Transcurridos cuatro años desde la aprobación de la Ley 82 de 2019, que regula a los administradores de beneficios de farmacia (PBM por sus siglas en inglés), el gobierno no ha comenzado a fiscalizar a estos intermediarios, lo que continúa encareciendo el sistema de salud en la isla, denunció la Asociación de Farmacias de Comunidad (AFC).