El exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) Alberto Bacó confirmó hoy que la Ley 22- ahora parte de la Ley 60 del Código de Incentivos- no provee las garras necesarias para revocar el decreto en caso de que un beneficiario se vea involucrado en la omisión de algún delito grave.