Bolsa de valores 12:38 AM
S&P 500
5266.95
-0.74%
·
Dow Jones
38441.54
-1.06%
·
Nasdaq
16920.58
-0.58%
Se adhiere a los criterios de The Trust Project
Crean plataforma para defender los decretos otorgados bajo las antiguas leyes 20 y 22

La entidad denominada Impulso Boricua fue organizada por Luis Balbino Arroyo y Christian Sobrino, exdirector de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal

13 de mayo de 2024 - 4:30 PM

El presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Christian Sobrino.
Entre los organizadores de este grupo están Luis Balbino Arroyo y Christian Sobrino (en la foto), exdirector de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y quien salió del gobierno luego de participar en el polémico chat con el exgobernador Ricardo Rosselló. (tonito.zayas@gfmedia.com)

Luego de que, por meses, surgieran en el país diversos reclamos para hacer cambios a las leyes 20 y 22 de 2012 (ahora parte de la Ley 60 de 2019), una nueva organización ha lanzado una campaña publicitaria para ensalzar los decretos que se otorgan a inversionistas del exterior por mudarse a la isla o exportar sus servicios desde el territorio estadounidense.

Entre los organizadores del grupo figuran el exasesor legislativo Luis Balbino Arroyo y Christian Sobrino, exdirector de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y quien salió del gobierno luego de participar en el polémico chat con el exgobernador Ricardo Rosselló.

Según un comunicado de prensa, se trata de la organización sin fines de lucro “Impulso Boricua”, entidad que tiene una página de internet, así como anuncios en los medios de comunicación masiva.

De acuerdo con el comunicado, la organización busca “educar al público general sobre los incentivos conocidos como Ley 20 y Ley 22 y su impacto positivo para el desarrollo económico de la isla”.

“A través de la página de internet www.impulsoboricua.com, se presentan datos sobre el impacto de las leyes 20 y 22 al año 2022 entre los que se destacan: la creación de más de 62,500 empleos, el recaudo de más de $240 millones anuales en ingresos para el gobierno, y las aportaciones a entidades caritativas que sobrepasan los $15 millones anualmente”, señalaron.

La aportación de los inversionistas acogidos a la antigua Ley 22 de 2012, ahora parte de la Ley 60, ha estado bajo fuego durante el periodo primarista, cuando varios de los aspirantes a puestos electivos proponen cambios a la legislación o al menos extender el beneficio a los inversionistas del patio.

En la capital federal, varios congresistas han puesto el ojo a los decretos otorgados por el gobierno puertorriqueño. A la luz de ciertos grupos en Estados Unidos, la antigua Ley 22 es un incentivo para que los estadounidenses en el continente se muden a Puerto Rico y dejen de pagar impuestos al Servicio de Rentas Internas federal.

En marzo pasado, informó El Nuevo Día, la Oficina de Contraloría General investigaba el tema en Puerto Rico. Asimismo, un informe de la Oficina del Contralor en Puerto Rico detalló que los decretos no cuentan con fiscalización y –en muchas ocasiones– no cumplen con los requisitos mínimos que exige la misma ley.

Han sido varias las controversias que han protagonizado los llamados beneficarios de las leyes 22 y 60 inversionistas en Puerto Rico. Una de las más notables es la sentencia contra el empresario Salil Zavery –quien era entonces beneficiario de estos decretos– por haber disparado a un perro mientras jugaba golf en mayo de 2021.

En un comunicado de prensa, el grupo “Impulso Boricua” aseguró que buscan “desmentir con datos económicos los mitos que promueven grupos anticapitalistas sobre los incentivos y su efectividad. En su plataforma destacan cómo uno de esos mitos -el alegado costo del programa al bolsillo de los puertorriqueños-, contrasta con dos datos fundamentales: que el gobierno no invierte un solo centavo en la otorgación de los incentivos, y que, de no existir estos incentivos, los inversionistas no se hubiesen mudado a Puerto Rico por lo que el impacto de sus inversiones en términos de empleo, ingresos y otros renglones no existiría”.

“Estas leyes son instrumentales para posicionar a Puerto Rico como un lugar atractivo para la inversión privada y con ello, restaurar sectores económicos afectados por la crisis de la pasada década y convertir a la isla en un centro global de exportación de servicios. Aquí, el verdadero incentivo es un mejor Puerto Rico y los datos así lo demuestran”, expresó Balbino Arroyo, quien es uno de los fundadores de la entidad.

Afirmaron que buscarán desmentir datos de que estos decretos provocan desplazamiento a los puertorriqueños, aunque no se ofrecieron detalles acerca de cómo la organización financia sus operaciones.

Un análisis de la organización Espacios Abiertos, basado en el Informe de Gastos Tributarios, establece que este año, las arcas del país dejaron de ingresar unos $23,593 millones a raíz de los decretos e incentivos que se otorgan a través de unas 410 leyes que ofrecen algún tipo de concesión tributaria a miles de personas y empresas.

La entidad “Impulso Boricua” se fundó este año para “promover la creación de empleos y el desarrollo económico de Puerto Rico”.

El año pasado, El Nuevo Día reseñó que sobre una decena de personas que se han mudado a la isla y han recibido los beneficios contributivos producto de la antigua Ley 22 de 2012 han confrontado problemas con la justicia o se han metido en escándalos luego de relocalizarse al territorio estadounidense.

Tags


Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: