Power Expectations, la empresa que lideraba el consorcio del fallido contrato de energía temporera, negó este viernes haber contratado servicios de cabildeo o relaciones gubernamentales para impulsar el acuerdo.

La empresa sostuvo, en declaraciones escritas, que las alegaciones de intervención de cabildeo en el contrato fueron infundadas por perfiles “con fines disruptivos (trolls)” en redes sociales y periodistas, sin aludir a ningún medio en específico.

“Tales afirmaciones se adicionan a una serie de informaciones falsas que se han difundido tanto en plataformas digitales como en determinados medios de comunicación, sin que se haya realizado la debida verificación de los datos proporcionados por sus alegadas ‘fuentes anónimas’”, leen las expresiones de la empresa.

El Nuevo Día ha intentado en reiteradas ocasiones contactar a Eddie Echevarría, presidente de Power Expectations, para solicitarle una entrevista, pero el ejecutivo se ha negado. Tras recibir la más reciente comunicación de la empresa, este diario hizo un nuevo intento.

Power Expectations hizo referencia a unas declaraciones que hizo bajo juramento ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el pasado 21 de junio, en las que sostuvo que no suscribió contrato alguno con personas naturales o jurídicas para la realización de gestiones de cabildeo o actividades relacionadas con relaciones gubernamentales.

No obstante, la propia Junta Fiscal cuestionó al gobierno si las partes presentaron el formulario estándar requerido en determinadas circunstancias de cabildeo con fondos federales, según una carta fechada el 17 de agosto.

De no haberse presentado ese formulario, la JSF pidió además explicar sobre qué base se realizó la certificación anti-cabildeo incluida en el contrato.

El proceso de contratación, que hubiera puesto a disposición de Power Expectations, Enchanted Rock y Reyes Contractor Group un acuerdo valorado en $5,887 millones para el suplido de 400 megavatios de energía, inició a principios del pasado año y fue encomendado a la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO, en inglés), a cargo del abogado Osvaldo Carlo Linares.

En el transcurso se realizaron unos cambios en los términos de la contratación, por lo que se tuvo que cancelar la primera licitación para iniciar una nueva, de la cual resultaron seleccionadas finalmente Power Expectations, Enchanted Rock y Reyes Contractor Group.

Sin embargo, en un informe que la 3PPO le hubiera enviado a la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP) -dirigida por el zar de Energía, Josué Colón- se advertían decenas de potenciales deficiencias de estas compañías, según el documento en poder de El Nuevo Día.

A pesar de las advertencias se continuó con las negociaciones y el contrato se firmó el 10 de junio pasado.

A esto se le sumó que, previo a la firma del contrato, la matriz de Enchanted Rock, ERock, había notificado que no participaría del negocio y, según una carta de la JSF, Power Expectations había intimidado e intentado extorsionar a ERock para que firmara el acuerdo multimillonario en Puerto Rico.

Además, ERock emitió varios mensajes y correos electrónicos a Colón antes de que se firmara el contrato indicando, a través del abogado del bufete O’Neil & Borges, Javier Vázquez, que se había incluido erróneamente a Enchanted Rock en el acuerdo.

Un mensaje de texto al que El Nuevo Día tuvo acceso confirmaría que Colón habría instruido a su asesor legal, Juan González Galarza, que se asegurara que se firmara el contrato. Unos 15 minutos después se firmó el acuerdo.

Además, este diario supo que la entonces directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Mary Carmen Zapata Acosta, se habría negado ese mismo día en la mañana a firmar el contrato virtualmente. Zapata Acosta renunció con efectividad el pasado 4 de septiembre.

La AEE canceló el contrato el pasado 18 de agosto, después de que la JSF retirara su aprobación del acuerdo. En la comunicación de terminación, Zapata Acosta señaló, además, que el consorcio no había pagado la fianza requerida dentro del plazo establecido.

Como respuesta, Power Expectations demandó a la AEE ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico para revertir la terminación del contrato y evitar que inicie un nuevo proceso competitivo para la compraventa de generación de energía temporera.

Tras múltiples referidos, el caso está siendo investigado por las autoridades estatales, legislativas y federales.

Por su parte, Power Expectations rechazó las alegaciones de fraude e irregularidades relacionadas con el contrato de generación temporera y asegura que el proceso de competencia fue supuestamente transparente y bien documentado.

“Se aclara que durante el proceso de competencia y negociación contractual, que se ha extendido por un período superior a un año, ninguna persona ajena a la empresa ha sostenido reuniones con funcionarios públicos en representación de Power Expectations”, subrayó la empresa este viernes.