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Un grupo de dueños y operadores de máquinas de juegos de azar acudió al Tribunal de Primera Instancia de San Juan para solicitar, mediante un recurso de mandamus, que se ordene a la Comisión de Juegos de Puerto Rico activar el trámite de licenciamiento de este tipo de máquinas.
Los demandantes alegan que la agencia se ha negado a recibir y procesar sus solicitudes de licencia, dejando al margen de la industria a muchos pequeños y medianos comerciantes en todo el país.
Según informaron en comunicado de prensa, los operadores de máquinas plantean en el recurso que han intentado someter solicitudes para el reconocimiento como dueños bona fide y obtener sus licencias, pero la Comisión, alegadamente, ha mantenido una “práctica de no recibir, no adjudicar y no notificar determinaciones relacionadas a dichas solicitudes, lo que impide el acceso a un proceso administrativo claro, documentado y verificable”.
Además, el recurso solicita que la Comisión divulgue información pública asociada al licenciamiento y la administración de máquinas en ruta, al amparo de la Ley 141-2019 (Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública), incluyendo datos necesarios para fiscalizar el proceso y conocer el estado real de la otorgación de licencias.
“Este caso se trata de transparencia y de acción. Nuestros representados están solicitando algo básico: que la agencia reciba y tramite las solicitudes conforme a su propio marco legal y reglamentario, y que divulgue información pública indispensable para la rendición de cuentas”, expresó el portavoz y abogado de los operadores, Frank Torres-Viada.
El recurso legal radicado por los operadores de máquinas también plantea que el propio reglamento de la Comisión de Juegos requiere que, de existir deficiencias en una solicitud de licencia, la agencia emita una notificación con los señalamientos correspondientes dentro del término establecido por reglamento. Los operadores alegan que esa obligación no se ha estado cumpliendo, lo que mantiene a solicitantes en incertidumbre y sin ruta de corrección formal.
“Cuando una agencia no recibe solicitudes o no emite determinaciones formales, se afecta el debido proceso y se debilita la fiscalización pública. Por eso, acudimos al tribunal para que se ordene a la Comisión actuar y proveer la información que por ley debe estar disponible”, añadió Torres-Viada.
Los demandantes, operadores con años de experiencia en la industria de máquinas de azar en ruta, recalcaron que su reclamo no es excepcional sino justo. Alegaron que se trata de una acción que busca asegurar un proceso de licenciamiento transparente y ejecutable, con determinaciones claras y datos públicos disponibles, de modo que exista igualdad de acceso, fiscalización efectiva y rendición de cuentas por parte de la Comisión de Juegos.
Por su parte, el director ejecutivo de la Comisión de Juegos, Juan Carlos Santaella Marchán, dijo en declaraciones escritas que “alegar que la Comisión no ha respondido a sus solicitudes es faltarle a la verdad. La información que este grupo alega que no ha sido provista, no solamente es pública, sino que está claramente contenida dentro de la Ley que muy bien ellos conocen”.
Según dijo, la Ley de Máquinas de Juegos de Azar permite 25,000 licencias, mientras que actualmente hay 110 operadores licenciados con un derecho de operar hasta 250 máquinas.
“Al día de hoy, y desde el inicio del proceso en 2021, se han expedido más de 23,000 licencias. Esto significa que el balance disponible es de menos de 2,000 máquinas, como producto del proceso, implantado en función de la ley existente”, expresaron. “Asimismo, la Ley concede a estos operadores licenciados hasta el 14 de enero de 2028 para completar el pago del balance de sus licencias. No es hasta entonces que la Comisión podría considerar la aceptación de nuevas solicitudes de licencias por parte de dueños mayoristas”.
Catalogó la demanda como “una constante por parte de ciertos grupos de dueños de máquinas que operan al margen de la ley, cada vez que inicia un proceso para implantar una ley, reglamento o entra en vigor alguna normativa”.
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