Un grupo de inversionistas extranjeros demandó a Liberty Latin America Ltd. y varias de sus filiales, alegando que, al expandir sus operaciones en Puerto Rico mediante la adquisición de AT&T, la compañía de telecomunicaciones fue irresponsable con los fondos y supuestamente utilizó las operaciones en la isla para garantizar sueldos y bonos sustanciosos para sus ejecutivos, particularmente en Liberty Latinoamérica.