restringir derechos constitucionales.
“Se nos afecta la dignidad porque la policía nos humilla, nos impide el paso. Nosotros también tenemos el derecho a la libre expresión, el derecho a la libertad de asociación y derechos propietarios de naturaleza económica”, declaró Carlos Carlos W. Lopez Freytes, comerciante del área.
Los comerciantes sugirieron crear una alianza público privada para operar el estacionamiento, alquilarlo, instalar un trolley, poner luminarias y seguridad privada pagada por ellos, entre otras. Afirmaron que el municipio rechazó estas propuestas.
“Por todo lo antes expuesto, y los esfuerzos de resolver esta conducta abusiva y que fueran denegados, los comerciantes se han visto forzados a presentar estos interdictos en defensa de su integridad social y personal”, afirmó el licenciado Daniel Nina, abogado de los comerciantes.
La demanda, radicada en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan pide, entre otras cosas, declarar como inconstitucional el código, establecer como irrazonable el cierre de la avenida y que se imponga el pago de costos de abogado.
Alcalde atribuye el código a aumento de incidentes violentos en Isla Verde
En respuesta a la demanda, el alcalde José Carlos Aponte Dalmau dijo en comunicado de prensa que las enmiendas al código son “una medida de política pública responsable, diseñada para garantizar un balance entre la actividad económica, el turismo y la tranquilidad de las comunidades que conviven en este importante sector residencial y turístico”.
Agregó que la limitación en la hora de vender alcohol responde a “un aumento de incidentes violentos en ese sector”.
“La autoridad legal es clara. El Artículo 3.040 del Código Municipal faculta a los municipios a limitar la venta o consumo de bebidas alcohólicas y los ruidos excesivos, entre otros asuntos, con el propósito de contribuir a una mejor calidad de vida y convivencia pública, para mantener el decoro, la limpieza, el orden, y fomentar la salud, seguridad y tranquilidad de los residentes, comerciantes y visitantes”, dijo.
Según dijo, durante el proceso de vistas públicas previas al código, hubo una mayoría que favoreció los cambios.
De 120 comercios en Isla Verde, informó el municipio, 17 expenden bebidas alcohólicas en el horario enmendado.
“Actualmente la Policía Municipal en coordinación con la Oficina Municipal de Permisos Urbanísticos y el Departamento de Finanzas y Presupuesto Municipal están interviniendo con 21 negocios que están bajo investigación por no tener sus permisos al día”, informaron.
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